El topo del Kremlin: el precedente del Gobierno para revelar los autos de Pegasus

Era enero de 2010. La Audiencia Provincial de Madrid acordaba celebrar a puerta cerrada un juicio. En el banquillo de los acusados se sentaba el espía del Centro Nacional de Inteligencia Roberto Flórez. La vista oral se celebró sin la presencia de público ni de medios de comunicación para no perjudicar la seguridad nacional. El motivo: entre las pruebas que debían valorarse se encontraba documentación protegida por la Ley de Secretos Oficiales, incluidos autos del TS en el que se autorizaban escuchas a los servicios de inteligencia, que fue necesario desclasificar.

En aquel momento, el Gobierno accedió tras pedir "que se acordara el mayor grado de protección y reserva procesal que por su naturaleza se pueda adoptar". Parte de aquellos autos incluían párrafos completos tachados. Algo similar a lo sucedido con la documentación sobre la autorización de escuchas para 18 independentistas que pudieron consultar a puerta cerrada los miembros de la comisión de secretos del Congreso. Tras el cese de Paz Esteban, el Ejecutivo ha abierto la puerta a desclasificar los documentos completos si lo pide un juez. Los precedentes son casi inexistentes y el caso de Flórez es uno de los pocos que recuerdan magistrados consultados.

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El ex agente Flórez fue detenido en julio de 2007 y acusado de vender información clasificada al servicio secreto ruso entre los años 2001 y 2004. Entre la documentación desclasificada se encontraban, además de los autos la principal prueba de cargo en su contra. Una carta que se localizó en los registros de su domicilio y en la que se ofrecía a colaborar con los servicios secretos de Moscú suministrando información confidencial a cambio del cobro de 200.000 dólares.

Como relataban distintos medios de comunicación en aquella época, la misiva clave iba dirigida a un diplomático ruso que le servía de enlace. El espía también guardaba los datos de decenas de sus compañeros españoles, con sus nombres y apellidos, cargos y destinos. Al más puro estilo cinematográfico. Era esa información la que vendía a Moscú. Flórez fue condenado en primera instancia a 12 años por un delito de traición, una acusación de la que apenas había precedentes. El único era el caso del excoronel Juan Alberto Perote por las escuchas del CESID. En 2010, el Tribunal Supremo rebajó la condena a nueve años.

La postura del Gobierno

Tras el momento álgido de la crisis política abierta por las escuchas de Pegasus, el Gobierno comenzó a valorar la posibilidad de ceder a una de las reivindicaciones de ERC: la desclasificación de los autos judiciales en los que el juez del Supremo encargado de los asuntos del CNI autorizaba su uso y explicaba los motivos por los que accedía a que se llevara a cabo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se mostró públicamente a favor de que se levantara la reserva.

Tras el momento álgido de la crisis política, el Gobierno comenzó a valorar la posibilidad de ceder a una de las reivindicaciones de ERC

Entre los espiados por el CNI estarían tanto el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que se intervino un terminal bajo la sospecha de que pudiera emplear ese teléfono para dar instrucciones a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). También figuraban los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres 'ingenieros' de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont.

Respecto al resto de presuntos espiados que aparecieron en la lista publicada por 'New Yorker' y Citizen Lab —que elevan la cifra de afectados a más de 60— y los 'pinchazos' a los teléfonos de Sánchez y Robles, el CNI se ha desentendido y habría apuntado a dos posibles vías: una nación extranjera u organismos del Estado que "espían por encima de sus posibilidades legales", según la versión del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.