Las hostilidades en el Gobierno por el solo sí es sí alejan un pacto en vivienda antes del 28-M

El efecto pegamento que la moción de censura de Vox tuvo en el Gobierno comienza a desaparecer. La crisis por la reforma de la ley del solo sí es sí vuelve a aflorar coincidiendo con la recta final de su tramitación, mientras que la precampaña del 28-M y el lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz están llevando a Podemos a marcar terreno, intensificando sus diferencias con el PSOE. En este contexto, las negociaciones para sacar adelante el texto de vivienda se hacen más complejas. Las posibilidades de aprobarla antes de las elecciones autonómicas y municipales, como pretenden los socialistas para utilizarla como ariete electoral, se van reduciendo. También para que entre en vigor la regulación de alquileres antes de las generales, pues la norma tiene una vacatio legis que, como máximo, se reduciría a seis meses, según la enmienda ya acordada al inicio de las negociaciones.

Los tiempos parlamentarios dificultan su tramitación cuando solo restan cuatro plenos hasta la celebración de las elecciones locales. Por un lado, las diferencias en la reforma de la ley del solo sí es sí, tras un nuevo choque entre los socios por las enmiendas presentadas este lunes por Unidas Podemos, hacen casi imposible que, de forma paralela, se escenifique un acuerdo en la norma de vivienda. Al menos, antes de la votación de la contrarreforma del proyecto estrella de Igualdad, que previsiblemente irá al pleno del Congreso el próximo jueves 20 de abril y, una semana después, será sometida a votación en el Senado. Por otro lado, desde el PSOE, aunque aducen que su intención es aprobarla "cuanto antes", rechazan que vayan a intentar forzar los tiempos de la negociación activando la comisión para votar el dictamen sin tener cerrado antes un acuerdo, como sí ocurrió con la reforma de la ley mordaza, toda una derrota parlamentaria que generó una crisis específica dentro de Unidas Podemos.

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En los últimos días, no ha habido avances en la mesa de negociación, según fuentes tanto del PSOE como de Unidas Podemos, y este lunes lo que volvía a imponerse en la relación entre los socios eran las hostilidades, con la disputa de fondo de la bandera del feminismo. Si la titular de Igualdad, Irene Montero, alertaba que "es imposible creer" que una reforma "pactada" entre los dos grandes partidos "puede ser feminista", la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, respondía que "no se puede confundir cerrazón con feminismo".

El reproche de la portavoz de los socialistas se producía tras rechazar las enmiendas presentadas por los morados y cerrar la puerta a cualquier negociación de última hora, porque las propuestas de sus socios "no solucionan el problema, que son los efectos indeseados". Las posiciones encontradas vuelven al mismo punto que tras la admisión a trámite de la reforma de los socialistas, con una escalada de las tensiones que solo se disiparon por la celebración de la moción de censura de Vox. La modificación presentada de manera unilateral por el PSOE levantó ampollas en Unidas Podemos, que cerró filas para votar no a su tramitación.

Tanto desde el Ministerio de Transportes, proponente de la ley de vivienda, como desde Ferraz, se insiste en que su intención es aprobar la norma "lo antes posible", pero evitando poner plazos. Hasta ahora, se han ido incumplimiento sistemáticamente las expectativas del calendario, la última al fijarse marzo como límite para desbloquear el texto. Aunque en privado se manifiesta la esperanza de que pueda estar lista antes del 28-M, en público no se marcan fechas y se alude a la "complejidad" de la que sería la primera ley de vivienda de la democracia, los cientos de enmiendas presentadas y las diferentes administraciones competentes para su futura aplicación.

Más allá de las tensiones que vuelven a aparecer entre los socios por la reforma del solo si es si y la precampaña, las negociaciones están encalladas en un punto de difícil consenso relacionado con el tope anual a los alquileres vinculados al IPC. Mientras los morados exigen que se plasme un tope en la ley a este respecto, fuentes de la parte socialista del Gobierno rechazan que pueda establecerse un tope permanente, limitándose a un mecanismo "excepcional" para situaciones inflacionarias como la actual. De hecho, la última oferta de los socialistas fue limitar al 3% la subida anual del precio de los alquileres, pero solo durante 2024 (actualmente, está limitada al 2%), para posteriormente establecer en la norma otros mecanismos de control de precios.

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Desde el ala socialista del Ejecutivo presionan a sus socios insistiendo en el mensaje de que es necesaria una norma específica para solucionar el "problema" del acceso a la vivienda, y que este es uno de sus compromisos. "La agenda social no ha terminado. Todavía queda camino por recorrer. Al PSOE lo que más le preocupa de las encuestas es la preocupación de los ciudadanos por la vivienda. Sabemos que hoy es un problema", aseguraba este lunes desde Ferraz la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Podemos mantiene un discurso similar, aunque señalando que son los socialistas quienes estarían frenando la aprobación de esta ley. O cuanto menos retrasándola. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, lanzaba un mensaje a sus socios el domingo, alertando de que la regulación de alquileres y otras cuestiones pendientes de la agenda del Gobierno, como el tope al precio de los alimentos o a las hipotecas variables, "no pueden esperar al tercer trimestre ni tampoco a los exámenes de julio".

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Para los socialistas, la aprobación de la ley de vivienda antes del 28-M forzaría a los candidatos autonómicos a retratarse sobre si aplicarán o no la limitación de precios en los alquileres que recoge la norma. También los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, pues será su competencia aplicar medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar la vivienda vacía y forzar su salida al mercado para facilitar el acceso a la vivienda. Una forma de activar a sus electores y tratar de atraer votos entre las amplias capas de población que identifican el acceso a la vivienda como uno de sus principales problemas.

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Si hay una cuestión fundamental para Unidas Podemos, es precisamente el articulado sobre vivienda. Los morados, que germinaron al calor de las protestas del 15-M, han tratado de forzar al PSOE a aprobar este texto en todas y cada una de las negociaciones para elaborar nuevos presupuestos generales del Estado; sería un fracaso sin paliativos no sacarla adelante. A diferencia de lo ocurrido con la ley mordaza, que según el partido de Belarra nunca estuvo entre las prioridades del PSOE, su lectura es que esta norma sí interesa a sus socios o, al menos, a su electorado, aunque haya partes del Gobierno que no la vean con buenos ojos. Se refieren a Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y bestia negra de los morados, una de las figuras dentro del ala socialista con las que suelen chocar. Y acostumbran a dejar constancia de estos enfrentamientos.

El tono a emplear por ambas partes a cuenta del solo sí es sí servirá como una suerte de termómetro de una coalición marcada por los recelos de los morados ante el aval de Sánchez y todo el PSOE al proyecto de Yolanda Díaz, con la que mantienen fuertes tensiones. En el grupo parlamentario en el que conviven, además, IU y los comunes, ha habido dudas sobre cómo proceder, incertidumbre sobre la estrategia a seguir para dar esta batalla contra sus socios, pero está claro que es la ministra del ramo quien debe tener la voz cantante.

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Salvo sorpresas, habrá un nuevo cierre de filas, aunque los argumentos que cada uno de los actores políticos del grupo use para defender el solo sí es sí sean distintos a los del resto. El Confidencial avanzó en febrero que los morados apostaban por votar en contra de la proposición de ley del PSOE, si finalmente no se da el improbable acuerdo.

Una vez se convoque la preceptiva ponencia y la sesión de la Comisión de Justicia en la que se vote el dictamen, entre esta semana y la próxima, los dos socios evidenciarán sus estrategias. Y establecerán las bases del enfrentamiento que, casi irremediablemente, escenificarán en el pleno del 20 de abril. Ninguna de las partes se muestra optimista en privado, y las dos reconocen que este escenario, con el PSOE modificando una ley de una ministra morada contra su criterio, y con UP tratando de enmendarla —y de retratar al PSOE alineado con el PP—, en absoluto facilita otros entendimientos.