Una Junta Electoral dividida y harta del Gobierno sancionará a Sánchez tras el 10-N

Una Junta Electoral Central (JEC) dividida adoptó el miércoles una decisión sin precedentes: expedientar al presidente del Gobierno en funciones por usar la Moncloa con fines electoralistas. Según fuentes próximas al procedimiento, la JEC estaba cansada de apercibir al Gobierno de Pedro Sánchez para que no usase medios oficiales para hacer propaganda del PSOE. Al final, aunque algunos miembros de la junta, entre ellos los dos vocales propuestos por el PSOE, no creían necesario llegar al expediente, la decisión salió adelante sin votos particulares. Eso sí, la sanción, de entre 300 y 3.000 euros, puede tardar tres meses en ser efectiva y no llegará nunca antes del 10-N.

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La semana pasada, la Junta Electoral Central apercibió a Carmen Calvo y a María Jesús Montero. El PP había denunciado el uso electoralista de la Moncloa en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ley electoral prohíbe "desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas", pero ese día las ministras "emitieron manifestaciones valorativas y con clara connotación electoralista".

La semana pasada apercibieron al Gobierno, pero la reincidencia hizo inevitable el expediente

"Por si alguno de ustedes en algún momento no han entendido por qué se produce este desfase, tengo que decir que el señor Montoro, con nocturnidad y alevosía, en el año 2017, llevó a cabo una modificación del sistema de información del IVA que provocó una menor recaudación de este impuesto a lo largo de ese ejercicio", declaró Montero a la prensa. Calvo sacó pecho de la exhumación de Franco.

Entonces, tras un debate, la JEC, compuesta por magistrados del Supremo y catedráticos a propuestas de los partidos, decidió no abrir expediente sancionador. Valoró que las declaraciones vinieron como respuesta a los periodistas y no eran premeditadas. Aun así, y debido a "la reiteración de esta conducta por parte de varios ministros del Gobierno durante este proceso electoral", apercibió a "todos los miembros del Consejo de Ministros para que se abstengan de emitir manifestaciones que vulneren el principio de neutralidad de los poderes públicos". La JEC reclamó al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que trasladase ese apercibimiento "a todos los miembros" del Consejo de Ministros.

Una semana después, Sánchez dio una entrevista en Moncloa a La Sexta. El uso de una sala del complejo presidencial no es suficiente para abrirle expediente, pero "el examen de la entrevista pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas".

Más grave fue la actuación de la ministra portavoz, Isabel Celaá, que tras el Consejo de Ministros valoró los datos del paro con llamadas electoralistas. "Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita".

Los partidarios de no expedientar señalaban que el apercibimiento había sido a los ministros y que era el primer incumplimiento de Sánchez

La Junta Electoral recibió la denuncia del PP y la afrontó con división. A la reunión no fue la vocal propuesta por Podemos, Inés Olaizola. Así que en la reunión estaban ocho magistrados del Supremo y cuatro catedráticos nombrados por el Congreso, dos a propuesta del PSOE, uno del PP y otro de Ciudadanos. La reunión no fue tensa —en la campaña electoral del 28 de abril hubo días en que los funcionarios del Congreso escuchaban los gritos—, pero tampoco hubo unanimidad.

Dos magistrados del Supremo de perfil progresista, Ana Ferrer y José Luis Seoane, y los dos vocales propuestos por el PSOE se oponían a expedientar a Sánchez y confiaban en que bastara con un apercibimiento. Tras el debate, los vocales que se oponían decidieron no emitir un voto particular y afirmaron que aceptaban la decisión mayoritaria. La mayoría entendía que el apercibimiento hecho "a todos los miembros del Consejo de Ministros" incluía a Sánchez, aunque otros valoraban que era el primer incumplimiento del presidente en funciones.

Curiosamente, será Seoane el instructor del expediente contra Sánchez. Este magistrado ascendió al Supremo en mayo de 2019 y aunque no pertenece a ninguna asociación de jueces, es conocido en el sector por tener un perfil progresista. En verano, fue elegido por sorteo para formar parte de la Junta Electoral Central. Ahora, Sánchez debe responder en su descargo —no puede hacerlo ya Oliver, como hasta ahora—. Por la noche, Moncloa defendió que "el Gobierno presentará alegaciones y expondrá sus argumentos conforme a la propia doctrina de la JEC" y mostró su convencimiento de que "finalmente la JEC concluirá que la actuación ha sido correcta".

La multa oscilará entre 300 y 3.000 euros. El expediente lo instruye un magistrado del Supremo

En cualquier caso, el trámite tardará varios meses y la sanción, si llega, nunca será antes del 10-N. La cifra estará entre 300 y 3.000 euros y tendría que pagarla Sánchez. La ley establece que "toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares".

Antes de las elecciones de abril, el PP denunció el uso electoralista de los 'viernes sociales'. Pero lo hizo antes de que estuvieran disueltas las Cortes, por lo que la Junta Electoral no entró a valorarlo. Después de aquello, Isabel Celaá medía sus palabras tras el Consejo de Ministros. En 2016, el PSOE denunció que Rajoy había grabado un vídeo electoral en Moncloa. En aquel momento, la JEC dio la razón al Ejecutivo del PP porque en el vídeo, grabado ante una ventana sin que se pudiese identificar el lugar, "no se aprecian signos externos que permitan relacionarlo con ninguna institución o poder público".