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La ley mordaza abre grietas entre Unidas Podemos, ERC y Bildu: "No hay acuerdo"
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Sin pacto en las partes más polémicas

La ley mordaza abre grietas entre Unidas Podemos, ERC y Bildu: "No hay acuerdo"

UP afirma que la norma está pactada "al 98%", mientras los aliados parlamentarios niegan la mayor y les acusan de "vender humo". Una reunión este martes tampoco permitió abordar los asuntos más polémicos

Foto: Pablo Echenique y Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. (EFE/Miguel Oses)
Pablo Echenique y Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. (EFE/Miguel Oses)

La paciencia de los aliados parlamentarios del Gobierno frente a las negociaciones para la derogación parcial de la ley mordaza se agota. ERC y EH Bildu están muy molestos por el "triunfalismo" que atribuyen al socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, al que directamente acusan de "vender humo" y de "maquillar" los desencuentros de unas conversaciones que consideran lejos de concluir. Aún no se han producido avances en los puntos más polémicos, los que desde el arranque de su tramitación han sido incapaces de resolver, a pesar de los diálogos cruzados y las más de 35 reuniones informales mantenidas. La última, este martes.

En este encuentro telemático, que se ha prolongado durante dos horas y media, ha habido "acercamiento de posturas en algunos puntos" entre Unidas Podemos, Bildu y ERC, según fuentes del socio minoritario del Ejecutivo. El resto de fuerzas sólo encuentra un punto de acuerdo: lo que toca al artículo 30.3, que afecta a los convocantes de manifestaciones. Se espera otra reunión este miércoles.

Foto: Manifestación convocada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). (Cedida)

"No hay acuerdo" en lo global, aseguran los aliados del Gobierno en la Cámara Baja, que recuerdan lo evidente. La aritmética parlamentaria obliga a PSOE y Unidas Podemos a contar con sus votos para aprobar la reforma de esta ley orgánica (176 síes, al menos). A los socialistas, les reprochan que no se muevan de sus posiciones y que no aporten propuestas alternativas para tratar de evitar los puntos de fricción. En esencia, el desencuentro está en los delitos de desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad (36.6 y 37.4 de la ley de seguridad ciudadana aprobada por el PP de Mariano Rajoy), la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Aspectos en los que no han avanzado en la reunión de este martes, como reconocen todas las partes.

Al grupo Unidas Podemos, con el que comparten la mayoría de postulados en lo que toca a esta ley, le reprochan que venda que el acuerdo está más cerca de lo que en realidad está. El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, afirmó el martes en rueda de prensa que la modificación está acordada "al 98%", mientras que Enrique Santiago, diputado de IU y representante del grupo en las negociaciones, aludía al 96%, tras la cuarta reunión de la ponencia, la semana pasada.

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), conversa con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban (d). (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Santiago, que compareció para celebrar acuerdos como la reducción de los topes máximos de las multas o la obligatoriedad de que los policías avisen de forma audible antes de cargar contra una protesta, apuntaba a que los trabajos deberían concluir en lo que queda de mes. Su grupo responde a las críticas recordando que las últimas reuniones (dos de la ponencia y dos encuentros informales) sirvieron para concretar más de una treintena de enmiendas parciales al articulado, esgrimiendo que "se siguen produciendo avances". Esperan que algunas de las diferencias sobre los puntos más polémicos puedan concretarse en los próximos días, antes de la quinta reunión de la ponencia.

En Unidas Podemos hay quienes defienden que parte de los puntos de desencuentro se solucionan dando una patada hacia adelante, aprobando el dictamen y dejando fuera de la redacción de la ley estas cuestiones, para después incluirlas en otras reformas legislativas. Es el caso de las devoluciones en caliente, que ya han planteado incluir en la ley de extranjería, o la prohibición de utilizar pelotas de goma, objetivo prioritario para ERC. Ya están prohibidas en Cataluña y consideran que deben mantener, al menos, este nivel de ambición.

Foto: Pedro Sánchez en la última sesión de control. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El problema, según las fuerzas críticas con los planteamientos de UP, es la ausencia de "voluntad política" del PSOE para acabar con prácticas como las devoluciones en caliente. Tampoco los tiempos acompañan. En pleno año electoral, visto lo que queda de legislatura hasta la disolución de las Cortes, desconfían de que sea posible sacar adelante muchas más leyes. A eso se suma que, con las urnas tan cerca, interpretan que el Ministerio del Interior va a hacer lo posible por rebajar la conflictividad con la Policía Nacional, que también tiene elecciones sindicales a mediados de 2023. El contexto, afirman, no favorece que Interior vaya a moverse hacia posiciones que nunca ha querido asumir.

Tras 34 reuniones informales, PNV y Podemos reclamaron reactivar la ponencia en diciembre. En dos sesiones, han pactado la redacción de cerca de 40 enmiendas al articulado de la ley de seguridad ciudadana, pero estos grupos se quejan de que lo mollar sigue enquistado, incluso "va a peor" cuando debaten algunos de estos puntos.

Foto: Foto: EFE/Juan Carlos Caval

Un ejemplo es el artículo 37.4, que regula las faltas de respeto a la autoridad. Mientras estos partidos planteaban eliminarlo, UP hizo una propuesta para "objetivarlo" y que solo fueran sancionables los insultos e injurias, ante la oposición del PSOE, denuncian. Hasta el momento, los socialistas también han rechazado que el precepto que regula la desobediencia a la autoridad, el 36.6 de la norma, requiriera también de "oposición corporal" o "fuerza física" para ser sancionable. "El PSOE dijo que no", argumentan.

Además de ser un compromiso del acuerdo de coalición, la derogación de la ley mordaza es un objetivo político de primer orden, en particular para Unidas Podemos. Ya intentó que el PSOE accediese a desbloquear esta reforma como paso previo a la negociación de los presupuestos para 2023, y de cara a la recta final de la legislatura se configura como una de sus grandes prioridades, como ocurre con el texto de vivienda. De cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, la formación morada requiere de estas bazas para rentabilizar su paso por el Gobierno y movilizar a su electorado. Necesitan convencer de que son útiles desde el Ejecutivo.

La paciencia de los aliados parlamentarios del Gobierno frente a las negociaciones para la derogación parcial de la ley mordaza se agota. ERC y EH Bildu están muy molestos por el "triunfalismo" que atribuyen al socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, al que directamente acusan de "vender humo" y de "maquillar" los desencuentros de unas conversaciones que consideran lejos de concluir. Aún no se han producido avances en los puntos más polémicos, los que desde el arranque de su tramitación han sido incapaces de resolver, a pesar de los diálogos cruzados y las más de 35 reuniones informales mantenidas. La última, este martes.

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