La ley audiovisual rompe al Gobierno en dos e incendia la industria

El Gobierno volvió a protagonizar este jueves una votación de infarto en el Congreso que da muestra de su extrema fragilidad parlamentaria. Por primera vez, los dos socios votaron divididos una ley que partía del Consejo de Ministros, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que arrastraba un enorme valor político porque fue la moneda de canje para que ERC otorgara a finales de año su apoyo a los Presupuestos. Al final, Sánchez logró atar la nueva norma gracias a la abstención a última hora del PP y dejó tirados a los republicanos. El grupo de Unidas Podemos se abstuvo y rompió el compromiso de unidad parlamentaria con el PSOE. El Ejecutivo salió de la Cámara con el cráneo fracturado en dos.

El PP de Alberto Núñez Feijóo evitó un nuevo revolcón legislativo al Ejecutivo de Sánchez, obligado este como estaba a transponer la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA). El proyecto ha ido dando tumbos durante meses y finalmente salió adelante gracias a esa abstención de los populares y con apenas 130 votos a favor. El PSOE acordó a última hora una enmienda con PP y Ciudadanos para incluir como productoras independientes —que puedan acogerse a ayudas públicas— aquellas que trabajan para los grandes grupos de comunicación como Mediaset y Atresmedia, lo que ha incendiado la industrial audiovisual. Las asociaciones de productores de cine y audiovisual habían pedido a los distintos grupos políticos que votaran "en conciencia" y rechazaran el texto, tras incluir una enmienda del PSOE de consecuencias "devastadoras" para el sector. El cine independiente español corre el riesgo de morir de inanición mientras el Ejecutivo engorda a las televisiones, lamentaron los productores en una rueda de prensa el martes en el Ateneo de Madrid.

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Unidas Podemos, ERC y Bildu denunciaron el "duopolio de siempre", mientras que Junts, PDeCAT y la CUP lo rechazaron porque no ven una protección especial a las lenguas cooficiales. Habrá, en todo caso, un fondo de 15 millones de euros para la producción de contenido en catalán, euskera y gallego, que es lo que arrancó ERC en la negociación presupuestaria, así como la creación de una hucha pública que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales. El PNV, que sí votó a favor, aseguró haber logrado "importantes avances" en la "capacidad autoorganizativa de EiTB y de la promoción del euskera".

Desde el PP justificaron la abstención, que supone un importante balón de oxígeno para Sánchez, por el riesgo de que la Unión Europea acabe imponiendo "multas millonarias" a España, que debió haber transpuesto la directiva antes de septiembre de 2020. Los populares denunciaron, en todo caso, las "concesiones" a los nacionalistas.

La ruleta parlamentaria

El texto, que será remitido ahora al Senado para continuar con su trámite parlamentario, salió adelante gracias a la abstención de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos—incluidos los miembros del Gobierno Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón— y los votos a favor del PSOE, PNV, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria. En cambio, votaron en contra Navarra Suma, CUP, Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT y Vox. En la votación de las distintas enmiendas que quedaban aún vivas, el Pleno del Congreso rechazó la enmienda transaccional pactada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, ERC y Bildu para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, lo que motivó el rechazo de la ley por los independentistas.

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La polémica enmienda sobre los productores independientes de los socialistas provocó el reproche de muchos portavoces durante el debate de la norma, entre ellos, sus socios de investidura, como el portavoz de ERC, Joan Margall, que anunció su voto en contra porque los socialistas han "dinamitado" el pacto que habían alcanzado previamente sobre la promoción del catalán, según informan las crónicas sobre el debate que despacharon Europa Press y EFE.

Los independentistas catalanes no fueron los únicos críticos con el PSOE por "la inclusión por la puerta trasera del adjetivo demostrativo 'dicho", que, según la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha venido a "desvirtuar aún más la ya extraña definición del productor independiente que contemplaba el texto en origen y vino a vaciar de contenido totalmente esta definición". La portavoz pidió a los socialistas que rectificaran. El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, señaló que "esta es una oportunidad perdida de, realmente, poder avanzar en la igualdad de las lenguas y en garantizar el derecho de los gallegos y gallegas a poder acceder a contenidos audiovisuales" en su lengua, y reprochó la enmienda del PSOE, que "deja a los productores independientes a los pies de los caballos". Según el diputado de Compromís, Joan Baldoví, la ley audiovisual "incluye cambios que son insuficientes, testimoniales, que no protegen la lengua" cooficial. "Creemos que es una oportunidad perdida para los 15 millones de ciudadanos que tenemos otras lenguas", recalcó.

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Pilar Calvo Gómez, la parlamentaria de Junts per Catalunya (JxCAT), que también votó en contra como el PDeCAT, apuntó que la nueva norma supone "un revés al sector audiovisual y un grave retroceso para todas las lenguas cooficiales del Estado". "Ni siquiera sirve a su cometido inicial, porque no aplica correctamente la directiva europea que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a promover la diversidad cultural y lingüística en sus territorios", afirmó. Para el PNV, que votó a favor de la ley, lo aprobado "no tiene, en muchos aspectos, nada que ver con la que salió del horno del Gobierno, afortunadamente", y gracias a las incorporaciones que, a su juicio, han conseguido introducir. No obstante, su portavoz Joseba Agirretxea reseñó que no les gusta el tratamiento que se ha dado a la figura de productor independiente. "Hay que modificar, corregir y solucionar ese tema".

Podemos: "Dañino para el sector"

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz anunció la abstención de su formación tras denunciar que la ley "establece un sistema de cuotas lingüísticas" además de otras "cuestiones más que discutibles en otros ámbitos". En su intervención, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón, señaló que "esta ley no protege la producción independiente" y puso de relieve que es "dañina para el sector". "Tenemos menos diversidad para un tejido audiovisual que ha demostrado mucho, del que tendríamos que estar muy orgullosas", afirmó. Desde Vox, el diputado Víctor Sánchez del Real tachó de "vergüenza" que los populares hayan anunciado la abstención y "le dan un balón de oxígeno al Gobierno de Sánchez, la derechita dubitativa que no se sabe si sube o baja". Además, añadió que "el monstruo mata la creación independiente, mata la publicidad. Es una pérdida de puestos de trabajo", comentó.

El diputado popular Juan Luis Pedreño manifestó que "hoy va a ser un día histórico para el Gobierno, porque esta ley es un despropósito, con lo fácil que era transponer una directiva europea de 2018 que no ha tenido apenas cambios en los países que la han transpuesto en la Unión Europea". "La ineficiencia de este Gobierno y del PSOE, y su sumisión a PNV y ERC, no deja contento a nadie y, lo que es peor, va a ser una ley de muy difícil cumplimiento debido a las concesiones a los partidos independentistas", declaró.

Por su parte, la diputada socialista Begoña Nasarre recalcó que la negociación de esta ley "no ha sido ningún procedimiento exprés ni ha sido fácil" y puso en valor el "diálogo" y la "negociación" que han llevado a cabo. Asimismo, destacó que la ley audiovisual multiplica por cinco la obligación que tienen las televisiones de financiar la producción audiovisual independiente de España y avanzó el "compromiso" del Gobierno "para seguir promoviendo nuevas reformas" sobre las principales reivindicaciones de los productores independientes.

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El diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, que también ha votado en contra, reprochó al Ejecutivo que "esta ley es el precio que el Gobierno paga a todos los socios independentistas" para aprobar los presupuestos y añadió que la norma va "contra" las producciones independientes, algo que el sector considera "un ataque inadmisible". En el caso de la CUP, que también votó en contra de la ley, Albert Botran critiicó que era "una oportunidad" para aumentar la presencia del catalán, el euskera y el gallego que, en su opinión, "se ha perdido". "Se consolida la superhegemonía del castellano en el ámbito audiovisual y el avance para nuestras lenguas es testimonial".