Sánchez juega con fuego al irritar a PNV y ERC

Si se da por bueno lo que ha ocurrido este miércoles en el pleno del Congreso, España afronta la catástrofe provocada por el coronavirus sin atisbo de unidad política y con un Gobierno apoyado en la incertidumbre de no tener segura ninguna votación, ni siquiera las que deben servir para prorrogar el estado de alarma hasta el mes de junio, fecha apuntada por Pedro Sánchez el martes.

Ya se sabía que hay un Gobierno de coalición y en minoría, y una oposición de centro derecha enfrentada al Ejecutivo y con voluntad de desgastarlo para acortar la legislatura. Pero había partidos que habían permitido la investidura con su voto o su abstención y que debían servir de soporte parlamentario del Gobierno y que, por tanto, La Moncloa debía cuidarlos y estrechar con ellos las relaciones.

Ahora, en esta situación de catástrofe, sin embargo, el Congreso que se percibe no muestra más sintonía que la de PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, todo lo demás es fuego cruzado y hasta los partidos que llevaron a Sánchez a la Moncloa le critican y se quejan del maltrato que dicen recibir. Eso debilita de manera creciente la posición del presidente del Gobierno, que juega con fuego, en un momento de emergencia. Sánchez necesita sus votos como el agua, pero ni siquiera les mantiene informados de sus iniciativas antes de darlas a conocer en rueda de prensa.

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El riesgo se incrementa porque el PNV es fundamental para el Gobierno y el lendakari, Iñigo Urkullu, aseguró este miércoles que no hay necesidad, en la actual situación de la epidemia del coronavirus en la que se va a comenzar la desescalada, "de prorrogar más la situación de excepcionalidad" que supone el estado de alarma, y ha apelado a analizar "la plena capacidad de la legislación ordinaria" para gestionar la crisis a partir de ahora.

El Gobierno lo fía todo a la falta de alternativa política y a la situación de emergencia que, según sostiene, hará que ningún partido facilite una derrota parlamentaria en la votación de alguna de las prórrogas del estado de alarma. Así lo admiten miembros del Gobierno y así lo ha denunciado este miércoles Gabriel Rufián (ERC) en el pleno al explicar en su pregunta al Ejecutivo que la alternativa es “Abascal y sus colegas de la Inquisición”.

“¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar e informar?”, se ha preguntado Rufián, lamentando que, una vez más, se entera por los medios de comunicación de las iniciativas del Gobierno que debe votar para no hacer caer a Sánchez o provocar una grave crisis política en momento tan delicado.

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Igual que el PNV, pilar básico de la moción de censura de 2018 que llevó a Sánchez a la Moncloa, de la investidura de 2020 y teóricamente de la legislatura, y que tampoco sale de su asombro con cada decisión del Ejecutivo. “No es de recibo que los grupos parlamentarios nos enteremos a través de los medios de las medidas que impulsa el Gobierno. Tampoco entendemos que Podemos solicitara esa información estando en la oposición y ahora no lo haga”, ha asegurado la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en el pleno de control al Gobierno.

Según la explicación del Gobierno, de los 350 diputados, hay que saber que no puede contar con los 52 de Vox, porque han decidido mantener una posición que imputa a Sánchez las muertes por el virus y le ha llevado ante la Justicia. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llamó en el pleno “parásitos y miserables” a los diputados de Vox, tras ser acusado de condenar a muerte a los ancianos.

Quedan 298 diputados. Los 88 del Grupo Popular han dado hasta ahora apoyo a los decretos de alarma y a los que ha aprobado el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Lo han hecho a pesar de que Pablo Casado mantiene una posición muy dura contra el Gobierno que ha renovado este miércoles en el pleno y que lleva al Ejecutivo a lamentar siempre que el PP aproveche los muertos para sacar réditos electorales.

Casado ha amenazado en varias ocasiones con dejar de votar esos decretos, especialmente la prórroga de la alarma, y acusa al Gobierno de mentir, de reprimir libertades, de mala gestión… Y también de no percibir ni el más mínimo gesto de Sánchez para ganarse su voto. Lo último, asegura, es haberse enterado también por la rueda de prensa del plan de desescalada. Y ahí se entra en el bucle de cómo el Gobierno no informa a Casado y nunca ha buscado su apoyo y complicidad por su posición crítica mimetizado a la de Vox, y de cómo Casado lamenta no recibir esa información y que el Gobierno dé por hecho que cuenta siempre con su voto.

El único intento del Gobierno ha sido el del decreto de medidas de choque de la Justicia, que aprobó este martes y que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había notificado y hablado con el responsable de Justicia del PP, Enrique López, sin tener objeciones de este, a pesar de lo cual Casado desautorizó ese pacto que incluye a las comunidades autónomas y ha anunciado que votará en contra cuando se convalide.

El único acuerdo entre Sánchez y Casado fue el de derivar el gran pacto de Estado para la reconstrucción a una comisión del Congreso, lo que en la práctica ha desactivado su solemnidad, y ni siquiera hay consenso sobre su configuración, formato y método. Si el PP no apoyara en el futuro esos decretos y las prórrogas del estado de alarma, quedarían 210 diputados.

Opinión

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Los 10 de Ciudadanos, encabezados por Inés Arrimadas, han estado casi desde el primero momento a disposición de Sánchez. Arrimadas le ha enviado multitud de propuestas, entre las que se incluyen la idea de un acuerdo de reconstrucción, pero tampoco reciben el más mínimo gesto desde la Moncloa, ni por supuesto tienen información fluida del Gobierno.

Este miércoles, junto a la mano tendida, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, se ha sumado a las críticas unánimes y ha rechazado el plan de desescalada con un tono de dureza que no había tenido antes, por incoherente, generar desconcierto y no ser sensato ni serio. Y por no tener consenso: "¿No hubiera sido mejor primero escuchar y después anunciar? Tiene que rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados y, sobre todo, hacer autocrítica para aprender de los errores y no volver a repetirlos".

Es decir, con muchos matices y diferente grado de dureza, el Gobierno ha unido en la crítica a su gestión a Vox, PP, Ciudadanos y partidos nacionalistas e independentistas. Es obvio que la diferencia en la crítica va de imputar la responsabilidad de las muertes al abuso al apropiarse de competencias de gobiernos autonómicos, pero todos mantienen la posición crítica y la amenaza de no seguir apoyando la alarma.

De los 200 diputados que restan, hay que quitar los 155 de PSOE y Unidas Podemos, que, obviamente, apoyan al Gobierno como un bloque, pero que son insuficientes para aprobar en solitario cualquier iniciativa, incluida las del estado de alarma, que solo necesita mayoría simple. Los otros 45 diputados que quedan pertenecen a formaciones nacionalistas e independentistas como PNV, ERC, Bildu y BNG, que en su mayoría permitieron la investidura, y Más País. Quedan al margen otras como Navarra Suma y Coalición Canaria, que nunca apoyaron a Sánchez.

De este grupo de diputados depende el Gobierno en cada votación y, según ellos mismos, tampoco reciben información del Gobierno y, además, mantienen una posición crítica en las votaciones, aunque terminen apoyando los decretos. En algunos casos lo hacen, como hicieron en la investidura, para evitar la alternativa de derechas. Y en esto se basa el Gobierno para dar por hecho que cuenta con su apoyo en las votaciones. Solo han dejado de hacerlo en una votación, al inicio del estado de alarma, cuando hicieron perder al Gobierno para obligarlo a tramitar como proyecto de ley uno de los decretos económicos. La Moncloa juega con fuego.

Sánchez hizo un amago hace tres semanas de acercarse a estos partidos que critican su unilateralidad, pero quedó solo en eso, en un amago. Y esto se une a las críticas de comunidades autónomas, porque consideran que en las reuniones de los domingos solo se les informa de decisiones ya tomadas.

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El Ejecutivo utiliza como referencia estos días lo que ocurre en otros países, donde la oposición apoya sin críticas al Gobierno. Por ejemplo, en Portugal. Este miércoles, la fundación FAES, que dirige José María Aznar y tanto influye en Casado, hacía público un artículo de Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, que analiza el caso de Portugal.

Explica primero que hay que “reconocer el éxito del Gobierno de António Costa, el primer ministro socialista, en la gestión de la crisis sanitaria”, frente a lo ocurrido en España, según las cifras, y a pesar de que el sistema sanitario español es mejor, también superamos su gasto en sanidad y “los médicos portugueses son los peor pagados de toda Europa occidental”.

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“En Portugal, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, del principal partido de la derecha, el PSD, ha ido de la mano del primer ministro, Costa, del PS, actuando como si hubiera un Gobierno de concertación, cuando no hay sino un Gobierno monocolor del PS. Esto ha sido posible porque ambos partidos forman un bloque central constitucional que siempre se ha unido en los tiempos de dificultad para proteger la democracia portuguesa”, concluye.

Respecto a Francia, varios partidos recuerdan que el primer ministro, Édouard Philippe, expuso y debatió su plan en el Parlamento, no en rueda de prensa. Y lo sometió a votación, aunque fue de manera simbólica, que superó con holgura, pero con 100 en contra y 103 abstenciones, de un total de 571 parlamentarios. El partido de gobierno tiene mayoría absoluta. En Alemania, según explican las comunidades autónomas, el Gobierno federal ha creado células de funcionamiento para tomar las decisiones con los 'länder' o estados.