Malestar en el TC ante la propuesta exprés para avalar las devoluciones en caliente
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Ponencia de última hora

Malestar en el TC ante la propuesta exprés para avalar las devoluciones en caliente

La premura no ha gustado, si se tiene en cuenta que el bloque progresista del TC cuenta desde la renuncia de Valdés con una plaza menos y la renovación parece inminente

Foto: Malestar en el TC ante la propuesta exprés para avalar las devoluciones en caliente
Malestar en el TC ante la propuesta exprés para avalar las devoluciones en caliente

En mayo de 2015, PSOE, Izquierda Plural, UPYD, Compromís-Equo, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Geroa Bai presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy [aquí en PDF]. Cinco años después, el presidente del Tribunal Constitucional ha acelerado la elevación al pleno de una ponencia en la que propone declarar la mayoría de la norma constitucional, incluyendo el aval a las devoluciones en caliente. Su propuesta, que difiere de la redactada hace unos meses por el ponente original —Fernando Valdés, que dimitió tras una investigación de malos tratos— ha generado malestar en algunos de los magistrados del tribunal de garantías.

La propuesta de Juan José González Rivas fue presentada el pasado jueves a las puertas de un pleno que arrancará este martes. Aunque el deseo del presidente es que sea revisada y aprobada de forma inmediata, no se encontraba en el orden del día inicial, aún no se ha deliberado y fuentes consultadas aseguran que no es seguro que salga adelante. La reunión del TC se presenta ya muy sobrecargada e incluye el estudio de sentencias muy delicadas.

Pese a ello, la ponencia favorable a dar el visto bueno a la ley de la etapa Rajoy se registró a última hora, sin tiempo material para someterla a un análisis reposado. La premura repentina no ha gustado, si se tiene en cuenta, además, que el bloque progresista del TC cuenta desde la renuncia de Valdés con una plaza menos y que deben nombrarse cuatro nuevos magistrados. Se ha presentado así sin esperar a una renovación que parece inminente.

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El viaje desde la propuesta inicial de considerar la práctica inconstitucional a apoyarla tiene en cuenta la doctrina de Europa. El tribunal de garantías se encontró el pasado febrero con que tenía que acomodar su postura a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que avaló estas devoluciones sumarias y falló por unanimidad a favor de España. Aunque en principio cuenta con apoyo suficiente, la forma de presentarla a debate puede dificultar su aprobación.

Antes de entrar a debatirla, el TC tiene previsto abordar otras cuestiones importantes. El pleno revisará dos sentencias muy importantes sobre libertad de expresión. Una de ellas, ponencia del magistrado Andrés Ollero, propone estimar el recurso presentado contra la condena de un líder sindical de Ferrol, por injuria a la bandera durante una manifestación. En marzo de 2017, el juez de lo penal número 1 de Ferrol condenó a Pablo Fragoso, delegado del sindicato CIG, por "ultraje a la bandera española" durante una concentración celebrada en pleno conflicto laboral coincidiendo con la celebración de un acto militar. Su pena de siete meses de multa con cuota diaria de seis euros fue confirmada. Una segunda ponencia, en este caso del magistrado Alfredo Montoya, se centra en este caso en el conflicto entre libertad de expresión y sentimientos religiosos.

Las sanciones de la Junta Electoral

Además, el pleno tiene previsto detenerse en el examen de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el régimen de sanciones de la Junta Electoral Central. La Sección Cuarta de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del TS duda del encaje en la Carta Magna del artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establece sanciones de entre 300 y 3.000 euros si la infracción la comete una autoridad o funcionario o de 100 a 1.000 euros si se trata de un particular. La sala del TS considera que la norma es dudosa e imprecisa.

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impugnado, con base a esta duda, una multa que le impuso la JEC por usar Moncloa para hacer campaña electoral. La JEC sancionó a Sánchez con 500 euros y a la ministra Isabel Celaá con 2.200. Consideraba probado que el presidente había usado el Palacio de la Moncloa en campaña electoral al conceder desde allí una entrevista a La Sexta. La ley electoral prohíbe, "desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas".

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