Teruel se revuelve contra Moncloa por no aplicar las ayudas fiscales para la España vaciada

La provincia de Teruel está empezando a organizarse para mostrar su hartazgo por las promesas incumplidas del Gobierno de España para revertir la despoblación. Nada se sabe de las medidas fiscales incluidas en los presupuestos generales del Estado para bonificar hasta un 20% los costes laborales de las empresas de la España vaciada, donde se incluye, además de Teruel, a Soria y Cuenca. La reclamación era una antigua reivindicación de colectivos empresariales y parecía que por fin veía la luz. Pero solo sobre el papel. Desde su aprobación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, no ha sido capaz de especificar ni cuándo y ni cómo activará estas ayudas.

En las provincias de la España vaciada hay una queja generalizada por esta demora. La patronal, los sindicatos y los partidos políticos, incluido el PSOE, que encabeza el Ejecutivo central, exigen que se apruebe de manera inmediata. CEOE Teruel ha hecho un llamamiento a la sociedad de la provincia para que se implique en la reclamación al Estado con una recogida de firmas masiva desde este martes. Desde el Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, aclaran a El Confidencial que "no hay ninguna razón objetiva que justifique el retraso de esta aplicación. La UE ya ha dicho que es de justicia".

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A su vez, el socio parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Teruel Existe, tilda al Gobierno de "hipócrita" por no ejecutar las ayudas y solicita una reunión urgente. La ministra Teresa Ribera, a preguntas de la formación turolense en el Senado, se limitó a decir que esperan presentar "de forma temprana" qué incentivos regionales “parecen viables”, sin precisar nada más ni poner plazos a su ejecución. Este nuevo formato de prestaciones de funcionamiento, destinadas a sufragar parte de los gastos corrientes de las empresas, quiere ser un incentivo de la economía de la España vaciada.

Sin plazos ni detalles

La propuesta de bonificar los costes laborales está avalada por la Comisión Europea desde el pasado 19 de abril de 2021, y así queda recogido en el artículo 107 del Tratado de la UE para permitir medidas excepcionales en las zonas especialmente desfavorecidas y que tengan una población por debajo de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, donde se enmarcan Teruel, Soria y Cuenca. Estas ayudas son fundamentales para estas tres provincias españolas, que sufren el invierno demográfico y la perdida de población, donde su tejido empresarial tan solo llega al 0,8% del PIB nacional. Cabe destacar que estas medidas no son autorizadas por primera vez en el marco comunitario. En territorios como Suecia, Noruega o Finlandia, que tienen menos de 8,5 habitantes por metro cuadrado, ya se aplican con éxito.

Debido a la falta de concreción por parte del Gobierno de España, las agrupaciones de electores de Teruel Existe y Soria ¡Ya! han solicitado una reunión urgente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto se debe a que desde Transición Ecológica y el Reto Demográfico se lanzan balones fuera por el retraso en la ejecución y se pone la diana en Hacienda. Es este ministerio quien está revisando una modificación de 15 reales decretos por los que se delimitan las respectivas zonas y esperan poder presentarlo en pocas semanas. La ministra Ribera, en el pleno del Senado tras la acusación de Teruel Existe, explicó que cuando la cartera de Montero modifique estos reales decretos, se podrá saber "qué tipo de incentivos regionales parecen viables".

"Siguen siendo palabras huecas porque no dan ni plazos ni concretan nada", denuncian desde Teruel Existe sobre las explicaciones del Gobierno

Al margen de esto, fuentes de Teruel Existe consultadas por El Confidencial detallan que "siguen siendo palabras huecas porque no dan ni plazos ni concretan nada". "Se limitan a que sigamos teniendo fe en su buena voluntad de aplicarlas y llevamos siete meses esperando. Queremos conocer el estado de tramitación de las ayudas, su calendario y el mecanismo de aplicación", indican. La formación turolense, que está encabezando el movimiento de la España Vaciada, insiste en que el retraso es más que injustificable, puesto que estas medidas ya estaban recogidas en el acuerdo de investidura para votar a favor de la presidencia de Pedro Sánchez.

Otra de las críticas más sonadas ha llegado en las últimas horas desde el propio Gobierno autonómico. En palabras de la portavoz y consejera de Presidencia de Aragón, Mayte Pérez, Moncloa tiene que aplicar "de manera inmediata" los beneficios fiscales para empresas de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por la contratación de trabajadores. Fuentes del Ejecutivo aragonés indican que el ministerio de Teresa Ribera tiene desde noviembre de 2021 un estudio elaborado por los servicios jurídicos para acelerar las medidas previstas. "No es una medida ni caprichosa ni injustificada y la propia Comisión Europea ha reconocido que les corresponde a estos territorios por justicia y derecho", destaca Pérez.

Una protesta social

Las organizaciones empresariales de las tres provincias, encabezadas por CEOE, celebrarán este martes un acto en cada uno de sus territorios ante la inacción del Gobierno de España en la aprobación de estas medidas. Con el fin de visibilizar el descontento social, harán una recogida de firmas en cada provincia.

CEOE, Cepyme y CEAT, que están agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, son las entidades que han elaborado un manifiesto que detallará la reivindicación de las ayudas y tendrá el espaldarazo de las firmas conseguidas. Las organizaciones empresariales aspiran a "mostrar de forma unánime la trascendencia que para el futuro de estas tres provincias tiene la aplicación de las ayudas al funcionamiento".

Piden, por otra parte, que estas prestaciones "se hagan efectivas a todas las categorías de empresas recogidas en las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea de abril de 2021, y de la manera más beneficiosa para el conjunto del tejido empresarial de las tres provincias, con el fin de que sirvan para garantizar la actividad económica en estas zonas, así como para estimular inversiones adicionales y contribuir al desarrollo regional y a la cohesión territorial".