Montoro lleva mucha razón: “A mí que me vigilen…, sí, sí”

Tiene razón el ministro de Hacienda cuando sugiere que lo mejor que le puede pasar a España —y a otros países del euro— es que la Unión Europea vigile nuestras cuentas públicas. Entre otras cosas, porque la deficiente gobernanza de la moneda única explica, en buena medida, que el euro estuviera a punto de saltar por los aires.

Pero tiene todavía más razón cuando sostiene que España crece más que la media de la UE por la combinación de una política monetaria extremadamente laxa y porque la senda del ajuste fiscal ha sido mucho más suave que en el resto de países del euro. España es, de hecho, el único país que sigue dentro del Protocolo de Déficit Excesivo, que supone una vigilancia especial por parte de la Comisión Europea.

Como se sabe, este procedimiento exige al país en cuestión que presente un plan con las medidas y las políticas correctoras que aplicará para subsanar el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), además de los plazos para su ejecución. Los países de la zona euro que no sigan estas recomendaciones podrán ser sancionados (salvo pactos políticos, como demostró España en 2016).

Lo paradójico, sin embargo, es que cualquier Gobierno estaría deseando salir del PDE, pero no es el caso del ministro Montoro, que se encuentra cómodo con la vigilancia de la UE. “A mí que me vigilen…, sí, sí”, dijo ayer de forma sarcástica. Probablemente, porque la mejor coartada para convencer a la opinión pública de que el gasto debe crecer dos o tres puntos por debajo de los ingresos es estar vigilado por la UE. Pero también porque el ministro de Hacienda es consciente de que un país con un enorme desempleo no está, precisamente, para nuevas políticas de recortes, salvo que se quiera sacrificar el crecimiento. Y, de hecho, eso es lo que ha contribuido a que España encadene tres años consecutivos con un avance del PIB superior al 3%, lo cual, dicho sea de paso, beneficia a las empresas francesas y alemanas, con cuantiosos intereses en la piel de toro.

El resultado es que España ha venido bajando el déficit público a un ritmo de algo más de un punto de PIB por año, se ha pasado del 9,31% en 2011 al 3,07% en 2017 (sin ayudas a la banca), lo que significa que a esta velocidad se tardarán otros tres años en volver al equilibrio presupuestario. Ahora bien, la cifra oculta una verdad incómoda. Hasta 2020, la factura del déficit vendrá de la mano de la Seguridad Social, que este año 2018 será responsable de la mitad del déficit público (1,1 puntos de PIB sobre 2,2 puntos); de un 70% del déficit en 2019, y de un 100% en 2020. Es decir, la causa del desequilibrio presupuestario está perfectamente identificada.

¿Regiones manirrotas?

Eso quiere decir que ni las comunidades autónomas ni, por supuesto, los ayuntamientos (con un superávit de 6.812 millones de euros el año pasado) son esos entes manirrotos que muchos han dibujado durante años. Hoy, la Administración periférica (suma de ayuntamientos y comunidades autónomas) está en superávit. Por el contrario, el subsector Estado es quien tiene mayores dificultades para reducir el déficit.

Sin duda porque la posición de partida era sustancialmente peor. En 2012, el déficit de la Administración central llegó a representar casi el 8% del PIB, y hoy ha bajado hasta el 1,9%, lo que da idea del ajuste que se ha hecho. Fundamentalmente, en tres partidas: desempleo, gastos financieros para pagar la deuda e inversión pública.

En el caso de las corporaciones locales, su superávit hay que vincularlo a que sus ingresos son menos dependientes del ciclo económico (el IBI se paga todos los años al margen de cuánto crezca el PIB); mientras que, en el caso de los gobiernos regionales, el ajuste ha sido algo inferior (3,03 puntos de PIB entre 2011 y 2017) al del Estado (3,89 puntos). Aun así, y esto es lo relevante, España se gastó el año pasado 36.233 millones que no tenía, que diría el presidente Rajoy, lo que da idea del camino que aún queda por andar.

La lenta corrección del déficit tiene, sin embargo, un hito. En 2017, por primera vez desde el estallido de la crisis, el Estado —sin contar el resto de administraciones— tuvo superávit primario. O lo que es lo mismo: descontando el servicio de la deuda, los ingresos superaron a los gastos.

En concreto, el excedente primario equivale a 4.143 millones de euros, el 0,36% del PIB. Esto es importante porque significa que España ha dejado de endeudarse para pagar los tipos de interés que piden los mercados para financiar el déficit, lo cual supone un punto de inflexión muy relevante. Ahora bien, todavía debe destinar al servicio de la deuda 26.390 millones, una cifra que cae año tras año pese a que el volumen del endeudamiento en términos absolutos no deja de crecer. El desplome de los tipos de interés explica esta paradoja.