Sánchez da a las CCAA la gestión de la fase 3 para amarrar la prórroga con ERC y PNV

Paradójicamente, la sexta y última prórroga del estado de alarma es la que menos ha costado amarrar al Gobierno una vez que el PP se borró de la ecuación. Pedro Sánchez la tiene ya garantizada gracias al apoyo del PNV y la abstención de ERC, aunque aspira aún a mantener de su lado a Ciudadanos. A cambio, cede la gestión de la parte final de la desescalada a las comunidades autónomas. Así, se adelanta la pérdida de poderes extraordinarios del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en los territorios más adelantados, aunque de cualquier modo los gobiernos regionales recuperarán todo el mando el 21 de junio, cuando haya decaído el estado de alarma.

Después de que la permanente de ERC validara, en una reunión telemática este sábado, el acuerdo alcanzado entre Sánchez y el 'vicepresident' de la Generalitat, Pere Aragonès, el PNV informó, a las 22:40 de este sábado, de que había sellado un pacto con el Ejecutivo, gracias al cual votará sí a la sexta prórroga de la alarma, que el Congreso autorizará el próximo miércoles. Extensión que estará vigente hasta las 00:00 del 21 de junio de 2020.

El Ejecutivo cierra, tanto con ERC como con el PNV, que cuando la unidad territorial —provincia, isla o región sanitaria— alcance la fase 3 de desescalada, quien ejercerá de autoridad competente delegada es el presidente autonómico (y no Illa), salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación. Esa es la principal prerrogativa de la alarma: el Gobierno podrá seguir restringiendo la movilidad entre provincias para impedir, por ejemplo, que un madrileño viaje hasta su segunda residencia en la playa.

El PNV pacta que en el caso de Euskadi sea el conjunto de la comunidad la unidad territorial, lo que permitirá la movilidad entre las tres provincias

Además, el PNV pacta de antemano con el Gobierno que en el caso de Euskadi la unidad territorial será el conjunto de la comunidad autónoma, y no los territorios históricos, por lo que se permitirán los desplazamientos entre Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. Este no es un tema menor, porque otros presidentes, como los populares Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía) o los socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Javier Lambán (Aragón), quieren que sus ciudadanos se puedan mover libremente dentro de sus respectivas comunidades.

TE PUEDE INTERESAR

El pacto de Sánchez y ERC para la sexta prórroga no pone fecha a la mesa de diálogo

Juanma Romero

El papel de IIla

¿Qué cambia? En la práctica, puede que poco, pero sobre el papel, algo más, y sobre todo permite explicar a PNV —socio además de gobierno en Euskadi, y que pasa la prueba de las urnas el 12 de julio— y a ERC que la gestión de la última fase de desescalada la pilotarán las comunidades, y no el Gobierno central. Con la última prórroga aprobada, la quinta, la única autoridad competente delegada era el ministro de Sanidad, con la superior dirección del presidente Sánchez. Con la sexta extensión, las autoridades delegadas serán Illa y los mandatarios regionales, excepto en lo que tiene que ver con los desplazamientos entre provincias.

España ya saldrá del estado de alarma el 21 de junio, que será la fecha en la que la mayor parte de España alcanzará, de hecho, la nueva normalidad

Además, la única autoridad competente para adoptar, suprimir, modular y ejecutar las medidas de la fase 3 de desescalada serán los presidentes autonómicos. Ya ellos tenían margen para acoplar el plan de transición en sus territorios, y de hecho el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, moduló a la baja la etapa 1. Además, se explicita que las CCAA acordarán proponer a Sanidad el paso a la nueva normalidad. Esto es otra diferencia: hasta ahora, eran los gobiernos regionales los que planteaban a Illa la progresión (o no) de fase, y era el ministro el que decidía en caso de desacuerdo. Esto sucederá aún en los puntos que estén en fase 1 y 2. Pero cuando las CCAA se hallen ya en el tercer estadio, serán ellas las que decidan el ascenso a la nueva normalidad.

El Gobierno se ha visto obligado a ceder progresivamente poder a las comunidades para ir sacando adelante las tres últimas prórrogas. Ha tenido que profundizar en la llamada "cogobernanza". El argumento esgrimido por los gobiernos regionales es que ellos conocen mejor sus territorios y cómo han de modularse las medidas previstas en la transición.

Sin embargo, España ya saldrá del estado de alarma el 21 de junio, que será la fecha en la que la mayor parte de España alcanzará, de hecho, la nueva normalidad, si es que se respeta la regla de la estancia de 14 días en cada fase. No obstante, a esas alturas del mes aún quedarían varios territorios rezagados: la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la mayor parte de Castilla y León (toda la región menos el área de salud de El Bierzo). Estos puntos, si no se aceleran los avances, culminarían la transición el 5 de julio.

Protagonismo de Sánchez

Sánchez amarra la sexta y última prórroga antes siquiera de que la haya anunciado formalmente y varios días antes del pleno en el Congreso. Lo hace con mayor margen y holgura. Primero, la negociación, discreta, y después el anuncio. A la inversa que hasta ahora. Recompone el bloque de investidura recuperando a ERC para la abstención (había votado no en la cuarta y quinta ampliación), sin que tenga que poner fecha a la mesa de diálogo, porque el Gobierno ya advirtió de que la negociación se vincularía a los temas relativos a la alarma. No quería repetir el patinazo del pacto con Bildu, que plasmó por escrito el compromiso (luego rectificado) de la derogación "íntegra" de la reforma laboral del PP de 2012. No obstante, con los nacionalistas vascos ya selló un acuerdo el pasado miércoles para transferir la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) a Euskadi y Navarra antes del 31 de octubre, lo que se entendió como el preludio de su sí a la ampliación.

La Moncloa no renuncia al sí de Cs: "Trataremos de que nos apoyen, por supuesto. No hay nada en los acuerdos con PNV y ERC que puedan rechazar"

Con los dos acuerdos alcanzados y anunciados este sábado —el sí del PNV y la abstención de ERC, adelantada por 'La Vanguardia'—, más el previsible apoyo de formaciones minoritarias, el presidente ya tiene los votos suficientes para sacar adelante la sexta y última prórroga del estado de alarma. Fuentes de la Moncloa no descartan que puedan sumar a Ciudadanos, el socio inesperado e imprescindible de las dos últimas extensiones. "Trataremos de que nos apoyen, por supuesto. No hay nada en los acuerdos con PNV y ERC que puedan rechazar, ya que no hay puntos ocultos ni hay más que lo que está en el papel. Pero veremos", subrayan fuentes muy próximas al presidente. Ha sido precisamente este, Sánchez, quien ha conducido las conversaciones con los republicanos (en concreto, con su coordinador nacional y número dos del Govern, Pere Aragonès), en lugar de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

De hecho, el diálogo con Ciudadanos ha sido fluido en las últimas semanas. La formación naranja reconocía que estaba satisfecha del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno: información constante, desvinculación de las medidas económicas de la alarma, moratoria en el pago de impuestos. La nueva cara visible del partido liberal por la baja por maternidad de Inés Arrimadas, Edmundo Bal, admitió que había hablado con Sánchez. Cs exigía que se justificase la necesidad de una nueva extensión, que esta fuera limitada y que el Gobierno demostrara que estaba trabajando en un plan B.

En la futura comisión de evaluación

Precisamente uno de los puntos acordados con ERC es que se compromete a "priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma en un futuro y a desvincular de esta medida las propuestas económicas y sociales" que tengan que adoptarse para superar los efectos de la pandemia. El Ejecutivo adelanta que se revisará la ley orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, y las leyes sanitarias, entre ellas la Ley de Salud Pública de 2011, "con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del covid-19". Se trataría de tener un armazón jurídico disponible en caso de rebrotes sin tener que recurrir a la alarma.

Sánchez logra recomponer el bloque de investidura a través de una negociación muy distinta a la anterior. Y ERC se aviene para "volver a influir"

Estas reformas legales, dice el pacto con ERC, "serán presentadas a la comisión de evaluación [del sistema sanitario] que se creará en el Congreso de los Diputados con la voluntad de ser tramitadas en un período de tres meses desde su creación para su aprobación". "En dicha comisión de evaluación también se tratará de la reserva estratégica de material sanitario y de su autoabastecimiento con el fin de que nuestra ciudadanía esté más protegida", sostiene el documento. Con todos estos elementos, Cs podría sumarse al bloque del sí, aunque para mostrar su enfado podría también optar por la abstención. Un giro radical sería migrar al no.

Varias son, en consecuencia, las novedades de esta última prórroga: negociación más discreta, rápida y liderada por Sánchez, refuerzo de la cogobernanza de las CCAA, compromiso de revisión de las normas sanitarias y de la ley de alarma y reconstrucción de puentes con los socios de investidura. ERC, que se había quedado fuera, por voluntad propia, de todo papel protagonista, cediendo ese rol central a Cs (además del PNV), regresa al tablero. Para "volver a influir", sostienen en la Moncloa, para apuntalar su deseo de convertirse en "la nueva CiU". El Gobierno, además, consigue su objetivo inicial de extender la alarma hasta finales de junio.

Lo quiso hacer de una vez y no pudo. Ahora, logra su meta con dos negociaciones, pero ambas muy distintas, aunque en las dos ocasiones con un PP completamente al margen de todo diálogo al haber anunciado, en la cuarta prórroga, que ya votaría siempre no, lo que convirtió su posición en irrelevante y forzó al bipartito de PSOE y Unidas Podemos a buscar alternativas para garantizar que no sufría una derrota parlamentaria. Cerca estuvo de padecerla hace 10 días, cuando se tiró en plancha a firmar un papel con Bildu que le traería muchos dolores de cabeza y que está en el origen de unas conversaciones conducidas de modo diferente de cara a la sexta y última ampliación.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno abre una vía a las autonomías para gestionar el IMV tras el pacto con el PNV

Víctor Romero. Valencia

De paso, Sánchez busca ahorrarse la crítica repetida de los presidentes autonómicos: que llegaba a las conferencias de los domingos con los anuncios hechos la víspera ante la prensa. El presidente no compareció, significativamente, este sábado. Se prevé que lo haga ya este domingo, pero lo hará con los apoyos atados y tras una semana, eso sí, complicada, por el incendio en Interior y la polémica de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con la oposición.

Qué se decía antes y qué se dirá ahora en la prórroga del decreto de alarma

El artículo 6 de la quinta prórroga del estado de alarma decía esto:

"Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, la autoridad competente delegada para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el real decreto 463/2020, de 14 de marzo, será el ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas. Corresponderá durante ese periodo a las administraciones públicas competentes el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 5 del real decreto 463/2020, de 14 de marzo". 

Ahora, la nueva redacción del artículo es la siguiente, según trasladaron fuentes del PNV:

"Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el real decreto 463/2020, de 14 de marzo, serán el ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma. 

La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada.

Serán las comunidades autónomas las que puedan proponer al ministro de Sanidad, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la nueva normalidad".