El Gobierno defiende que las escuchas a los independentistas tenían el aval judicial

El Gobierno resta gravedad a la tormenta que tiene sobre su cabeza con el espionaje masivo a más de 60 dirigentes del independentismo catalán a través del programa de ciberespionaje Pegasus. Cuanto más sordina pone a un asunto al que resta importancia, asegurando que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuó en todo momento conforme a la legalidad, más ruido hace ERC. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está este jueves en el Congreso de los Diputados, en un viaje relámpago para reunirse con representantes políticos de ERC, Junts, PDeCAT, CUP y EH Bildu. Un cortejo que forma el núcleo duro de los apoyos de la coalición de PSOE y Unidas Podemos desde la investidura. El paquete legislativo está en el aire en un momento difícil de la legislatura y el Ejecutivo confía en que los avances logrados con el independentismo en la mesa de diálogo no se diluyan en la crisis del espionaje.

El Gobierno insiste en que el CNI actuó en todo momento conforme a la ley y desliza que esas escuchas se hicieron con autorización de un juez, el competente para proporcionar este aval. El control judicial de las actividades del centro viene recogido en dos leyes. La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y otra específica y de artículo único, sobre la obligación de autorización por parte del Tribunal Supremo de aquellas actividades que afecten a derechos fundamentales, como las entradas en domicilio y el secreto de las comunicaciones. Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado del TS competente se nombrará por un periodo de cinco años, a propuesta del presidente del CGPJ, entre magistrados de la Sala Segunda o de la Sala Tercera de ese órgano judicial que cuenten con al menos tres años de servicios en la categoría.

En un pleno celebrado el pasado 2019, el seleccionado fue Pablo Lucas, miembro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. El magistrado fue nombrado por primera vez para estas funciones relacionadas con la autorización de actividades del CNI el 19 de noviembre de 2009 y renovado el 20 de noviembre de 2014. Su nombre ha sonado en distintas ocasiones como elección del Gobierno para el Tribunal Constitucional o incluso para presidir el Consejo, aunque en los círculos judiciales se dan por perdidas sus opciones tras la remodelación del Ejecutivo que dejó fuera a la vicepresidenta Carmen Calvo.

Para obtener ese aval judicial a escuchas como las efectuadas con el sistema Pegasus a distintos líderes independentistas, el director del Centro Nacional de Inteligencia tendría que haberle solicitado autorización por escrito para la adopción de medidas que afectan al secreto de las comunicaciones, "siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro".

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El CNI debe concretar, en esas ocasiones, qué medidas se solicitan, por qué motivos se aconsejan, a qué personas afectan y en qué lugar van a practicarse. También el plazo "que no podrá exceder de veinticuatro horas en el caso de afección a la inviolabilidad del domicilio y tres meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos periodos iguales en caso de necesidad".

En caso de considerar que la petición puede ser autorizada, el magistrado lo acuerda en una resolución motivada y en un plazo máximo de 72 horas. El plazo puede reducirse a 24 horas, por motivos de urgencia. Para proteger la reserva de sus actuaciones, estas decisiones, en forma de autos, quedan clasificadas como secreto. El CNI debe ordenar la destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que estén no relacionadas con el objeto de su investigación.

Los partidos afectados por este supuesto espionaje masivo insisten en exigir al Gobierno explicaciones y una comisión de investigación que llegue hasta el fondo del asunto y depure responsabilidades. Han anunciado que registrarán iniciativas para pedir la comparecencia de Pedro Sánchez, más allá de la que ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Hasta 10 formaciones registraron en el Congreso de los Diputados una solicitud para crear una comisión de investigación para “conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado”. Unidas Podemos, BNG, EH Bildu, ERC, Junts, CUP, PDeCAT, PNV, Compromís y Más País han firmado esta iniciativa. El texto advierte de que se “han socavado derechos fundamentales” y habla de “un espionaje sistemático y generalizado de orientación política”. Durante al menos seis meses, solicitan que se investiguen las estructuras de Defensa, Interior y Vicepresidencia. Los asuntos de seguridad nacional deben solventarse en la Comisión de Gastos Reservados, encargada por ley de controlar las actividades del CNI. Sin embargo, la también conocida coloquialmente como comisión de secretos oficiales del Congreso lleva casi tres años sin constituirse debido a los vetos cruzados entre partidos sobre quiénes deben o no estar representados en la misma. Durante todo este tiempo, la Cámara no está ejerciendo el control parlamentario del CNI ni de los fondos reservados que gestionan los ministerios de Interior, Defensa, Exteriores y Justicia.

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Robles cerró filas con el CNI y defendió la total legalidad de sus actuaciones, pese a las sospechas y denuncias vertidas desde el independentismo. “Todas las actuaciones del CNI están sujetas a control y autorización judicial”, subrayó la ministra. “El sometimiento a la ley es total y absoluto”, recalcó. Es decir, si hubo escuchas o intervenciones telefónicas a los líderes independentistas, cosa que la ministra no descartó, o si se hicieron o no con Pegasus, lo que tampoco aclaró, sí que serían dentro de la ley y con la autorización de un juez. Al menos, insistió Robles, "con este Gobierno".

La ministra hizo esa defensa del CNI después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, deslizara que hay una “evidencia palmaria” de que el CNI es responsable del espionaje a una sesentena de líderes independentistas. Aragonès se reunirá este jueves en Madrid con representantes de los partidos que han sido espiados, anunció en declaraciones a Rac1. La trama de espionaje afectó a más de 60 líderes independentistas catalanes, según una información de ‘The New Yorker’ con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.