El Gobierno pisa el acelerador y se abre a flexibilizar la movilidad desde el 8 de junio

El Gobierno ha visto cómo sus planes iniciales para la desescalada se han desbaratado. Por la presión de las comunidades autónomas, de los empresarios y, también, por los grupos parlamentarios. Pedro Sánchez ha tenido que ceder paulatinamente el poder que concentró gracias a la declaración del estado de alarma a medida que España ha ido recorriendo el camino inverso. Y se ha visto obligado a pisar el acelerador. Bastante. Hasta el punto de que se abre a flexibilizar la movilidad a partir del próximo lunes, 8 de junio, cuando previsiblemente la mitad del país entre en fase 3. Desde entonces, es más que probable que se autoricen los desplazamientos entre provincias de una misma autonomía. No solo: también entre CCAA que se hallen ya en la etapa final de la transición.

Este último punto fue el que introdujo como novedad este lunes uno de los pesos pesados del Gobierno y del partido, José Luis Ábalos, en una entrevista en Televisión Española: el próximo 8 de junio, "ya habrá CCAA que puedan entrar en la fase 3, y en función siempre de los datos de movilidad", de la evolución epidemiológica y de las peticiones de los gobiernos regionales, "se puede establecer un nivel de movilidad dentro de una misma comunidad autónoma o incluso entre comunidades autónomas que estén en la misma fase".

Desde el primer momento, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana indicaron que Ábalos solo estaba planteando una "posibilidad", pero que no era ningún anuncio ni nada decidido aún. De hecho, en el comité de gestión de la desescalada que se reunió por la tarde no quedó nada absolutamente cerrado. "El ministro aplicó puro sentido común, y todo apunta a que caminaremos en esa línea", indica uno de los integrantes de este órgano que monitoriza el proceso de salida del confinamiento y el aterrizaje suave en la llamada nueva normalidad.

Aunque Ábalos no hizo el anuncio, desde el comité de desescalada se subraya que "aplicó puro sentido común" y que "todo apunta" a que será la línea

La sexta y última prórroga del estado de alarma, que Sánchez ya tiene amarrada con ERC y PNV y que podría cerrar con Ciudadanos y que solicita este martes el Consejo de Ministros al Congreso, será distinta a las cinco anteriores. "Más liviana", en palabras del presidente, y con "gobernanza plena" para las CCAA que progresen a fase 3. En ese momento, los jefes de los Ejecutivos autonómicos recuperarán sus plenas competencias y se convertirán en autoridades delegadas, en lugar del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Los mandatarios regionales, pues, serán los enteramente responsables de lo que ocurra desde entonces. El Gobierno central, en tanto dure la alarma, hasta las 00:00 del 21 de junio, solo se reservará el control de los territorios más rezagados y la potestad de restringir la libertad de circulación de los ciudadanos.

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"Si el estado de alarma finaliza el 21, ya no hay un instrumento que nos permita controlar la movilidad. En este decreto que aprobamos el martes, lo que hay es una corresponsabilidad mayor aún por parte de las CCAA en las competencias que les son propias: protección social, salud, comercio, regulación de la actividad social y económica... El Estado presta a las CCAA el instrumento que ellas no pueden gestionar, que es la movilidad. Una vez finalizado el estado de alarma, las restricciones de movilidad no pueden mantenerse", recapituló Ábalos en 'La mañana' de TVE.

Una vez decaiga la alarma, el 21 de junio, ya no habrá ningún tipo de restricción de movimientos: los ciudadanos podrán ir a cualquier punto del país

La comparecencia del domingo de Sánchez sí dejó claro cuándo los ciudadanos podrán moverse libremente por todo el país: desde el 21 de junio, porque para entonces ya habrá decaído la prórroga. Esto quiere decir que podrán desplazarse sin cortapisas los que habitan en los puntos que van más retrasados, que son la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, la región sanitaria de Lleida y toda Castilla y León (salvo el área de salud de El Bierzo). Territorios que entrarán en fase 3 el lunes 22, si nada se tuerce.

¿Pero hasta el 21 de junio qué? Esa es la pregunta a la que el Gobierno intentó contestar este lunes con algo de mayor precisión. Las CCAA que vayan entrando en la tercera etapa podrán pedir al Ejecutivo central que autorice la movilidad entre provincias dentro de su región. "Les dejaremos hacerlo", respondían en la Moncloa este domingo. Es decir, que Sanidad será sensible a las peticiones que ya están haciendo los gobiernos autonómicos y permitirán que, por ejemplo, un ciudadano de Lugo se mueva a Ourense o que uno de Zaragoza se desplace a Huesca o Teruel. De hecho, los presidentes de Galicia (Alberto Núñez Feijóo, PP), Andalucía (Juanma Moreno, PP), Aragón (Javier Lambán, PSOE) o Extremadura (Guillermo Fernández Vara, PSOE) habían venido reclamando, en las últimas cumbres dominicales con Sánchez, que sus ciudadanos se movieran por sus territorios. Pero hasta ahora esos desplazamientos no estaban permitidos.

El elemento adicional, el que introdujo Ábalos este lunes, es que previsiblemente el Gobierno permitirá los viajes entre provincias de distintas CCAA siempre que estén en la misma fase. Es decir, que un vecino de A Coruña pueda ir a Asturias —si es que ambas autonomías progresan a fase 3 el 8 de junio, cosa que está por ver, por un rebrote en el Principado—, o que uno de Almería salte a Murcia, por poner dos casos. Hay que tener en cuenta que, el próximo lunes, media España accederá a la última estación de la desescalada, y otra buena parte el 15 de junio.

Por una cuestión de lógica

Los presidentes de las CCAA más adelantadas, por tanto, podrán decidir las modalidades de esa fase y la duración de la misma, por lo que tendrán en su mano determinar cuándo pasan a la nueva normalidad. Tendrán en su mano todo menos la movilidad, que seguirá recayendo en el Ejecutivo central y que, por tanto, podrá abrir o cerrar el grifo. En la última conferencia de presidentes, Feijóo y Lambán adelantaron que demandarían esa movilidad entre sus provincias, mientras que la balear Francina Armengol aspira a que se autoricen los movimientos entre todas sus islas. Además, se irá levantando progresivamente la alarma en aquellas unidades territoriales (provincias, islas o zonas sanitarias) que alcancen la nueva normalidad.

Fuentes de Transportes explican que opera una cuestión de lógica: no tendría "sentido" que el 21 de junio los ciudadanos de Madrid, Castilla y León, Barcelona o Lleida pudieran viajar a cualquier punto del país al estrenar su fase 3 porque ya no hay alarma, y en cambio los habitantes de las CCAA que han alcanzado ese nivel antes, bien el 8 o el 15 de junio, no tuvieran ese mismo derecho. Además, para el 1 de julio ya estará levantada la cuarentena para los turistas extranjeros.

El Gobierno también recalca que los datos de la evolución de la pandemia han ido incluso mejor de lo esperado, lo que permite la flexibilización

Además, el Gobierno cree que puede flexibilizar las condiciones porque los datos epidemiológicos están evolucionando "incluso mejor de lo esperado" —este domingo, por ejemplo, no se notificó ninguna muerte por coronavirus— y porque la relación de Sanidad con las CCAA es fluida y de confianza, de tal manera que "cuando se observa cualquier repunte, los gobiernos autonómicos reportan de inmediato al ministerio". Además, recordaba este lunes Illa, se ha logrado que "el tiempo medio de diagnóstico del covid-19 sea de 48 horas desde el inicio de síntomas".

Así, este último tramo de la alarma funcionará como una red adicional de seguridad y sobre todo para controlar la movilidad de los puntos que han sido más azotados por la pandemia: Madrid y Barcelona y Castilla y León. Una vez decaiga esta sexta prórroga, el 21 de junio, si hubiera una eventual recaída, se podrían ordenar, si fueran necesarios, confinamientos localizados y con ratificación judicial a través de la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El Ejecutivo se ha comprometido con ERC, y antes con Ciudadanos, a revisar la legislación sanitaria para un control más eficaz de los rebrotes sin necesidad de recurrir a la alarma, estudio que probablemente asumirá la comisión de evaluación del sistema sanitario que todavía no se ha montado en el Congreso. Reforma que, según los letrados de la Cámara Baja, no es tan sencilla ni posible.

El 28 de abril, cuando Sánchez presentó en la Moncloa las líneas maestras del plan de desescalada, se contemplaba esto: "Con carácter general, hasta alcanzar la nueva normalidad, que se consigue al superar la fase 3, no se permitirá viajar a provincias diferentes a aquella en la que se resida, salvo por las causas justificadas. Una vez en la etapa de nueva normalidad, se podrá viajar entre provincias cuando ambas hayan superado la fase 3". Aquí se ve cómo el Ejecutivo ha tenido que enmendar sus planes, pilotados por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. Rectificación debida a que la negociación de las sucesivas prórrogas le ha obligado a ceder poder y también porque necesita reactivar cuanto antes un sector capital como el turismo, que en 2018 aportó el 12,3% del PIB y que ha sido de los más castigados por el coronavirus. Sánchez ya advirtió de que se volcará en su dinamización y en el impulso y modernización del sector de la automoción.

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"Mejor 'step by step"

La idea de flexibilizar la movilidad e incluso acortar la estancia en cada fase fue ya enunciada por el ministro de Sanidad hace algo más de una semana. En aquel momento, ni siquiera estaba asegurado que el Gobierno pudiera disponer de una sexta prórroga, así que tenía que barajar distintos escenarios. Ahora ya la urgencia por buscar opciones alternativas se ha mitigado porque la cobertura de la alarma la tendrá, pero el Ejecutivo ha decidido acelerar algunos pasos.

"Ahora los presidentes no podrán escudarse en el mando único", dicen en la Moncloa. En Sanidad, recuerdan: las peticiones deberán ser congruentes

Para el 21 de junio, no obstante, el bipartito prevé tener listo un real decreto ley que regule la nueva normalidad. Ese texto, indicaron las fuentes del Gobierno consultadas, recogerá aquellos puntos de las órdenes ministeriales que Sanidad ha dictado al amparo de la alarma que aún deberán pervivir, como el uso obligatorio de las mascarillas en el espacio público. "Eso es lo que tenemos programado por ahora, pero mejor 'step by step", indica una ministra, consciente de que las decisiones se van tomando rápidamente y en función de los acontecimientos y de los socios. No obstante, esa idea de un decreto que dibuje la nueva normalidad ya fue apuntada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado martes en el Congreso.

Pese a que el desbaratamiento de los planes del Ejecutivo se debe, en parte, a las presiones externas, en la Moncloa señalan que "no hay mal que por bien no venga". "Ahora los presidentes autonómicos ya no podrán escudarse en que Sanidad hace o deshace, no podrán decir que esto o aquello es responsabilidad del mando único. Ahora ellos serán los responsables, y los que tendrán que controlar los brotes en sus comunidades. Veremos si en lugar de correr no deciden ir más despacio por prudencia", reflexiona un miembro del equipo del presidente. El Gobierno espera asimismo las peticiones que formulen las CCAA, porque quizá no todas reclamen permiso para salir y entrar de sus territorios. "Todo se estudiará, como se ha hecho hasta ahora, pero por ejemplo tiene que haber peticiones congruentes: por ejemplo, que Andalucía quiera que sus habitantes vayan a Murcia y al revés", explican fuentes del Ministerio de Sanidad.

Opinión

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En la Moncloa, las miradas se dirigen, precisamente, a Madrid, cuya máxima responsable, Isabel Díaz Ayuso (PP), pidió correr hacia la fase 1 durante tres semanas y clamó contra las decisiones de Sanidad, a la que llevó a los tribunales. Desde que la región acceda al tercer nivel, en principio el 22 de junio, ella será ya la única autoridad.