RECLAMAN MÁS MARGEN PARA POLÍTICAS SOCIALES

Las grandes ciudades se rebelan contra la regla de gasto de Montoro

La regla de gasto ha levantado a los concejales de Hacienda de los mayores municipios contra Montoro. Piden al Gobierno que flexibilice su aplicación, habida cuenta del superávit

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La llamada regla de gasto se ha convertido en el objetivo político a batir por parte de los responsables de Hacienda de los mayores ayuntamientos de España. En una tribuna conjunta, los concejales de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Badalona, Oviedo, Cádiz, Santiago y Rivas han pedido al ministro Montoro que cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que sus ayuntamientos, con holgura presupuestaria suficiente, puedan aumentar las inversiones en servicios públicos necesarios.

En concreto, se acusa al Gobierno de utilizar la “regla de gasto” para restringir la actuación de las corporaciones locales, “a pesar de que estas presentan importantes superávits presupuestarios, cosa de la que no pueden presumir ni la Aadministración central ni las comunidades autónomas”.

[Montoro tutelará semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid]

La tribuna recuerda que, en los dos primeros años de legislatura, mientras las corporaciones locales reducían el 14,08% la deuda, las comunidades autónomas la incrementaban un 13,8% y la Administración central, un 8%. De ahí que consideren “incomprensible para cualquier observador imparcial que el Ministerio de Hacienda se obsesione en limitar el gasto e inversión de los ayuntamientos por debajo de una tasa de referencia del PIB que es inexacta y volátil y que implica una pérdida continuada de peso del gasto público en relación al PIB”. Es más, en su opinión, “supone poner obstáculos para asegurar el imprescindible incremento del gasto público social en un contexto de infradesarrollo del mismo”.

En el texto, se acusa a Hacienda de aplicar las “medidas correctivas y coercitivas incluidas en la ley [de estabilidad presupuestaria] con una arbitrariedad que va mucho más allá de lo que la propia normativa recoge en un ejercicio que supone una flagrante limitación de la autonomía local”. Se cita, en concreto, el caso del Ayuntamiento de Madrid, que estará obligado a presentar a Hacienda semanalmente todos sus movimientos presupuestarios después de que en los últimos años incumpliera la regla de gasto.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

En opinión de los firmantes del escrito, existe un “perverso motivo” por parte de Hacienda. El Gobierno central necesita el superávit de las corporaciones locales para compensar los déficits en los que incurren en las administraciones que gobierna el PP, “en las que se recortan gastos y servicios públicos que afectan más a los que en peor situación están”.

Más inversión

Y en este sentido, se anuncia que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentará una proposición de ley para su debate y aprobación en la comisión de Hacienda y Función Pública, para que se proceda a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. Con esta modificación, se permitiría dedicar más recursos a inversión municipal.

La aplicación de la regla de gasto ya fue criticada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y por la propia Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que han pedido a Hacienda que reflexione sobre su utilidad aplicada a corporaciones locales con importantes excedentes (los ayuntamientos tuvieron el año pasado un superávit superior a los 7.000 millones de euros).

Los ayuntamientos acusan a Hacienda de aplicar “medidas correctivas y coercitivas" con arbitrariedad

La regla de gasto obliga a las administraciones públicas a gastar por debajo del crecimiento del PIB a medio plazo, siendo posible superar esa tasa, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente. La regla de gasto establece, en concreto, que para 2018 la tasa de referencia sea del 2,4%, es decir, por debajo del avance del PIB nominal, lo que obliga a los ayuntamientos y otras administraciones a elaborar presupuestos necesariamente restrictivos.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, aseguró recientemente en el Congreso que su organismo era incapaz de evaluar la regla de gasto, por lo que pidió que fuera reformado este instrumento de control presupuestario. Según Escrivá, habría que reformar la regla homologándola a lo que es habitual en Europa. “Acaba restringiendo a algunas administraciones y otras son incapaces de cumplirla, como las comunidades autónomas", dijo en el Parlamento.

La regla de gasto, tal y como la define el artículo 5 del Reglamento de la CE, no supone una limitación por completo del gasto público. La norma concede, tanto si se cumplen como si no se cumplen los objetivos a medio plazo, un determinado margen de maniobra al legislador presupuestario nacional. Este puede introducir medidas de incremento de ingresos a través de las cuales —a pesar de incrementar el gasto por encima de la tasa de crecimiento potencial del PIB— se pueda dar cumplimiento a la regla de gasto.

Este es el texto íntegro de la tribuna firmada por los concejales de los consistorios:

En defensa de la autonomía local

Las elecciones municipales de mayo de 2015 dejaron un escenario inédito en algunas de las principales ciudades del país. Candidaturas de confluencia y de unidad popular conformadas por Podemos, Izquierda Unida, Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, Anova, Iniciativa, Equo, y colectivos sociales y de activistas destacados en las movilizaciones contra la crisis, lograron alcanzar las alcaldías de municipios de enorme importancia en todo el Estado: no fueron solo Madrid y Barcelona. A las dos ciudades de mayor tamaño se añadieron Zaragoza, A Coruña, Santiago, Cádiz, Zamora, Ferrol o Badalona. En Valencia, tras décadas de gobierno del Partido Popular (PP), se impuso Compromís junto con Valencia en Comú. También Córdoba, Valladolid y Alicante fueron recuperadas de las manos de la derecha, gracias a acuerdos con el PSOE. Algunos otros municipios, como Rivas Vaciamadrid, con gobiernos tradicionalmente de izquierdas que aguantaron en el desierto de años anteriores, fueron privilegiados testigos del profundo cambio del mapa del poder local.

Dos años y medio después, incluso con los enormes retos aún todavía por alcanzar, los ayuntamientos del cambio han hecho honor a esa denominación con una gestión honesta y eficaz de los recursos públicos para maximizar el bienestar de la ciudadanía. Más inversión y gasto social sí, pero también cuentas saneadas con superávit y reducciones de deuda. Detrás de esos datos hay mejores instalaciones deportivas, nuevas escuelas infantiles, centros de mayores reformados, bibliotecas, mejora del asfaltado, recuperación de algunos servicios públicos externalizados, apuestas por la cultura para todos, desarrollo de cláusulas sociales en la contratación pública y lucha por mejorar la situación de la vivienda en nuestras localidades. Demostramos en la práctica que hay alternativa económica y de gestión a la caracterizada por quienes han hecho del deterioro de los servicios públicos su máxima.

Pero eso, genera un enorme boquete político al Partido Popular porque deja en evidencia sus erradas líneas de acción. Y explica su reacción hostil.

Es evidente que existen múltiples necesidades económicas y sociales que pueden ser cubiertas por los municipios en el desarrollo de sus competencias. Y los ayuntamientos nos encontramos con muros legales que impiden que las podamos acometer. Mediante la aplicación de la 'regla de gasto' enunciada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el Gobierno del PP está restringiendo la actuación de las corporaciones locales, a pesar de que estas presentan importantes superávit presupuestarios, cosa de la que no pueden presumir ni la Administración central ni las comunidades autónomas. De hecho, en los dos primeros años de legislatura, mientras las corporaciones locales reducían el 14,08% la deuda, las comunidades autónomas la incrementaban un 13,8% y la Administración central, un 8%. Precisamente por esa exquisita ejecutoria que respaldan los datos publicados por el Banco de España, resulta más incomprensible para cualquier observador imparcial que el Ministerio de Hacienda se obsesione en limitar el gasto e inversión de los ayuntamientos por debajo de una tasa de referencia del PIB que es inexacta y volátil y que implica una pérdida continuada de peso del gasto público en relación al PIB. Supone en definitiva poner obstáculos para asegurar el imprescindible incremento del gasto público social en un contexto de infradesarrollo del mismo.

Por si esto no fuera poco, el Gobierno del Partido Popular está utilizando las medidas correctivas y coercitivas incluidas en la ley con una arbitrariedad que va mucho más allá de lo que la propia normativa recoge en un ejercicio que supone una flagrante limitación de la autonomía local. Madrid es el ejemplo más reciente y desgraciadamente no será el último. Hay un perverso motivo detrás de todo esto: necesitan el superávit de las corporaciones locales para compensar los déficits en los que incurren en las administraciones que gobiernan en las que, por cierto, recortan gastos y servicios públicos que afectan más a los que en peor situación están.

Por eso, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta una Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la comisión de Hacienda y Función Pública, para que se proceda a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.

Se trata de una modificación legal que permitiría que podamos dedicar los recursos municipales de los que disponemos a mejorar nuestras ciudades. Que esto se haya convertido en una disputa con el Gobierno del Partido Popular solo tiene una explicación: no pueden permitir que la exitosa experiencia municipalista que emerge imparable le salga bien a la mayoría social de este país. Nosotros y nosotras no podemos permitir que salga mal.

Firmas:

Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde y concejal encargado del área de Trabajo, Economía y Planificación del Ayuntamiento de Barcelona

María Oliver Sanz, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia

Fernando Rivares, concejal de Economía, Hacienda y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza

Alba Doblas, concejala de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba

Eugenia Vieito Blanco, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de A Coruña

Jose Téllez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Badalona

Rubén Rosón, concejal de Hacienda de Oviedo

David Navarro, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz

María Rozas, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago

Sira Rego, concejala de Hacienda de Rivas Vaciamadrid

Economía

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