El Gobierno colapsa los bufetes de extranjería con una nacionalización masiva y sin reglas

Ayer entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, una ampliación de la Ley de Memoria aprobada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2007, que pretende reparar el daño ocasionado a una parte de los españoles durante el franquismo.

Se trata de un texto amplio, que regula desde cuestiones menores como el cambio de denominación del Valle de los Caídos (ahora Valle de Cuelgamuros) hasta las condiciones que deben cumplirse para ser considerado víctima de la dictadura o la prohibición de realizar ningún acto de homenaje a Franco o sus instituciones.

Sin embargo, el punto caliente está en la disposición adicional octava, popularmente conocida como 'ley de nietos', que indica quiénes tienen derecho a ser nacionalizados españoles por la vía rápida. La nueva ley amplía al cuarto grado de consanguineidad de los emigrados durante la dictadura, los que pueden optar a la nacionalidad. Esto significa que hasta los tataranietos de los emigrados son ahora considerados víctimas del franquismo y tienen, por tanto, derecho a reclamar la nacionalidad española.

Se entiende mejor con una familia tipo: Manuel salió de España en 1939 con destino a Argentina. Tuvo tres hijos con una mujer argentina, que a su vez le dieron nueve nietos. Estos nietos, ya ciudadanos de la República Argentina, tuvieron otros tres hijos cada uno: 27 bisnietos. Manuel no vivió para verlo, pero en la actualidad tendría 81 tataranietos, todos ellos argentinos de cuarta generación.

Con la ley recién aprobada, estos 120 ciudadanos argentinos tienen derecho ser nacionalizados españoles como víctimas del franquismo.

Es imposible conocer a cuántas personas afecta la ley, ya que al menos la mitad de los que escaparon del franquismo lo hicieron de forma irregular, subiéndose a barcos y aviones como turistas para no regresar jamás. Los registros de llegadas de españoles a los distintos países de Latinoamérica siempre han sido superiores a los que admitió el franquismo que, por su parte, fomentaba la salida de trabajadores como forma de financiación. Se estima que 2 millones de españoles abandonaron el país entre 1939 y 1978, si bien estas cifras no tienen en cuenta los retornos, que se dispararon tras la muerte del dictador.

La noticia ha desbordado a los bufetes legales de extranjería en España, que están recibiendo muchas más solicitudes de las que pueden procesar. "Tenemos a centenares de extranjeros, en especial de América Latina, que estaban esperando a la aprobación de esta ley. Como te puedes imaginar, desde ayer el nivel de ansiedad es absoluto", dice Javier Galparsoro, abogado experto en cuestiones de extranjería y derecho de asilo. "Pero no sabemos qué responderles, porque el Gobierno ha aprobado la ley sin unas instrucciones acerca de qué documentos debe presentar el interesado para demostrar que desciende de españoles exiliados", lamenta el abogado.

"Con la Ley de Memoria Histórica, muchos hijos de españoles de origen pudieron optar a la nacionalidad española. Sin embargo, los descendientes de estos optantes mayores de 21 años no pudieron beneficiarse de esta normativa. Con la aprobación de La Ley de Memoria Democrática, estos descendientes tendrán la posibilidad de solicitar la nacionalidad española a la que no pudieron optar anteriormente", afirma Lucía García del Pino, de Opportuna Abogados.

"La avalancha de peticiones que estamos recibiendo es brutal", dice Cristina Hermosilla, de Le Morne Brabant Abogados. "Es una ley mucho más amplia que la que 2007, que solo reconocía a los hijos. E incluso se ha abierto más en el texto final, porque el anteproyecto no incluía el caso de las mujeres que tuvieron que renunciar a la nacionalidad al casarse con un extranjero. Se trata de un proceso de nacionalización masivo", explica Hermosilla.

El ministerio de Interior reconoce que no ha reglamentado la ley ni pone fechas para hacerlo

Hermosilla ya ha comenzado a aceptar solicitudes, pidiéndoles documentación basada en la que se requirió en 2007, si bien reconoce que es "sorprendente" que el Gobierno no haya publicado el reglamento junto al texto legal. "Es un proceso que puede durar en torno a un año, así que les estamos pidiendo los documentos que creemos que pueden pedirnos, pero estamos un poco a ciegas".

El ministerio de Interior reconoce en una notificación que la ley "aún no se ha desarrollado reglamentariamente" y, por lo tanto, "no se contestará ningún correo electrónico ni se atenderán solicitudes de citas relativas a la ley".

"Solo en España se puede ver una ley sin reglamento, es inconcebible", dice Galparsoro. "La Directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, y la Ministra de Justicia, Pilar Llop, deben explicar esta seria imprevisión. Y que indiquen taxativamente cuándo se va a publicar el reglamento, porque los operadores jurídicos estamos recibiendo miles de peticiones que no podemos responder".

Colapso consular

En el proceso de 2007, en torno a 90.000 latinoamericanos obtuvieron la nacionalidad española, pese a que se imponían normas más estrictas, como limitar a los hijos, que estos no hubieran cumplido los 20 años y que el exilio hubiera tenido lugar en los primeros años del franquismo. Además, la penetración de internet era menor que la actual, de modo que muchos de los optantes nunca llegaron a enterarse de la posibilidad.

En esta ocasión, se estima en más de 700.000 los candidatos a la nacionalidad, con la agravante de que los medios latinoamericanos llevan meses anunciando la aprobación de la ley. Los expertos temen un cuello de botella una vez se apruebe el reglamento, dado que solo tendrán hasta octubre de 2024 para entregar la solicitud y la documentación pertinente. Será entonces cuando el atasco que ahora sufren los bufetes legales se traslade a los consulados, ya de por sí saturados, para los que no se ha previsto ningún refuerzo de personal.