Rechazan una proposición de JxCAT

Los letrados del Congreso estrechan el margen para reformar las leyes sanitarias

La Mesa vio que la modificación de estas normas para aumentar el control sobre la población "contradice de manera palmaria y evidente" la Constitución

Foto: Una sesión de control en el Congreso. (EFE)
Una sesión de control en el Congreso. (EFE)

La reforma de las leyes sanitarias que prevé el Gobierno para la etapa posterior a la alarma puede resultar más difícil de lo que parece. Así lo demuestra el dictamen de los letrados del Congreso, que acaban de rechazar una propuesta de modificación de varias de estas normas, mencionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como un futuro remedio legal frente al virus y que parecen ahora más urgentes tras el anuncio de que la situación de excepcionalidad actual alcanzará como tope hasta el próximo 21 de junio. La iniciativa en cuestión partía de JxCAT, el grupo del 'president' Quim Torra, y se dirigía a reforzar la capacidad de las instituciones para el control de los ciudadanos como instrumento para abordar un rebrote de la pandemia. Ha sido rechazada por los letrados, que la ven inconstitucional.

El Ejecutivo ha amarrado una nueva prórroga con la promesa de que será la última. En estas semanas de desescalada, han comenzado a detectarse rebrotes puntuales en territorios en fases avanzadas y el otoño aparece como un horizonte repleto de incertidumbre. El Ejecutivo ha lanzado ya la idea de desarrollar una ley orgánica en relación con cuatro normas ya existentes, dos de ellas de los años ochenta. Esta modificación forma parte del acuerdo alcanzado con ERC para la abstención en la última de las prórrogas. Sin embargo, su encaje en la Constitución será complicado.

Los de Torra planteaban una reforma global que abarcaba también la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio

La muestra está en la propuesta de JxCAT, que planteó una reforma legal sobre esas mismas leyes para evitar alargar el uso sistemático del estado de alarma. Hace solo unos días, la Mesa respondió, con base en el criterio de sus letrados, que no procedía su admisión a trámite. "En la medida en que de un examen preliminar se desprende que determinados preceptos de la misma contradicen, de manera palmaria y evidente, lo dispuesto en el artículo 116.2 y el artículo 55 de la Constitución, no resultando posible modificar la regulación sobre estas materias mediante una proposición de ley", dice la contestación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Los de Torra planteaban una reforma global que abarcaba también la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Algo casi calcado al compromiso al que el Ejecutivo ha llegado con los de Esquerra en el que se indica que el Gobierno se compromete, siempre que sea posible, "a priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional" y a analizar las reformas legales necesarias para fortalecer la respuesta a pandemias, incluyendo la ley que regula la alarma.

Junts hacía lo mismo en el texto descasrtado y argumentaba que la situación generada por la propagación del covid-19 no puede encajarse dentro de la definición que el Tribunal Constitucional ha realizado como una "alteración del orden constitucional" sino como "una situación de excepcionalidad sanitaria que requiere una respuesta ajustada a dicha realidad sin que, por ello, se incurra en excesos normativos ni en recortes de derechos y libertades como son los que se han ido generando". Defendía también que el uso "sistemático, inadecuado, abusivo y extendido en el tiempo" de las previsiones establecidas en el estado de alarma no se adecua a las normas y compromisos europeos asumidos por España.

La proposición buscaba así adecuar "las normas existentes en nuestra legislación ordinaria" para alcanzar los mismos resultados de la declaración de alarma. Algo, por tanto, similar a lo planteado por el Gobierno de Sánchez. La propuesta efectuada por JxCAT de la alarma ampliaba el control autonómico de la situación de excepción y también el coste de sacar adelante prórrogas en el Congreso. Por ejemplo, limitaba la acción del mando único sugiriendo una redacción en la que se indicaba que solo dirigiría aquellas medidas "que no puedan ser abordadas, en su respectivo ámbito territorial, por las autoridades en cada caso competentes".

Introducía también un artículo 5 para apuntalar la competencia de cada autonomía: "La declaración del estado de alarma, excepción y sitio no alterará la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas prevista en la Constitución y en los estatutos de autonomía", decía. Dejaba la desescalada en manos de cada región (algo parecido a lo que propone el Gobierno central para la última de sus prórrogas) e introducía para avalar la extensión del estado una mayoría de tres quintos de la Cámara.

"Población en riesgo potencial"

Pese a ello, los problemas de encaje constitucional detectados se hallaron en la propuesta de reforma de la ley orgánica que, bajo la redacción que proponía JxCAT, ofrecía una limitación de derechos. El texto planteada que la ley de medidas especiales en materia de salud pública, una norma de 1986 heredera de las leyes franquistas para luchar contra el tifus, incluyera una previsión para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos "o de la población en riesgo potencial y del medio ambiente inmediato". O sea, de todos.

Lo mismo sucedía con el confinamiento obligatorio. "Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, estas medidas podrán incluir, en su caso, el confinamiento total o parcial de la población, medidas tendentes a asegurar el distanciamiento social", sugería JxCAT. Respecto a la Ley General de Sanidad, proponía que las autoridades sanitarias pudieran adoptar las "medidas preventivas y de contención que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades de todo tipo, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales".

La proposición de ley del grupo parlamentario introducía también disposiciones para poner punto y final a la situación sanitaria a controlar. Establecía que se mantuvieran por 30 días varios artículos del decreto de alarma dictado y determinadas órdenes, resoluciones y disposiciones. Las normas con rango de ley dictadas durante la vigencia del estado de alarma serán extendidas "mientras subsista la situación de emergencia sanitaria", decía también.

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