El juez amplía su investigación sobre Pegasus al espionaje a Marlaska y Planas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido este miércoles una ampliación de la denuncia solicitada por la Abogacía del Estado en relación con la infección con la herramienta Pegasus de los móviles utilizados por los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Calama toma esta decisión una vez recibido el escrito de la Abogacía del Estado en el que se informa de que los dos teléfonos móviles sufrieron la infección en el mes de junio de 2021, según se desprende de los dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional. El magistrado ya investiga la intromisión en los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.

El ministro del Interior fue espiado con Pegasus entre 7 y el 26 de junio de 2021 y le extrajeron seis gigas del móvil. Todos ellos fueron atacados en fechas similares, entre mayo y junio del año pasado, en plena crisis con Marruecos, si bien no está acreditado el origen de las vigilancias. El Ejecutivo ha desvelado que se registró, además, un intento de ataque por medio de la misma herramienta israelí en el teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas. Este último fue un intento fallido que no logró su objetivo.

El magistrado decretó la pasada semana el secreto por un mes de la causa abierta en inicio por la infección de los dispositivos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Como ya hizo con ambos, ofrecerá a Marlaska y Planas personarse en la causa como perjudicados.

En un auto, el magistrado explicaba que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación". Solo mediante la reserva se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, indicaba el instructor.

Calama también destacaba la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada y que, en caso de conocerse, podría "comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento". Recuerda, además, que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, "evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna".

El procedimiento se abrió tras la denuncia presentada por el Ejecutivo el pasado lunes. Los datos con que cuenta el Gobierno son limitados. El escrito que dio origen a las diligencias resume los hechos en poco más de un folio y medio. Se limita a mencionar el análisis de los dispositivos móviles de Sánchez y Margarita Robles, que fue realizado por el Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT) el pasado 30 de abril, días después de que transcendieran los resultados del informe de Citizen Lab sobre el uso de Pegasus en los dispositivos de 65 personas vinculadas con el independentismo catalán.

Las conclusiones del centro solo han permitido determinar el momento en que se produjeron los pinchazos y el volumen de los datos conocidos por esta intromisión, pero no cuáles fueron. En concreto, el contagio se produjo en dos ocasiones en el móvil de Sánchez, entre los meses de mayo y junio de 2021, y en una en el caso del teléfono de la ministra Robles. Se sustrajeron poco más de 2,5 gigas en el primer caso y 130 megas en el segundo. No se conoce qué archivos interesaban a los autores del informe y no hay pistas, de momento, sobre quiénes fueron. La empresa propietaria del 'software' espía ha asegurado en distintas ocasiones que vende su sistema exclusivamente a gobiernos o agencias gubernamentales.