Iglesias acelera en el estado de alarma las medidas previstas para toda la legislatura

La presión de Unidas Podemos desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus está suponiendo un notable acelerón en las medidas que Pablo Iglesias logró arrancar a Pedro Sánchez en las negociaciones para el programa del Gobierno de coalición. Reivindicaciones históricas de los morados, como el ingreso mínimo vital, la reestructuración de la deuda hipotecaria para las familias en situación de vulnerabilidad y las medidas contra los desahucios, la prohibición de los cortes de suministros —"cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares"— o la prohibición total de la publicidad de los juegos de azar —a pesar de que hace tan solo un mes se había aprobado un decreto menos restrictivo—, o bien se han aprobado ya o bien se han calendarizado para llevar a las próximas sesiones del Consejo de Ministros.

Aunque la mayor parte de las medidas con las que se está construyendo el denominado 'escudo social' formaban parte del programa de gobierno de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, su implantación estaba prevista a lo largo de toda esta legislatura y no en sus primeros compases, como está sucediendo. Especialmente llamativo ha sido el caso del ingreso mínimo vital, que como reconocen fuentes de la vicepresidencia segunda no se esperaba desarrollar hasta los últimos tramos de la legislatura. Era uno de los "grandes caballos de batalla para esta legislatura", explican estas mismas fuentes sin esconder la satisfacción de que se haya comprometido cuando apenas se han cumplido los 100 primeros días del Gobierno de coalición.

La situación de crisis social y económica derivada de la emergencia sanitaria por el covid-19 lo ha acelerado todo, al mismo tiempo que se ha redoblado la presión de Iglesias en el seno del Gobierno de coalición. La táctica que había diseñado el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo se ha transformado durante estas semanas, quemando a pasos acelerados las fases previstas para la legislatura del primer Gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia. Hasta lo programado para el largo plazo se ha convertido en urgente. Este es el caso de la fiscalidad, que será uno de los próximos caballos de batalla de los morados y que se pondrá sobre la mesa nada más remita la emergencia sanitaria.

La propuesta de una 'tasa covid' en forma de impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ya ha sido deslizada por el sector de Unidas Podemos en el Gobierno en los debates del Consejo de Ministros. El objetivo es ir asentando este debate y, aunque no se considere tan urgente implantar nuevas figuras tributarias si el BCE sostiene la deuda pública, pone encima de la mesa una reforma fiscal en unos pocos meses. Desde Izquierda Unida, de hecho, su coordinadora federal ha elaborado un informe con un plan de reconstrucción que pone el foco en una reforma fiscal, tanto de la tributación existente (impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones, de depósitos, IRPF e impuesto sobre bienes inmuebles) como de nuevas figuras tributarias (impuestos de transacciones financieras, impuestos de solidaridad temporal a las grandes rentas o grandes patrimonios "para ayudar a sufragar el coste de las medidas contra el coronavirus" y fiscalidad ecológica).

La progresividad fiscal y la introducción de alguna nueva figura tributaria se incluyeron en el programa de gobierno, pero tampoco se trataba de medidas urgentes para este tramo de la legislatura, como fue el caso del salario mínimo o la derogación de algunos artículos de la reforma laboral. De hecho, con respecto a la tributación de las grandes fortunas, el texto acordado se comprometía vagamente estableciendo que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".

El sector morado en el Gobierno está ahora trabajando en un plan de estímulos fiscales de cara al periodo posterior a la pandemia, que incluye medidas que sobrepasan el programa acordado. En líneas generales, este plan pivota sobre un programa de inversiones verdes, el blindaje de los servicios públicos y una revolución en el sistema de atención a la dependencia y los cuidados.

El plan que está elaborando la dirección de IU, que liderara el ministro de Consumo, Alberto Garzón, incluye también por su parte medidas de máximo que también van más allá del texto programático firmado por la coalición. Este es el caso de cuestiones como la banca pública, una nueva política de deuda pública, el impulso de un sector público energético, así como planes de empleo garantizado y de reindustrialización. Un documento que se pretende tener listo el próximo 30 de abril.

La crisis asociada al covid-19 ha cambiado los ritmos del Gobierno y el curso de la legislatura. Este acelerón en lo programático se complementa con las prisas para poner en marcha unos grandes acuerdos de reconstrucción a los que se pretende sumar todos partidos políticos, administraciones y agentes sociales. A falta de que se concrete tanto su formato como sus contenidos, algunos de los socios de Sánchez en la investidura, como ERC, que seguiría siendo una fuerza imprescindible para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado si no cuentan con el concurso de los populares, exigen "medidas sociales con carácter inmediato y constante". Medias que, según lo que han ido desgranando los republicanos en los últimos plenos en el Congreso, exceden con creces a lo plasmado en el programa del Gobierno de coalición.