Policías y guardias civiles crean un frente para hacerse oír ante los cambios de la Ley Mordaza

Los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil preparan una nueva plataforma que aglutina decenas de marcas con el objetivo de mostrar músculo y hacerse escuchar en la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados. El nombre para este frente común es Por una España segura y las conversaciones ya han dado pie a la elección de una junta directiva, el compromiso de redactar unos estatutos y establecer la vía de financiación para el caso de que sea necesario impulsar movilizaciones multitudinarias de protesta en la calle.

Fuentes conocedoras de las conversaciones sostienen que el objetivo es trasladar una imagen de fuerza para que la Ley de Seguridad Ciudadana no se modifique a sus espaldas. Reivindican que los cambios en la norma tienen una incidencia directa en su actividad diaria, en su seguridad y consideran que sus preocupaciones deben estar presentes en el trabajo de los parlamentarios. Esta iniciativa busca ofrecer una imagen de unidad, no solo ante el Congreso, sino ante el Ministerio del Interior. Existe consenso generalizado en que el ministro Fernando Grande-Marlaska apenas ha tenido en cuenta la labor de los sindicatos en sus cuatro años y medio de mandato. Por ello se ha acordado abrir vías de diálogo directo con partidos políticos a los que trasladar sus reclamaciones.

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Por una España segura es el resultado de la unión de las dos almas que en los últimos tiempos han marcado la actividad sindical. Por un lado, estaba la vía que representaba Jupol, el sindicato surgido del fenómeno Jusapol. Tiene su origen en un movimiento que inicialmente no quiso sindicarse y que ganó presencia por su capacidad de movilizar policías en manifestaciones callejeras. Años después aceptaron constituirse como sindicato y actualmente son la marca con mayor representación en el Consejo de la Policía, su órgano de interlocución con el Ministerio del Interior.

Al otro lado estaba el bloque encabezado principalmente por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) una marca histórica del sindicalismo policial. Las conversaciones han dado lugar a un proyecto común de acción sindical que aúna a todos. También dan su apoyo otros sindicatos de larga trayectoria como la Confederación Española de la Policía (CEP), la Unión Federal de la Policía (UFP) o el Sindicato Profesional de la Policía (SPP). A ellos se le suma una larga lista de siglas de la policía local, el sindicato de funcionarios CSIF y también asociaciones profesionales de la Guardia Civil preocupadas por las conversaciones que se llevan a cabo en el Congreso.

Las dependencias de la residencia de la Guardia Civil de la calle Príncipe de Vergara de Madrid fueron escenario el martes pasado de una reunión con la mayoría de implicados en esta nueva plataforma. La Junta directiva de la misma estará integrada por tres representantes de sindicatos policiales (Jupol, SUP y SPP), tres asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, ASESGC y Jucil) y junto a todo ellos, CSIF.

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Con todo, la plataforma todavía no está formalmente constituida. Falta aprobar sus estatutos. A finales de semana todavía se discutían aspectos de su redactado. Otra cuestión que ha generado controversia, según las mismas fuentes, es la contundencia y los ritmos de actuación. Opciones como la que representa Jupol son partidarias de escenificar en la calle cuanto antes el rechazo a las informaciones difundidas sobre la tramitación. Otras voces, en cambio, son más partidarias de agotar la vía institucional y postergar las manifestaciones. Se da la circunstancia de que las elecciones al Consejo de la Policía están fijadas para esta primavera, igual que los comicios locales y autonómicos en España.

A la espera de acontecimientos, se ha habilitado un número de cuenta (del sindicato SPP) para que cada colectivo haga una aportación que rondará entre los 100 y los 150 euros para gastos en caso de que sea necesario organizar una manifestación, que de realizarse, sería de gran magnitud, según confían sus impulsores. Mientras, en el Congreso, los parlamentarios continúan sus trabajos. La ponencia encargada de tramitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautiza por sus detractores como 'ley mordaza', incorporó el jueves en su informe varios acuerdos alcanzados entre el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios, como la reducción de cuantías de las multas, y encara ya la recta final para su aprobación.

Así lo explicó tras la reunión celebrada a puerta cerrada el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, quien mostró su satisfacción por el desarrollo de los trabajos. Según sus cálculos, ya hay acuerdo sobre el 96% de la norma y solo quedan "cinco artículos" por cerrarse, según informa Europa Press. El dirigente de Izquierda Unida ha explicado que la intención es volver a reunir a la ponencia la semana que viene y si es posible también a la Comisión de Interior para aprobar su dictamen y elevarlo al Pleno extraordinario que la Cámara planea celebrar a finales de enero.

Castigo a las infracciones más graves

Por lo pronto, en la reunión de este jueves, la ponencia incorporó al texto la reducción de cuantías mínimas de las sanciones. Para las infracciones leves la multa mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos "muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales", según detalló Santiago.

Respecto al valor probatorio de las declaraciones de los agentes de autoridad, la norma dejará claro que "los hechos consignados deben guardar lógica, coherencia y razonabilidad". Santiago señaló que también se "ha apuntalado la regulación del derecho de manifestación para que pueda ser ejercido libremente con protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, con una normativa más clara respecto al momento en que procede realizar una manifestación y que esta no sea sancionable si por hechos desconocidos urgentes no puede trasladarse la comunicación".

Menos optimista se mostró a la salida de ponencia, el portavoz de Interior de Bildu, Jon Iñarritu, quien recordó que sigue sin haber acuerdo sobre los artículos "más lesivos" de la norma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015. En estos puntos, aseguró, el PSOE y Unidas Podemos han rehusado las últimas semanas a buscar acuerdos: "No hay acuerdo alguno y ahora ni siquiera estamos hablando de ellos, espero que en las próximas semanas se pueda avanzar también en eso porque si no será imposible llegar a una reforma total o una derogación de los artículos más lesivos, con los que se ha sancionado más en estos años", resumió.