El acoso a la estabilidad presupuestaria frena el plan de Rajoy para agotar la legislatura

Mientras el Gobierno da por hecho que podrá encauzar en el primer trimestre del próximo año los Presupuestos Generales del Estado de 2018, la oposición impulsa las iniciativas parlamentarias para que Mariano Rajoy no pase del siguiente ejercicio sin verse obligado a adelantar elecciones. Las iniciativas parlamentarias contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como la destinada a acabar con el superávit en las administraciones locales o la proposición de ley de renta mínima, avanzan en el Congreso sin que el Ejecutivo las pueda parar. La oposición de izquierdas apuesta por el cerco a unas reformas que Rajoy considera irrenunciables (el equilibrio de la cuentas públicas y la reforma laboral), cuya defensa puede requerir el cierre de la legislatura antes de la convocatoria de los comicios municipales de mayo de 2019.

El retraso en la presentación del veto del Ejecutivo en el Congreso a la iniciativa de Podemos contra la llamada 'regla de gasto' en la gestión de los ayuntamientos ha añadido aún más incertidumbre a los planes de Rajoy para asegurar la estabilidad política y mantener la recuperación económica después del 21-D. El escrito del Gobierno para invocar el principio constitucional que protege el equilibrio presupuestario llegó cuatro minutos tarde, y aunque el PP pidió una interpretación flexible de los tiempos, los miembros del PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Mesa de la Cámara decidieron permitir el trámite parlamentario de la proposición de ley podemita.

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El plan de Podemos, que cuenta con el apoyo de los socialistas y los grupos nacionalistas e independentistas del Congreso, es una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eximir a los ayuntamientos de cumplir la llamada 'regla de gasto' en el caso de que alcancen el equilibrio o el superávit en sus cuentas. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, con la proposición de la izquierda, se perderían 6.847 millones para el equilibrio general de los Presupuestos del Estado.

El Gobierno atribuyó a un retraso por motivos "informáticos" en la comunicación entre Hacienda y la Secretaría de Relaciones con las Cortes el hecho de que no llegara a tiempo la petición de veto. Y para frenar a partir de ahora la tramitación parlamentaria, dijo a los grupos de la oposición y eventuales socios del PP que, de entrar en vigor esa ley defendida por Podemos, sería necesario hacer ajustes o subir impuestos en las próximas cuentas generales para compensar la pérdida de la contribución de los ayuntamientos de toda España al ajuste del déficit general.

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España se juega en 2018, y con examen final a principios de 2019, el salir o no del procedimiento por exceso de déficit impuesto por la UE en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero (2009). El Gobierno tiene que bajar el déficit público del 3% del PIB y los ayuntamientos contribuyen vía superávit a ese objetivo con un 0,6%, según Hacienda.

En paralelo a la contrarreforma de la 'regla de gasto', el Congreso tramita también una proposición de ley impulsada por los sindicatos y que cuenta con el visto bueno de Podemos y la comprensión del PSOE para establecer una 'renta mínima' para los sectores de población más necesitados. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha comparecido en el Congreso para explicar que ese plan indiscriminado de subvenciones costaría entre 15.000 y 9.000 millones de euros (según cálculo de Comisiones Obreras) y repercutiría sobre el déficit público para incrementarlo entre el 1,5 y un 2%.

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El objetivo económico de Rajoy para 2018, si saca adelante los Presupuestos con el PNV y Ciudadanos, es sacar a España del procedimiento por déficit excesivo, punto fundamental para aumentar inversiones y garantizar el crecimiento y la creación de empleo para la segunda parte de la legislatura. El Grupo Popular se prepara ahora para retrasar todo lo que pueda en el Congreso y el Senado, donde tiene mayoría absoluta, proposiciones de leyes de contrarreforma de la izquierda como las citadas. Pero la oposición tiene en su mano bloquear el desarrollo de la legislatura a finales del próximo ejercicio si coordina sus esfuerzos en la Cámara Baja.

El plan de estabilidad de Rajoy consiste en garantizarse otras cuentas del Estado para el próximo año que, en el peor de los casos, podrían ser prorrogadas en diciembre para tener margen de maniobra durante 2019 para convocar las próximas elecciones. El recurso de la oposición para forzar el adelanto antes de las municipales de mayo se basa en amenazar antes con derogar las grandes reformas económicas y laborales impulsadas por el PP en la última legislatura larga. El PSOE y Podemos saben que ese es el límite que se ha fijado el Partido Popular para decidir si merece la pena seguir en el poder mientras la oposición de izquierdas impone puntos de su propio proyecto político.