MONCLOA DA PRIORIDAD AL GASTO SOCIAL ANTE EL HORIZONTE ELECTORAL

Fin de la crisis: Rajoy firma los PGE más expansivos en una década

Los Presupuestos de 2018 serán los más expansivos en una década. El escenario mundial ha mejorado y también la economía española. Pero la regla de gasto sigue operando

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

Una década después de la Gran Recesión, la economía española entra en una nueva fase. Han sido necesarios cuatro años consecutivos con un crecimiento situado en el entorno del 3% para que el Gobierno haya abierto la mano en su política fiscal y firme los Presupuestos Generales más expansivos de la era Rajoy.

No es que el ministro Montoro haya decidido tirar la casa por la ventana. De hecho, el gasto público (+1,6%) seguirá creciendo menos que los ingresos en 2018 (+6%), pero el Gobierno ha dado prioridad a cuestiones de fuerte contenido político (comienza el ciclo electoral) y social: pensiones, sueldo de los empleados públicos, rebaja fiscal para las rentas inferiores a 18.000 euros, ampliación del permiso de paternidad o rebaja del IVA cultural.

Es decir, una política fiscal más expansiva que pone en apuros a los partidos de la oposición, que ya han anunciado una enmienda de devolución al proyecto de ley que registrará el Gobierno en el Congreso el próximo día 3 de abril. A partir de ahí, Moncloa tiene alrededor de tres semanas para negociar. Si no obtiene más síes que noes, el texto volverá a la casilla de salida.

No lo tendrá fácil. Entre otras cosas, porque España debe rebajar el déficit del 3,1% del PIB al 2,2%, y aunque esa reducción se vaya a financiar con ingresos tributarios, el techo de gasto está ahí para marcar el perímetro de negociación. Pero también la regla de gasto, que impide a las administraciones gastar por encima de la recaudación, aunque se encuentren en situación de equilibrio fiscal. Es decir, Hacienda —gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria— sigue teniendo la sartén por el mango aun cuando la economía vaya a acumular cuatro años consecutivos creciendo alrededor de un 3%.

Montoro, incluso, se ha guardado un as en la manga para doblegar al PSOE ante las previsibles dificultades para contar con los cinco votos del PNV. El proyecto de ley incorpora una partida de 4.244 millones de euros de recursos adicionales para las comunidades autónomas y ayuntamientos en cumplimiento del actual modelo de financiación, que funciona con un sistema de entregas a cuenta sobre los ingresos recaudados. Eso significa que si no hay Presupuestos, esos ingresos se retrasan (se trata de un derecho de las CCAA), de ahí que Ferraz vaya a sufrir la presión de algunos de sus alcaldes y barones territoriales. Máxime cuando el año que viene (mayo) se celebrarán elecciones locales y autonómicas, lo que supone un incentivo para gastar más.

Círculo virtuoso

Lo que está fuera de toda duda es que la economía ha entrado en un círculo virtuoso en cuanto al avance del PIB, aunque todavía vaya a arrastrar durante los próximos años un elevadísimo nivel de desempleo: 15,5% en 2018 de media anual.

La propia Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) lo certificó ayer. En su opinión, la senda de crecimiento prevista para 2018 “se considera prudente y su composición, verosímil”. El organismo que preside José Luis Escrivá destaca la “evolución contenida tanto del consumo público como del privado, manteniéndose la demanda interna como principal motor de la economía”.

España, de hecho, por primera vez desde el Plan de Estabilización de 1959, ha encadenado cinco años consecutivos con superávit exterior (1,7% del PIB). Y aunque la deuda externa todavía representa el 80% del PIB (el triple de lo que recomiendan los organismos multilaterales), esos excedentes contribuyen a reducir una de las principales vulnerabilidades de la economía española.

Detrás de este optimismo se encuentra, sin duda, el escenario económico en Europa, hacia donde se dirige la mayor parte las exportaciones, que representan ya el 34,1% del PIB de España (nueve puntos más que en 2008). Y hay que tener en cuenta que la zona euro crecerá este año un 2,4%, lo que supone la mayor tasa desde la crisis. Pero es que en el caso del PIB mundial, el avance será del 4,1%, también el mayor registro desde la Gran Recesión.

Es decir, la economía española podrá aprovechar un contexto exterior claramente favorable —petróleo a 66 dólares por barril—, que será compatible con unos tipos de interés extremadamente bajos (el euríbor a tres meses se mantendrá en el -0,3%) y una inflación mínima. El deflactor del PIB apenas avanzará un 1,5%, pese a la fortaleza de la demanda interna.

Deuda e inflación

El Tesoro estima, de hecho, que la rentabilidad del bono español a 10 años se situará, como media, en el 1,6%, lo que significa que el endurecimiento de la política monetaria se retrasará al menos hasta 2019. No es un asunto menor para un país con un endeudamiento público que se mantiene muy cerca del 100%. Y aunque el desapalancamiento del sector privado (familias y empresas) ha sido intenso, todavía representa el 170% del PIB. Por lo tanto, la deuda pública y privada se sitúa en el entorno del 270% del PIB, lo que explica que el Gobierno haya querido elaborar unos Presupuestos más expansivos, pero sin perder de vista la sostenibilidad de la deuda para cuando vengan los tiempos duros.

La baja inflación, en todo caso, a quien perjudica es a la Seguridad Social, cuya recaudación está fuertemente vinculada a la evolución de los precios, ya que si sube el IPC también se incrementan los salarios, y ello supone mayores recursos a través de las cotizaciones sociales.

La otra vía para aumentar los ingresos viene del empleo, y lo que dice el cuadro macro es que se crearán este año 475.000 puestos de trabajo en términos EPA (Encuesta de Población Activa), aunque si se utiliza la contabilidad nacional, que refleja el número de nuevos empleos a tiempo completo, la cifra baja hasta los 339.000 nuevos ocupados. Eso quiere decir que el candidato del Partido Popular podrá presentarse a las elecciones territoriales con alrededor de 19,47 millones de puestos de trabajo, ya cerca de los 20 millones que se ha puesto como objetivo el presidente del Gobierno para las elecciones de 2020 (si no hay adelanto).

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