Vox exigirá a Feijóo referéndums sobre igualdad o inmigración si llega a la Moncloa

Santiago Abascal llevará 'España Decide', su decálogo para "devolver la voz a los españoles", a la primera página de su próximo programa electoral. Vox plantea las próximas elecciones autonómicas y municipales como trampolín para impulsar su marca hasta el Palacio de la Moncloa, con la esperanza de demostrar que el terremoto orgánico que ha sacudido los cimientos del partido en los últimos meses ha quedado reducido a cenizas. La formación asume que Alberto Núñez Feijóo solo podrá gobernar con su ayuda. Y habrá condiciones. Además de la regla de oro, formar parte de un eventual Ejecutivo del PP, exigirá al líder popular que lance referéndums sobre "decisiones políticas de especial trascendencia", como la gestión de la inmigración ilegal o las leyes que acentúan la llamada "ideología de género".

El presidente de Vox fue el encargado de presentar este decálogo a sus votantes durante la gran convención del pasado domingo. El plan pasa por poner en práctica el artículo 92 de la Constitución, que permite que ciertas cuestiones puedan someterse al escrutinio de la población a modo de referéndums consultivos no vinculantes. En España, esta herramienta solo se ha utilizado en dos ocasiones: para testar la opinión de la ciudadanía sobre el ingreso en la OTAN —el 52,5% de la población votó a favor— y sobre la ratificación del tratado por el que se establecía una Constitución Europea en 2005, que refrendó el 81,8% de los españoles que participaron en la consulta.

Vox ha hecho una arriesgada apuesta programática y estratégica, y aboga por extender y normalizar esas consultas a la ciudadanía bajo la creencia de que el sentir de la mayoría de los españoles en algunos asuntos ha quedado sepultada bajo los "grandes consensos de las élites que impiden a los ciudadanos poder opinar". El partido ahondará en la idea de convertirse en defensor de una "democracia directa", que no "plebiscitaria", bajo el marco de que el pueblo tiene "derecho a decidir". Pero sabe que las posibilidades de que su propuesta vea la luz son casi nulas.

Los partidos políticos no tienen potestad para convocar referéndums consultivos, sino que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, deben ser convocados por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Para su aplicación, por lo tanto, tendrían que darse unas circunstancias, 'a priori', utópicas. Primero porque Vox tendría que convencer al PP para abordar, al menos en parte, el decálogo de 'España Decide'. Aquí entraría el tipo de resultado que obtenga en las urnas y si sería una suma suficiente como para poder condicionar a un Alberto Núñez Feijóo que, por si acaso, ha comenzado a cubrirse las espaldas con otras fuerzas minoritarias, entre ellas el PNV.

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Por otro lado, es la Cámara Baja la que debe autorizar dicho referéndum a través de una ley orgánica, una condición que se estima también complicada por la propia fragmentación parlamentaria y que solo posibilitaría un resultado aplastante del bloque de la derecha en las próximas elecciones generales. El propio contenido de las consultas supondría también un hándicap en caso de que Vox intentase un acuerdo con el PP. Los de Abascal plantean someter a la voluntad popular asuntos en los que se mantienen muy alejados de sus homólogos de Génova, como es el caso de las leyes sobre violencia machista.

A juicio de Vox, estas normas menoscaban la "igualdad entre españoles" y la "seguridad jurídica con la excusa de proteger a las mujeres", y proponen preguntar a la ciudadanía si está a favor de este tipo de leyes o, por el contrario, prefieren su abolición para "garantizar la igualdad y el principio de presunción de inocencia", con la premisa de que la normativa de género ha conducido a "criminalizar un estereotipo de potencial delincuente" y ha multiplicado delitos como las violaciones grupales o los matrimonios forzosos.

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El partido propone este tipo de consultas para conocer la opinión sobre las políticas migratorias del Gobierno o la protección de las fronteras sobre la base de que la inmigración ilegal supone un peligro para el orden público, la cohesión social o la identidad nacional. El decálogo recoge también cuestiones que forman parte del argumentario habitual de Vox, como la garantía de la soberanía energética de España con la explotación de recursos propios y la eliminación de las leyes climáticas; la centralización de las competencias educativas en el Estado; o la ilegalización de partidos separatistas que "atentan contra la unidad y la integridad de la nación".

Este tipo de consultas, sin embargo, podrían convertirse en un bumerán para Vox. En caso de llevarse a cabo, la ciudadanía podría tener un criterio opuesto al que defiende la formación o, directamente, no participar en consultas de las que se encuentran alejadas por falta de conocimiento o interés, como es el caso de los equilibrios por la distribución desigual del agua; o la recuperación de la llamada "soberanía de datos" por la información personal que se facilita de forma involuntaria en Internet.

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EFE

Al hablar de referéndums, el partido corre también el riesgo de que se le homologue con los movimientos nacionalistas de Cataluña o País Vasco, pero Vox se sacude de la posible controversia alegando que, en su caso, no persiguen un "fin ilegítimo" con "medios ilegales" sino que se valen de una herramienta prevista en el texto constitucional. No se plantean, en todo caso, abrir debates sobre cuestiones básicas de la Carta Magna como la eliminación del Estado de las Autonomías, una medida que Vox lleva en su programa electoral desde su práctica irrupción en las cámaras de representación política.