El Gobierno diseña ahora un desalojo exprés de Rubiales para detonar su remota vía de escape

El Gobierno ha diseñado una vía exprés para desalojar a Luis Rubiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Según fuentes gubernamentales, los planes de Moncloa pasan por echarle la semana que viene, dentro de un plazo mínimo de 72 horas, a contar desde la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Arranca así un proceso rápido y directo que el Ejecutivo siempre tuvo en su mano, pero que ha aplicado ahora, solo tras la decisión del máximo mandatario del fútbol español de atrincherarse en el cargo tras un mandato plagado de escándalos y sospechas de corrupción.

El Consejo Superior de Deportes ha movido ficha casi una semana después de cederle la iniciativa a la Federación, confiando en una sanción interna que se ha demostrado imposible bajo el férreo control que Rubiales ejerce sobre la institución. No en vano, la misión de fijar un posible castigo en virtud del protocolo de violencia sexual de la RFEF recaía sobre la mano derecha del presidente, el secretario general, Andreu Camps. Cuando El Confidencial sacó a la luz los escándalos relacionados con los Supercopa Files, en el seno del Gobierno prefirieron dejar la respuesta en manos de los tribunales ordinarios. Ahora, más de un año después, el Gobierno mueve ficha y acudirá al TAD tras el clamor social contra Rubiales a cuenta del machismo escenificado en el beso que le propinó a la futbolista Jennifer Hermoso.

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Con todo, a Rubiales le asiste una remota vía de escape que pasa por que un juez abra una causa penal por los mismos hechos que le imputa el Consejo Superior de Deportes. La Abogacía del Estado --que depende del Gobierno-- elaboró hace meses un informe a petición del CSD, según el cual, sostiene que si se produce ese escenario, el proceso sancionador para inhabilitarle por vía administrativa tiene que detenerse y dar prioridad a los tribunales de justicia. En un escrito de 16 folios al que ha tenido acceso este periódico, la Abogacía del Estado sostiene que es “una consecuencia lógica” del principio non bis in idem que impide que nadie sea juzgado dos veces por los mismos hechos.

Esa fue la excusa que usó el Gobierno para dar carpetazo definitivo el 8 de julio de 2022 a las denuncias contra Rubiales por sus negocios secretos con Piqué, el espionaje a rivales, las grabaciones a ministros y el uso de fondos de la Federación para pagar sus viviendas de lujo, entre otras presuntas irregularidades. Estos hechos se investigan desde junio de 2022 en un Juzgado de Majadahonda.

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Según la documentación en poder de El Confidencial, el CSD tardó un mes y medio en abrir unas investigaciones previas relacionadas con el caso de los Supercopa Files. Esta vez han sido unos días lo que acredita que estuvo en su mano haber actuado contra Rubiales en su momento y no lo hizo. Este viernes, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, Víctor Francos, compareció en Tarragona ante los medios. Explicó que si Rubiales está todavía en su puesto es porque no quieren cometer errores que le puedan servir para revocar su suspensión ante los tribunales. Todas las decisiones de la Administración son recurribles en la vía contencioso-administrativa, como fue el caso el cese ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos, que tuvo que ser restituido en su puesto. "No queremos que haya subterfugios", dijo Francos. Desde Sumar ya le piden a su socio que sean más contundente aplicando el artículo 62.2 de la Ley del Deporte que habilita al CSD a suspender cautelarmente la presidencia del señor Rubiales sin esperar siquiera al TAD.

El precedente de Villar

Lo que pretende hacer el Gobierno con Rubiales es algo parecido a lo que realizó el Ejecutivo del PP con Ángel María Villar tras 29 años en el cargo. Villar fue detenido en 2017 por la Guardia Civil en el marco de una investigación sobre corrupción e ingresó en prisión preventiva. La Comisión Directiva del CSD le suspendió cautelarmente de su cargo a los pocos días apelando a los estatutos de la propia RFEF. Aquella suspensión, adoptada por unanimidad, se decidió un día después de que el TAD le abriese un expediente. Villar ya nunca más volvió al cargo a pesar de que recurrió su cese en la justicia ordinaria.

El artículo que se usó con Villar, el 31.7, sigue vigente en los estatutos. Dice que "en supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el presidente será sustituido". No parece aplicable a la situación en la que se encuentra Rubiales, quien no ha sido detenido ni padece una enfermedad grave que le impida ejercer. En esta ocasión, el CSD eleva una denuncia ante el TAD para que le abra un expediente por una falta muy grave que concluya con una futura inhabilitación.

En el último año, el CSD ha recibido múltiples denuncias para que las elevase al TAD, pero las guardó en un cajón

En el último año, el CSD ha recibido múltiples denuncias para que las elevase al TAD, pero las guardó en un cajón. Ahora es el propio organismo gubernamental el que actúa de oficio sin atender tampoco los escritos de denunciantes remitidos esta semana. El TAD es la máxima instancia administrativa del deporte, un organismo independiente pero dentro de la estructura del CSD. Lo integran siete juristas que Rubiales considera contrarios a sus intereses. En conversaciones a las que tuvo acceso este periódico, les acusaba de estar "todos vendidos". "El TAD es un puto desastre", le espetó a la exsecretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en 2020.

El TAD se reúne habitualmente los jueves, pero Víctor Francos ha pedido a sus miembros que hagan una excepción y esta vez adelanten su cita al lunes para estudiar la denuncia del CSD cuanto antes. Si los juristas consideran que hay indicios, al menos para abrir un expediente por una falta muy grave, Francos ya puede convocar a la Comisión Directiva para suspender cautelarmente a Rubiales y sacarle de la Federación como hicieron con Villar. Esa reunión de la comisión hay que convocarla con 48 horas de antelación porque algunos de sus miembros no residen en Madrid.

El proceso de inhabilitación continuaría en el TAD, pero ya con Rubiales apeado de la presidencia de la RFEF. Las fuentes consultadas advierten que los siete juristas no tienen la obligación de tomar una decisión sobre si abren un expediente el mismo día, pero se les ha pedido diligencia a la hora de analizar la documentación.

El Gobierno está obligado a agilizar los tiempos si quiere apartar a Rubiales, porque la existencia de una causa judicial paraliza el proceso sancionador administrativo. Eso es poco probable atendiendo a los tiempos que maneja el Ejecutivo, pero este viernes la Fiscalía de Madrid ya ha dado el primer paso para poder investigar a Rubiales por un presunto caso de agresión sexual derivada del beso que le propinó a la jugadora Jennifer Hermoso. El Ministerio Público ha abierto un expediente y lo ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es el órgano competente dado que se trata de un presunto delito cometido por un español en el extranjero.

El Ministerio Público tendrá que decidir ahora si la admite a trámite y culmina con una judicialización del caso o la rechaza ante la falta de indicios. De cara a los tiempos, será clave si el fiscal que asuma el caso decide solicitar pruebas como la propia declaración de Jennifer Hermoso —que ha desmentido a Rubiales— o si de lo contrario cree que con el vídeo del beso es suficiente como para elevar a un Juzgado.

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Es en ese momento, y no otro, cuando se podría paralizar la inhabilitación administrativa. Fuentes jurídicas consultadas informan de que el proceso impulsado por el CSD podría no verse afectado si en la denuncia que eleven al TAD incluyen otros comportamientos durante la última final de mundial al margen del beso. Se refieren, por ejemplo, a su actuación en el palco de autoridades junto a la reina Letizia, donde se llevó la mano a los genitales para celebrar la victoria.

Presunta agresión sexual

Tras la aprobación de la ley del solo sí es sí ya no existe el abuso sexual, que pasó a integrarse dentro de las agresiones sexuales. Con la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, el fiscal puede presentar una querella ante el juzgado sin necesidad de que denuncie la víctima. Existe jurisprudencia que castiga gestos como el de Rubiales cuando se ejerce una fuerza, aunque sea mínima, para asegurar el beso.

"Este tipo de acometimientos, evidentemente, tiene un reproche penal muy poco severo que no justifica un ingreso en prisión (por debajo de dos años de condena), pero que supone un atentado a la autodeterminación de la víctima", afirmó en declaraciones a la Cadena Cope el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés. "No existe el atenuante de euforia", añade este jurista, quien recuerda que el perdón de la víctima no es relevante para evitar que sean coaccionadas. "Si yo le pongo el vídeo del beso a un alumno mío y me dice que no es delito, yo le suspendería", zanjó.

La nueva ley del Deporte aprobada esta legislatura modificó algunas de las competencias del TAD y le restó poder en favor de las propias federaciones deportivas. Pero su articulado recoge que sigue teniendo competencia para castigar infracciones muy graves, como "los actos públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos", "los abusos de autoridad" o "las decisiones que impliquen discriminaciones de las personas deportistas con las que estén vinculadas por una relación laboral". Esto encaja, según los juristas consultados, con el comportamiento que tuvo Rubiales en el palco de autoridades durante la final del Mundial femenino, cuando se llevó la mano a los genitales en presencia de la reina, también en el beso que le propinó a Jennifer Hermoso siendo su superior.