Robles sale en defensa del CNI tras señalarlo Aragonès por el espionaje de Pegasus

El Gobierno tiene un problema para responder a las acusaciones de los líderes independentistas catalanes supuestamente sometidos a un espionaje masivo con el sistema Pegasus entre 2017 y 2020. El problema es la ley, insisten desde el Ejecutivo, que obliga a guardar secreto sobre las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En eso insistió la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en una entrevista en el Canal 24 de TVE, se quejó de que se hagan “imputaciones gratuitas” cuando se sabe que el CNI no puede dar las explicaciones que se piden porque vulneraría la ley. “El cumplimiento de la legalidad ha sido total y absoluto”, señaló.

Robles cerró filas con el CNI y defendió la total legalidad de sus actuaciones, pese a las sospechas y denuncias vertidas desde el independentismo. “Todas las actuaciones del CNI están sujetas a control y autorización judicial”, subrayó la ministra. “El sometimiento a la ley es total y absoluto”, recalcó. Es decir, si hubo escuchas o intervenciones telefónicas a los líderes independentistas, cosa que la ministra no descartó, o si se hicieron o no con Pegasus, lo que tampoco aclaró, sí que serían dentro de la ley y con la autorización de un juez. Al menos, insistió Robles, “con este Gobierno”.

La ministra hizo esa defensa del CNI después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, deslizara que hay una “evidencia palmaria” de que el CNI es responsable del espionaje a una sesentena de líderes independentistas. Aragonès se reunirá este jueves en Madrid con representantes de los partidos que han sido espiados, anunció en declaraciones a Rac1. La trama de espionaje afectó a más de 60 líderes independentistas catalanes, según una información de ‘The New Yorker’ con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.

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Aragonès apunta al CNI

El presidente catalán apuntó directamente a la inteligencia española al sugerir que “no hay que ser Sherlock Holmes para mirar al CNI [Centro Nacional de Inteligencia]”. “Es una evidencia palmaria”, añadió. “Si el CNI ha comprado el programa, si este solo puede venderse a estados... ¿qué otro servicio de inteligencia querría destinar millones de euros a espiarnos?”, consideró Aragonés. Viajará a Madrid para reunirse con representantes de todos los partidos políticos espiados, como ERC, Junts, CUP y EH Bildu, si bien también “espera” poder reunirse con miembros de otros partidos. Sobre si se reunirá con Pedro Sánchez, con quien dijo que ya ha intercambiado algún mensaje por teléfono, confió en poder hablar con él “cara a cara”.

La ministra de Defensa aseguró al hilo de estas declaraciones que para ella sería “más cómodo salir y explicar determinadas cosas”, pero no puede. Apeló al concepto de derecho de “desigualdad de las partes”, porque, si ella pudiera explicar más, estaría “cometiendo un delito” al incumplir su obligación de reserva. Robles comparecerá en el Congreso a petición propia, pero no para hablar de este asunto, sino de la brújula estratégica, sobre la política de Defensa de la UE, y en la comisión de Defensa. Así que poco podrá detallar sobre el espionaje. “Es gratuito hacer imputaciones”, lamentó Robles, que reclamó “un mínimo de fundamento y material probatorio” sobre estas acusaciones al CNI.

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Sánchez no ha estado finalmente en Barcelona este martes, donde tenía previsto acudir a la inauguración de la empresa catalana Wallbox. La confianza entre ambos gobiernos, insistió el presidente de la Generalitat, está “muy dañada”. El presidente Aragonès amenazó con congelar las relaciones con el Gobierno si no se investiga a fondo qué ocurrió con el espionaje Pegasus, del que presuntamente fueron víctimas más de 60 líderes del independentismo catalán, y se depuran responsabilidades. Tras anunciar una demanda por violación de su derecho a la intimidad, Aragonés amagó con romper relaciones con Sánchez, lo que conllevaría la ruptura con ERC también en el Congreso, uno de los socios habituales del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos desde la investidura. En la lista del espionaje también aparecen políticos de EH Bildu.

Obligación de secreto oficial

Un día después de que el líder de ERC lanzara este aviso, Robles insistió en lo que lleva explicando el Gobierno desde que el escándalo volvió a la primera línea de la actualidad, que todo se ha hecho conforme a la ley y que colaborarán con la Justicia. Poco más, insistió, pueden aclarar desde el Gobierno si no es en los tribunales o en la comisión del CNI en el Congreso, órgano fijado para el control parlamentario de este organismo. Esta comisión no se ha constituido en esta legislatura. “El CNI tiene una limitación por ley, todo lo que hace referencia al CNI es secreto, es muy fácil imputarle determinadas actuaciones porque no se puede defender o decir una cosa u otra”, lamentó Robles.

“No podemos sembrar sospechas sobre un organismo que no se puede defender. Hay un control judicial y puede haber un control parlamentario en la comisión correspondiente”, repitió la titular de Defensa. “Durante nuestro mandato, el CNI ha actuado conforme a la legalidad vigente”, subrayó, sin comprometerse con lo que ocurrió con el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy durante el ‘procés’. Según Citizen Lab, el observatorio de la Universidad de Toronto que destapó el espionaje, el teléfono de Aragonès fue intervenido en enero de 2020, mediante un mensaje de SMS que simulaba ser un 'link' de un medio de comunicación. Antes, en octubre de 2019, hay registros de otro intento de entrada, que no funcionó. En esas fechas, el Gobierno ya estaba presidido por Pedro Sánchez.

Una comisión bloqueada

Los asuntos de seguridad nacional deben solventarse en la Comisión de Gastos Reservados, encargada por ley de controlar las actividades del CNI. Sin embargo, la también conocida coloquialmente como comisión de secretos oficiales del Congreso lleva casi tres años sin constituirse debido a los vetos cruzados entre partidos sobre quiénes deben o no estar representados en la misma. Durante todo este tiempo, la Cámara no está ejerciendo el control parlamentario del CNI ni de los fondos reservados que gestionan los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.

La ministra de Defensa no aclaró si el CNI compró o no el sistema de ciberespionaje Pegasus, un 'software' israelí que se infiltra en los móviles sin dejar rastro. Sobre la información de ‘El País’, que señala que el CNI pidió comprar Pegasus por seis millones para usarlo en el extranjero, Robles guardó silencio. “No puedo decir si tiene o no lo tiene porque estaría incumpliendo la ley”, zanjó.