¿Renta mínima? Cuesta 13.000 millones y el dinero irá a quienes no lo necesitan

La tramitación de la Prestación de Ingresos Mínimos sigue generando polémica en el Congreso de los Diputados. La medida, una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por los sindicatos y apoyada por la oposición provoca una gran controversia debido a su elevado coste. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha puesto sobre la mesa otro punto de discusión: ¿realmente sirve para ayudar a quienes más lo necesitan?

Un estudio del Parlamento Europeo pone de manifiesto que el principal problema de esta prestación es que "los más beneficiados no son quienes más lo necesitan", en palabras de Escrivá. Esto supone una "gran preocupación", ya que la medida requeriría un esfuerzo muy elevado por parte de los contribuyentes que podría no resultar efectiva debido a "problemas burocráticos, a su complejidad,...". La dificultad para garantizar que el dinero solo va a quienes realmente lo necesitan hace que la medida no sea efectiva y su coste se dispare.

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El riesgo es el habitual en las prestaciones a los desempleados: que las ayudas se las lleven quienes puedan y sepan cómo solicitarlas y que no exista un control suficiente para garantizar que el dinero solo va a las personas que realmente no tienen la capacidad para generar ingresos. Escrivá ha recordado que los distintos estudios existentes en Europa muestran que "los países que más gastan no siempre redistribuyen mejor". El mejor ejemplo es Italia, que realiza un gran gasto social pero no encabeza los niveles de redistribución de renta.

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Escrivá también ha señalado que el Parlamento recomienda que estas prestaciones tienen que formar parte de las políticas activas de empleo, esto es, que su objetivo no sea ayudar 'porque sí' a todo aquel que quiera solicitarlas, sino que deberían estar destinadas a que los parados sin prestación encuentren un empleo. Si se incluyesen en las políticas activas, surge una pregunta fundamental: ¿qué ocurre en el caso de un beneficiario que rechaza un empleo? ¿Sigue cobrando la prestación? Estas dudas serán las que tengan que resolver los diputados durante la tramitación de la ILP.

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El coste de esta prestación es tan elevado que obliga a que la medida esté bien diseñada, si es que finalmente se termina aprobando. Según los cálculos de la AIReF, estaría entre 6.000 y 13.000 millones de euros, esto es, entre el 0,5 y el 1,1% del PIB. Sin embargo, su coste podría aumentar si se tienen en cuenta algunas de las enmiendas introducidas por los grupos políticos. En este caso, el coste podría superar claramente los 15.000 millones de euros para las arcas públicas.

Escrivá ha alertado que las cuentas de España no se podrían permitir tal lujo y sería necesario subir los impuestos. El déficit estructural de España está en torno al 2% del PIB, algo más de 20.000 millones de euros, lo que significa que ya tiene muy difícil cumplir con la senda de estabilidad fijada por Bruselas. Si además se eleva el gasto en otros 15.000 millones, el objetivo 'déficit cero en 2020' se convierte en prácticamente imposible sin nuevas medidas tributarias.

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Pero el presidente de la Autoridad Fiscal señala que el reparto del déficit es desigual por Administraciones: la Administración Central y la Seguridad Social tienen un agujero estructural del 2,5% del PIB, las comunidades autónomas están en equilibrio y las corporaciones locales tienen un superávit de algo más del 0,5%. Si la renta mínima se carga sobre el Estado, sus problemas fiscales dificultarán la aplicación efectiva de la ley, algo así como lo que ha ocurrido con la Dependencia. En palabras de Escrivá, "este tipo de medidas termina no consolidándose por falta de recursos". "Es importante que las competencias estén alineadas con los niveles de financiación de cada Administración", ha remarcado.