Puigdemont prepara una ofensiva contra el juez del CNI por escuchar a su abogado

Carles Puigdemont y su equipo preparan ya una ofensiva legal contra el juez del Supremo que se encarga del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de consecuencias imprevisibles. Los abogados del 'expresident' catalán ven en la actuación del magistrado Pablo Lucas, que autorizó las escuchas con el sistema Pegasus, motivos para reclamar su inhabilitación y la nulidad de varias de las resoluciones del Supremo. La argumentación central se basará en la doble función que ejerció el miembro del alto tribunal a partir de 2019. Entre los teléfonos que avaló pinchar se encontraba el de Gonzalo Boye, abogado del de Junts, mientras que en su calidad de integrante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo participó en distintas resoluciones electorales sobre la condición de eurodiputados de Puigdemont, Ponsatí, Comín o Torra, todos ellos representados por el mismo letrado.

Lucas es miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. El magistrado fue nombrado por primera vez para las funciones relacionadas con la autorización de actividades del CNI el 19 de noviembre de 2009 y renovado el 20 de noviembre de 2014. Según aseguran fuentes cercanas al 'expresident' catalán, las primeras autorizaciones de escuchas a Boye se produjeron a partir de 2019, año en que se fue prorrogando la intervención cada tres meses. El CNI recurrió a Pegasus en su caso a partir marzo de 2020 y hasta diciembre de ese año.

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En ese plazo, el equipo legal de Puigdemont ha detectado varias resoluciones que dictó el juez como ponente o que se adoptaron en una sala de la que formaba parte. Por ejemplo, la sentencia adoptada en junio de 2020 por la que se inadmitía el recurso presentado por Puigdemont y Comín contra la decisión de la Junta Electoral que consideró obligatorio su desplazamiento a España y la jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados para que adquirieran la condición de eurodiputados. Precisamente la falta de ese trámite acaba de provocar que la Eurocámara no haya podido verificar sus credenciales en los últimos días.

En resoluciones posteriores, también ponencia de Lucas, se desestimaba el recurso en el que se impugnaba, además, el acuerdo de la JEC por el que se comunicaba al Parlamento Europeo que se declaran vacantes los escaños correspondientes a Oriol Junqueras, Puigdemont y Comín y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo. Los huidos accedieron a la Eurocámara en enero de 2020, poco después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara que los eurodiputados lo son directamente por el hecho de haber sido elegidos en los comicios, sin necesidad de completar otros procedimientos. En el caso español, los candidatos elegidos en las elecciones europeas debían pasar por la JEC de Madrid para poder estar en la lista que la autoridad envía al Parlamento Europeo y con la que se considera completado el proceso. La sentencia del alto tribunal de Luxemburgo, que se refería al caso de Junqueras y su inmunidad europarlamentaria, hizo que el anterior presidente de la cámara, el italiano David Sassoli, admitiera la entrada de Puigdemont y Comín.

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Fuentes cercanas al 'expresident' aseguran que están estudiando no solo pedir la nulidad de las sentencias, sino emplear contra el juez la 'vía Garzón'. Se refieren a la condena del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional a 11 años de inhabilitación por ordenar como instructor del caso Gürtel grabaciones irregulares de las conversaciones de los principales cabecillas de la trama con sus abogados defensores.

Además, prevén implicar a la Justicia europea. Ultiman ya escritos dirigidos al Tribunal General de la Unión Europea en todos aquellos procedimientos en los que las sentencias y autos de Pablo Lucas hayan sido aportados. "No lo entenderá nadie en Europa", auguran sus más cercanos.

Escuchas autorizadas

Según explicó la ya exdirectora del CNI Paz Esteban, en su comparecencia a puerta cerrada en la comisión de secretos del Congreso, se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas por presuntas actividades ilícitas con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI estarían tanto el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, los tres 'ingenieros' de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont, entre las que se encuentra Boye.

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Respecto al resto de presuntos espiados que aparecieron en la lista publicada por 'New Yorker' y Citizen Lab —que elevan la cifra de afectados a más de 60— y los 'pinchazos' a los teléfonos de Sánchez y Robles, el CNI se ha desentendido y habría apuntado a dos posibles vías: una nación extranjera u otros organismos del Estado como la Policía o la Guardia Civil.