El Supremo recela del plan de Sánchez de endosar a los jueces un mayor control del CNI

Se reanudaba la sesión este jueves con máxima expectación entre los socios ante la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre el espionaje con Pegasus. El presidente había dilatado su rendición de cuentas para llegar con algo que ofrecer tanto a ERC como al PNV e intentar reconducir unas relaciones que no atraviesan su mejor momento después de que el Centro Nacional de Inteligencia reconociese que espió a 18 dirigentes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Sánchez llevaba la cabeza de la ya exdirectora del centro Paz Esteban, y, además, ha anunciado su intención de aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales, así como reformar la ley orgánica reguladora del CNI siguiendo las indicaciones del Defensor del Pueblo y reforzar la ciberseguridad. Pero estas medidas no están exentas de polémica.

Hace unos días, tras conocerse el informe del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en el que recomendaba reforzar el papel de los jueces a la hora de autorizar la intervención de las comunicaciones, Sánchez ya se abrió a esta posibilidad. Concretamente, Gabilondo emplazaba en su escrito a “una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente”, dado que han pasado 20 años desde que se redactase la ley reguladora del CNI. En esta línea también estaba la propuesta del PNV, que plantea que en lugar de un solo magistrado del Supremo sean tres los que den el visto bueno y lo hagan por unanimidad.

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En el alto tribunal, hay importantes reticencias ante cualquier maniobra encaminada a “cargar sobre los jueces” responsabilidades que son propias del Gobierno. “Los jueces no estamos para dar autorizaciones a los espías, porque no son agentes judiciales”, argumentan bajo la premisa de que no se están investigando delitos ni son diligencias de investigación que puedan ser utilizadas como pruebas. Recuerdan que el legislador ciñó el control judicial a validar las intervenciones que afectan a derechos fundamentales y le dejó sin capacidad de llevar a cabo cualquier seguimiento ulterior de lo actuado más allá de dar su visto bueno al declararlo secreto. “En todo caso, si quieren más control del juez, que le den más atribuciones”, reclaman las fuentes consultadas, que consideran un “disparate” este debate dada la naturaleza de los servicios de Inteligencia.

Desde el Supremo, consideran que es una forma de intentar “blanquear” la imagen del Ejecutivo tras la polémica surgida por las escuchas de Pegasus. “El control del CNI le corresponde al presidente”, asegura una de las fuentes consultadas, que recomienda la lectura de la ley reguladora del centro, que lo deja muy claro. Desde su primer artículo, la norma indica que el centro es el organismo público responsable “de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.

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Es también el Gobierno quien fija los objetivos y lo hace mediante una directiva de Inteligencia que tiene carácter secreto. Es este el documento en el que se basa el Supremo a la hora de aceptar o rechazar las intervenciones que solicita el CNI. Para cada petición, se valora si encaja en los propósitos fijados o no lo hace. El juez del Supremo encargado, Pablo Lucas, argumenta su decisión en un auto motivado. Esta es su única intervención, ya que el magistrado no tiene conocimiento posterior del resultado de las escuchas o seguimientos aprobados, dado que el fin no es perseguir delitos, sino prevenirlos o contar con información privilegiada para que el Ejecutivo se prepare ante determinadas situaciones de riesgo.

Los jueces no son espías y no tiene por ello sentido práctico el conocimiento de esos datos de Inteligencia, dice otra fuente judicial. Y es precisamente aquí donde se fijan los que rechazan poner el foco en la autorización judicial, ya que explican que se ha optado por un modelo de control que reside, no en un órgano jurisdiccional, sino en un juez al que se atribuye una función previa de fiscalización.

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Ante esta crisis, propiciada por el propio Gobierno al desvelar que los teléfonos del presidente y la ministra de Defensa fueron infectados con el programa malicioso, el presidente se ha visto obligado a elegir entre la postura de Robles o la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que buscaba modificar la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tesis que finalmente ha seguido Sánchez.

El departamento de Robles se ha mostrado contrario a que se desclasifiquen documentos de la dictadura de Franco por temor a que afecte al desprestigio de mandos militares. Este pulso parece que lo ganará el hombre fuerte de Sánchez, ya que durante la legislatura se han ido posponiendo los cambios en la norma y ahora se acelerarán con el fin de atender a una reclamación que el PNV lleva plateando desde 2016. El Gobierno ha trabajado ya en su propio texto con una comisión interministerial y ahora solo tendrá que comprometerse a que esté listo antes de que finalice el año. La propuesta es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos (25 o 10 años en la propuesta del PNV), sino que habrá plazos diferentes según el grado de protección y el nivel de secreto.