Aragón sospecha que el Gobierno elegirá la sede de la NASA española por cálculo electoral

La carrera territorial por albergar la sede de la agencia espacial, conocida como la NASA española, acaba de comenzar y ya surgen sospechas sobre la transparencia del Gobierno en la futura designación. La apertura del procedimiento, aprobada este martes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegura que el criterio a seguir es la deslocalización de la institución. Así, destacan dos favoritas: la ciudad de Sevilla y el municipio de Teruel y su entorno, el lugar que despertó a la España vacía. Pero en Aragón, donde gobierna el socialista Javier Lambán, hay cierto recelo por la neutralidad de la decisión y deslizan que finalmente primarán intereses políticos y electorales.

Fuentes cercanas a la candidatura de la ciudad de Teruel confirman a este diario que Sevilla “parte con ventaja": "Son múltiples los guiños del Gobierno central por la ciudad andaluza”. Entre otros, según detallan, se encuentra la celebración de una reunión europea sobre asuntos del espacio o la candidatura de la capital hispalense para organizar el Congreso Internacional de Astronáutica.

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En cuanto a Teruel, las mismas fuentes defienden que reúne las mejores condiciones: el primer aeropuerto de Europa en almacenaje y reciclaje de aviones, la primera compañía española en probar cohetes espaciales, los estudios propios en la Universidad de Zaragoza sobre astrofísica o el observatorio astronómico de Javalambre. El propio Gobierno aragonés se ha manifestado en esta línea. La consejera de Ciencia, Maru Díaz, señala que el Ejecutivo autonómico está “expectante” y que elegir a Sevilla sería “descentralizar Madrid, pero no serviría para vertebrar el territorio”. Otras voces cercanas a Lambán son más claras en privado: “Somos conscientes de que el peso político será determinante en la decisión y si termina siendo así sería un insulto para Teruel y para el compromiso con la España vacía”.

El peso político en la decisión

La creación de la Agencia Espacial Española aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Y, a su vez, se incluye en el Perte Aeroespacial, coordinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La creación de este organismo político es un proyecto capital para la seguridad nacional y para las políticas relacionadas con la investigación y economía del sector aeroespacial. En este contexto, se entiende la importancia de los territorios por captar la futura sede nacional y también la insistencia por garantizar la transparencia en la decisión.

Al margen de las sospechas de Aragón, otras candidaturas consultadas por este periódico prefirieron guardar silencio hasta conocer los requisitos definitivos, como León (Castilla y León) o Puertollano (Castilla-La Mancha). Otras, directamente, mostraron su confianza en que el proceso será garantista y se desvincularon de las sospechas que llegan desde Teruel, como el caso de Sevilla (Andalucía) o Canarias. En las islas son dos ciudades, Tenerife y Gran Canaria, las que suenan como aspirantes. La Comunidad de Madrid, que fue descartada en el inicio, siempre ha criticado el proceso y desde hace meses critica que el Ejecutivo haya rechazado la posibilidad de Tres Cantos incluso antes de que se abra el concurso. El equipo de Isabel Díaz Ayuso considera que este es otro ejemplo más de los ataques contra Madrid.

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Declaraciones recientes de distintos miembros del Gobierno central avivan la sospecha aragonesa. "Sevilla es una ciudad que está muy bien posicionada en el sector aeroespacial", afirmó la ministra de Ciencia, Diana Morant. También su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero, que manifestó públicamente su “preferencia obvia” por que la Agencia Espacial Española se instale en la ciudad andaluza.

Aragón, no obstante, es consciente de todos los condicionantes que pueden decantar la candidatura en uno u otro lugar. En este sentido, la consejera de Ciencia aragonesa reconoce que Canarias sí es una competidora, pero no piensa igual de la favorita Sevilla. “Sería cuestionable su elección si hablamos de despoblación. Si hay una provincia que merece esa redención por parte del Estado, es Teruel”, insiste. Sobre el desenlace, la dirigente aragonesa espera que la elección, pese a sus dudas, no se atenga a cálculos políticos o por "cuestiones ideológicas", ya que no sería bueno ni para la agencia espacial ni para el Gobierno: "Si nos han puesto condiciones y nos han hecho trabajar para preparar una propuesta, lo mejor es que se compita con la mayor limpieza posible".

Más críticas y dudas

La Comunidad de Madrid comparte la teoría de Aragón, aunque en su caso lo ha exteriorizado de un modo más contundente. “Cuando la ministra de Ciencia se reúne con el alcalde de Sevilla, pero niega verse con nosotros, algo huele mal”, denunció el regidor de Tres Cantos (Madrid), el popular Jesús Moreno, que también forma parte del equipo de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid. El municipio madrileño, que también se postula a albergar la NASA española, teme que su opción no sea “siquiera tenida en cuenta” después de que Sánchez anunciara que la sede estaría fuera de Madrid.

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Las intenciones de la Moncloa por descentralizar España y esparcir instituciones de peso en todo el territorio nacional resultan contraproducentes a ojos del Gobierno municipal. El alcalde de Tres Cantos argumentó que es un punto de partida “erróneo”, pues sostiene que Madrid es el centro neurálgico de la industria espacial. “Claro que hay que cohesionar España, pero no puede ser poniendo en riesgo la apuesta por un sector tan importante para el futuro”.

La candidatura madrileña ha sido respaldada desde Sol. Pero el Ministerio de Ciencia, que junto a Política Territorial y Defensa coordina el proceso de selección que arrancó este martes tras el Consejo de Ministros, mantiene que habrá transparencia de principio a fin. En el plazo máximo de un mes se conocerán los criterios finales por los que se valorarán las opciones de cada ciudad y será entonces cuando los aspirantes podrán presentarse de manera oficial. “Si de verdad hubiera algo decidido, no tendría sentido hacer un proceso público como este”, sostienen desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.