La crisis energética también golpea a Japón y lo obliga a superar su trauma nuclear

A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Japón está tomando este dicho al pie de la letra y, en medio de una crisis energética, la guerra de Ucrania y un yen devaluado, ha apostado por la energía nuclear. Ni siquiera la catástrofe de Fukushima ha hecho sombra a la necesidad del Gobierno nipón de asegurar el abastecimiento de energía más inmediato.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció este miércoles que su Gobierno respaldará la construcción de al menos siete nuevos reactores nucleares, un giro radical hacia esta energía que suponía más del 30% de la producida por el país antes del accidente de 2011. Hoy en día, después de que su uso fuera disminuyendo incluso en favor de alternativas más contaminantes como el carbón, solo llega al 4% del total. "La invasión de Rusia ha cambiado la situación energética global", sentenció el mandatario.

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Japón inició el mes pasado un periodo de ahorro de energía de tres meses por primera vez en siete años. El Gobierno pidió a los ciudadanos que apaguen las luces, los televisores, el aire acondicionado y los asientos de los famosos inodoros con calefacción. Junio fue el mes más caluroso que el país ha experimentado desde 1875 y julio siguió una senda similar. Las empresas de servicios públicos respondieron con el reinicio de plantas de energía que en un principio habían sido descartadas. Entre ellas, muchas nucleares, que han sido reparadas para volver a ponerlas en funcionamiento.

Kishida ya había anunciado a mediados de julio la apertura de hasta nueve reactores nucleares para que estén operativos en un invierno que estará marcado por la escasez de energía. El Gobierno aseguró que hará todo lo posible para superar esta crisis y que planea producir cerca del 10% del consumo eléctrico de Japón en la época de invierno.

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La medida del Gobierno llega en un momento convulso para el país. Por un lado, se anunció después de las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento y del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Además, el presidente ruso, Vladímir Putin, publicó un decreto para crear una compañía que retomara los derechos y obligaciones del gigantesco proyecto de gas Sakhalin-2. Esta decisión supondría el fin de la participación extranjera en el proyecto de gas natural licuado (GNL), en el que Japón ha invertido fuertemente.

La nacionalización encubierta de Rusia

El Sakhalin es el conducto de GNL más cercano a Japón y tarda menos de dos días en llegar al país por las canalizaciones. Una gran ventaja en comparación con los cerca de 30 días que tardan las importaciones de Estados Unidos. En total, Sakhalin suministra el 9% de las importaciones totales de GNL de Japón y es el segundo mayor importador de gas del mundo después de China.

Las empresas japonesas Mitsubishi y Mitsui poseen entre las dos el 22,5% del proyecto y la nacionalización encubierta de Putin será un duro golpe para ellas. En total, Sakhalin-2 abastece alrededor del 4% del mercado mundial de GNL y el 50% es propiedad de Gazprom y está operado por la misma. El decreto de Rusia mantiene esta participación y los accionistas que quieran formar parte del proyecto deben solicitarlo al Kremlin, que tendrá la última palabra sobre esta decisión.

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El primer ministro de Japón, criticado por los países del G-7 por su actitud poco contundente contra Putin y las sanciones a raíz de la guerra de Ucrania, se vio forzado a cortar con las importaciones de carbón ruso. Sin embargo, no se pronunció sobre las importaciones de gas natural, ya que Mitsubishi y Mitsui habían realizado importantes inversiones y no podía dejar de depender inmediatamente del gas ruso, como es el caso de Alemania. Ahora, a pesar de que Tokio ha realizado importantes avances en el ámbito de las energías renovables en los últimos años, no le queda otra opción que reabrir las nucleares.

Abe apostó en su momento por diversificar las fuentes de energía después de Fukushima y por una mayor relación con los vecinos rusos, que ahora ha salido mal. Fumio Kishida debe hacer frente al desmantelamiento de 21 de los reactores nucleares del país en los últimos años y muchos de los restantes ya son muy viejos para ser operativos. En total, Japón cuenta ahora mismo con 54 reactores.

El 'premier' quiere actuar con urgencia y solicitar lo antes posible que se reinicien las instalaciones que tiene previstas. Sin embargo, primero deberá superar las estrictas medidas de seguridad que se impusieron después de la catástrofe de Fukushima. Se presenta un tedioso y riguroso proceso de regulación por delante.

Otro de los problemas que tiene sobre la mesa el Ejecutivo nipón es la falta de apoyo social en los lugares donde están las instalaciones. Por un lado, por primera vez desde la catástrofe de 2011, los japoneses se muestran nuevamente favorables a la energía nuclear. Pero, por el otro lado, grupos contrarios a este tipo de energía han instado a detener el proceso de reenchufe nuclear y han presentado una serie de demandas con el fin de obstaculizar la puesta en marcha de los reactores alegando motivos de seguridad.

A estos grupos no les basta con que el ministro de Economía, Koichi Hagiuda, asegurara que revisaría los planes de construcción existentes para cumplir con estos nuevos estrictos estándares de seguridad. "Daremos prioridad a la seguridad y si la Autoridad de Regulación Nuclear aprueba su puesta en marcha, procederemos", aseguró Hagiuda. Matizó que buscará la aprobación de las comunidades locales para poner en marcha estas medidas, aunque no sea un requisito legal.

Casi nadie quiere regresar a Fukushima

A finales de julio, el Gobierno decidió eliminar formalmente la orden de evacuación de la ciudad de Futaba, en la prefectura de Fukushima, uno de los municipios afectados por el desastre nuclear de 2011. Sin embargo, actualmente, poco más del 10% de la población que residía en ese momento en la zona quiere regresar a su lugar de origen. El área fue designada como una base especial para la reconstrucción y revitalización, y una zona de "difícil retorno". Aunque los residentes podrán regresar permanentemente por primera vez desde el desastre nuclear, son una minoría los que así lo desean.

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La ciudad fue clasificada como una de las bases de reconstrucción y revitalización de seis municipios de la prefectura y se han realizado a conciencia lentos trabajos de descontaminación para reducir los niveles de radiación, así como el desarrollo de infraestructura para permitir el regreso de los residentes. Pero estos esfuerzos no han sido suficientes para convencer a los antiguos residentes de la zona.

Una encuesta realizada el verano pasado por la Agencia de Reconstrucción desvelaba que solo el 11,3% de los encuestados aseguraron que querían regresar a Futaba, mientras que el 60,5% ya había decidido no volver. El Gobierno local de la ciudad, en la que se busca que vivan 2.000 personas en 2030 —menos de un 30% de los residentes que vivían antes del accidente nuclear—, confía en que este porcentaje crecerá gracias al 25% de indecisos que aún no han tomado una decisión sobre el tema.

Sin embargo, muy pocos confían en que sea seguro regresar en tan poco tiempo y expresan dudas sobre las condiciones de vida en Futaba, un entorno inseguro e incierto. Igual que el futuro a corto plazo de la situación energética en Japón.