POR USAR LA MONCLOA EN CAMPAÑA

Una Junta Electoral dividida sanciona a Sánchez con 500 euros y a Celaá con 2.200

Considera, por siete votos a seis, que vulneró la ley electoral, pero rebaja la propuesta del instructor, que proponía 2.800 euros. Unanimidad en la sanción a la entonces ministra portavoz

Foto: Pedro Sánchez. (Reuters)
Pedro Sánchez. (Reuters)

La Junta Electoral Central ha acordado sancionar a Pedro Sánchez con 500 euros por vulnerar la ley electoral. Lo ha hecho por siete votos a seis tras una intensa discusión en la que han rebajado la propuesta del instructor, un magistrado del Supremo, que propuso una sanción de 2.800 euros. Además, y por unanimidad, ha impuesto 2.200 euros de sanción a Isabel Celaá, ministra portavoz en funciones durante la campaña electoral.

El pasado 30 de octubre, la JEC expedientó a Sánchez, entonces presidente en funciones, por usar Moncloa en campaña electoral. Lo hacía tras una denuncia del PP que consideraba que había vulnerado la ley electoral al dar una entrevista a La Sexta en el palacio presidencial. La ley electoral prohíbe, "desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas".

Sánchez aprovechó "los medios públicos de que disponía en su condición de presidente del Gobierno en funciones"

La JEC considera que Sánchez, "en el ejercicio de sus responsabilidades como presidente del Gobierno en funciones, incurrió en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por la realización y difusión de la entrevista de referencia, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su condición de presidente del Gobierno en funciones" y que con eso provocó "el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral".

La ley prevé multas de entre 300 y 3.000 euros para estos casos. Aunque el instructor proponía 2.800 euros, en el tramo más alto, esta quedó rebajada al tramo inferior. Aun así, no hay precedentes de sanción a un presidente del Gobierno. Moncloa alegó que no solo Sánchez participó en la gestación de la entrevista y que otros presidentes habían hecho lo mismo.

Pedro Sánchez, durante la entrevista. (EFE)
Pedro Sánchez, durante la entrevista. (EFE)

La sanción cuenta con un voto particular contrario de los magistrados Ana Ferrer, Antonio Vicente Sempere, José Luis Seoane Spiegelberg y de los catedráticos propuestos por PSOE y Podemos, Inés Olaizola Nogales, Consuelo Ramón Chornet y Juan Montabes. Estos consideran que había que archivar el expediente.

Además, la entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, ha sido sancionada con 2.200 euros por unanimidad. Celaá fue expedientada por valorar los datos del paro desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con un tinte electoralista. "Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita".

La ministra era reincidente, porque estaba advertida por la JEC. Antes de eso, el organismo, compuesto por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos, había advertido varias veces al Gobierno de Sánchez por usar las ruedas de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros para vender sus logros en campaña. Debido a "la reiteración de esta conducta por parte de varios ministros del Gobierno durante este proceso electoral", apercibió a "todos los miembros del Consejo de Ministros para que se abstengan de emitir manifestaciones que vulneren el principio de neutralidad de los poderes públicos". La JEC reclamó al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que trasladase ese apercibimiento "a todos los miembros" del Consejo de Ministros. Celaá ha sido sancionada porque, además de estar apercibida, no respondía a preguntas de periodistas sino que lo hizo por propia iniciativa.

Esta es la primera sanción administrativa a un presidente del Gobierno por infracción de la ley electoral y la segunda en la historia a un miembro del Ejecutivo. La anterior fue a Magdalena Álvarez, cuando era ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero.

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