La jueza rechaza secuestrar los Supercopa Files como pedía Rubiales: "Apuntan a hechos de dudosa legalidad"
El juzgado de Pozuelo defiende las informaciones de El Confidencial porque afectan a una institución pública y tacha de "especulaciones" las denuncias de la RFEF, que apunta a un ataque con Pegasus
El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Pozuelo de Alarcón ha rechazado de plano la petición del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de secuestrar las informaciones de El Confidencial que han puesto de relieve las múltiples irregularidades de su gestión. La magistrada sostiene en su auto que la información "es de interés general", que afecta a "una institución pública" y que en ella se apuntan "hechos de dudosa legalidad". Afirma que no hay indicios de que el periódico o sus redactores participasen en ninguna sustracción de datos y tacha de especulaciones las tesis del 'hackeo' como origen de la información.
La RFEF, Rubiales y su mano derecha, el secretario general, Andreu Camps, pidieron este lunes al juzgado que secuestrase toda la información publicada por este periódico en el marco de la investigación de los Supercopa Files, un alud de documentación que compromete a los responsables de la institución. Solicitaron silenciar al periódico durante 12 meses como medida cautelar en el marco de la querella presentada contra los periodistas y el medio de comunicación.
Argumentaron el "riesgo de perpetuar un daño irreparable" si no se impedía la difusión de estas revelaciones, que por el momento han puesto de manifiesto las negociaciones entre Rubiales y Gerard Piqué para que el central del Barça se embolsara 24 millones por venderle a Arabia Saudí la Supercopa de España o el cobro de un suplemento de sueldo por un piso de lujo en el centro de Madrid que no le correspondía, al estar ya censado en la capital. Mensajes en los que la RFEF admitía internamente haber adulterado la competición en la Segunda División, un viaje de placer a Nueva York con fondos de la Federación, el espionaje al líder del sindicato de futbolistas o la grabación a cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, la jueza defiende que las revelaciones "afectan a personas con cargos públicos, Rubiales, o con notoriedad, como Piqué, y a una institución pública como es la RFEF, sin que se entienda que se han publicado datos o información de tipo personal o familiar de carácter íntimo". Sostiene que se trata de "información relacionada con el ejercicio de los cargos de las personas a quienes la información afecta, apuntando a hechos de dudosa legalidad, como el cobro de comisiones, pago de viajes de placer con fondos de la RFEF, patrocinios encubiertos, etc.".
Concluye, por tanto, que "la difusión o publicación de noticias de relevancia pública en relación con hechos noticiables se encontraría amparada por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información". Cuestiona las acusaciones de Rubiales y de la RFEF de "que la información se ha obtenido de forma ilícita, cuando lo cierto, como se ha expuesto anteriormente, es que no existe indicio alguno de ello". Les advierte de que su petición de secuestrar las noticias que les afectan "se opone frontalmente al derecho a la libertad de información y de prensa".
Rubiales afirmó en la vista celebrada el pasado lunes que desde que en mayo de 2018 resultó ganador en las elecciones a la presidencia de la RFEF, su teléfono móvil ha sido objeto de varios ciberataques o intentos de ello, con el único fin de conseguir apoderarse de datos privados y reservados para posteriormente difundirlos. Junto a la querella, presentó un informe pericial según el cual, en julio de 2020, se realizó la instalación de un 'software' de gestión de dispositivos con el fin de extraer la información contenida en los archivos de la carpeta Telegram, álbum de fotos y vídeos y bases de datos de WhatsApp.
Añade que dicha instalación se realizó desde una dirección IP geolocalizada en Rusia. En la querella, se apunta también a la posibilidad de que los querellantes hayan sido víctimas de la instalación del 'spyware' Pegasus. La jueza responde que esto "no deja de ser más que una hipótesis que no aparece respaldada o apoyada en dato alguno, es más, en otros puntos de la querella se habla de la posibilidad de que tal acceso ilícito a datos de los querellantes podría provenir de la Liga de Fútbol Profesional".
En su intento de relacionar las informaciones de El Confidencial con la guerra personal que Rubiales libra contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, la RFEF ha pedido que se aporten los detalles sobre la publicidad de LaLiga en el periódico. El auto también considera que esta relación no cuenta con "soporte indiciario alguno, más allá de las meras especulaciones, al igual que cuando se apunta a la utilización de Pegasus para la obtención de la información de los terminales y ordenadores de los querellantes".
"Parecen obviar los querellantes —sentencia la jueza— que la información publicada puede no tener su origen directo ni indirecto en los referidos hechos delictivos y denunciados, sino en alguna filtración por parte de algún interviniente en las conversaciones difundidas, pues tampoco se aclara si esas comunicaciones tuvieron lugar o se desarrollaron de forma bidireccional o en un grupo de Telegram o WhatsApp, algo perfectamente posible".
El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Pozuelo de Alarcón ha rechazado de plano la petición del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de secuestrar las informaciones de El Confidencial que han puesto de relieve las múltiples irregularidades de su gestión. La magistrada sostiene en su auto que la información "es de interés general", que afecta a "una institución pública" y que en ella se apuntan "hechos de dudosa legalidad". Afirma que no hay indicios de que el periódico o sus redactores participasen en ninguna sustracción de datos y tacha de especulaciones las tesis del 'hackeo' como origen de la información.
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