El Gobierno abre una vía a las autonomías para gestionar el IMV tras el pacto con el PNV

El Gobierno abrirá una vía de colaboración con las autonomías de régimen común para que participen en la gestión del ingreso mínimo vital, aunque sin llegar a ceder ni la facultad última de la concesión de la prestación ni la competencia sobre el desembolso de la misma. Así figura en el borrador del real decreto ley que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha negociado tanto con dirigentes regionales socialistas y cuyo contenido aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

El texto, que está previsto que se publique en el 'Boletín Oficial del Estado' este lunes, recoge que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá la competencia para el reconocimiento y el control de la ayuda económica no contributiva. Sin embargo, establece que las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el INSS "el oportuno convenio que les habilite para ello". "En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento", señala el documento que el Gobierno ha negociado con algunos de sus barones territoriales y al que tuvo acceso El Confidencial.

Los socialistas valencianos atribuyen a las gestiones de Ximo Puig y Oltra que el decreto de renta mínima se abra a la cogestión con las CCAA

La fórmula es distinta a la del País Vasco y Navarra, que como territorios forales asumirán todo el procedimiento tras recibir una trasferencia de fondos correspondientes por parte del Gobierno, según recoge el acuerdo suscrito por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para garantizarse su respaldo en el Congreso. Sin embargo, según fuentes del PSOE, permite habilitar mecanismos de cooperación con territorios que tienen en marcha sus propios rentas de inserción para evitar duplicidades y hacerlas compatibles. Los acuerdos con autonomías de régimen común se suscribirán a partir de 2021, mientras que para los territorios forales la encomienda será inmediata, a la espera de firmar antes del 31 de octubre de este año el traspaso de las funciones y servicios correspondientes que el real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica.

Es el caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía. La vicepresidenta del Consell valenciano, Mónica Oltra (Compromís), había reclamado a través de una carta al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fórmulas de "cogestión" para aprovechar la experiencia acumulada por su administración en la distribución de este tipo de prestaciones. Pero, también, con el fin de que no se produzca la paradoja que la misma persona perciba o tramite dos rentas mínimas a la vez, lo que sería incompatible y obligaría a la devolución de una de ellas. Es la misma circunstancia que preocupa a la Junta de Andalucía. Oltra apostaba por suscribir un convenio para la gestión unificada del IMV y de la renta valenciana de inclusión, que la Generalitat distribuye desde 2018, "de manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante".

La fórmula propuesta recuerda mucho al articulado del real decreto ley aprobado por el Gobierno. Fuentes de la federación socialista valenciana apuntan a las gestiones realizadas tanto por Oltra como por el 'president' valenciano, Ximo Puig, para que finalmente se haya abierto la vía, a la que también se apuntará Cataluña. El decreto establece que "con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales".

Sin embargo, habrá que ver cuál es la predisposición de Escrivá para suscribir este tipo de convenios y cómo serán recibidos por las autonomías críticas con el modelo elegido para el estreno del ingreso mínimo. Este viernes, el ministro encendía a algunos de estos territorios al señalar, en una entrevista con la Cadena Ser, que no estaban preparados para gestionar la nueva prestación. "Quitando al País Vasco y Navarra en el resto de España, los esquemas de renta mínima tienen resultados dispares. No tenemos la certidumbre de que las Comunidades Autónomas puedan desplegar esta medida con la mayor rapidez y certidumbre. De lo que se trata es de ser eficaz, rápido y disparar a gol y eso no lo percibimos en el resto de comunidades autónomas. Esto no es una batalla de competencias, se trata de desplegar esto con mucha rapidez", afirmaba para explicar por qué se había establecido la diferenciación con los territorios forales y las autonomías de régimen común y preguntado sobre la reclamación de la Comunidad Valenciana.

La frase de Escrivá no cayó nada bien entre los socios del socialista Puig en la Generalitat, que la interpretaron como una ofensa, toda vez que la vicepresidencia de Oltra lleva dos años gestionando la renta valenciana de inserción y tiene los mecanismos administrativos ya creados. El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, uno de los referentes de Compromís, no dudó en señalar a Escrivá por "vulnerar la Constitución y nuestro estatuto de autonomía. No saben lo que es cooperar. Son centralistas incompetentes puros y duros. Ni el PP se hubiese atrevido", afirmaba en su cuenta de Twitter.