El PP dará la batalla legal para frenar la amnistía y se lanza a la esfera internacional

"Utilizaremos cualquier herramienta política y jurídica para proteger la igualdad de los españoles ante la ley. Se actuará con contundencia". El PP prepara ya una batalla judicial contra la ley de amnistía que el Gobierno negociará con Carles Puigdemont para blindar una eventual investidura de Pedro Sánchez. La dirección de Génova afirma que explotará todas las vías a su alcance para intentar frenar la intención del Ejecutivo —en funciones— no solo en los tribunales, sino también en organismos como el Senado —que puede obstaculizar el calendario de la Moncloa— e, incluso, elevar el asunto a instancias internacionales. "La amnistía no tiene encaje político ni legal. Si se consuma, estaríamos ante el paso de un régimen democrático a uno que no lo es", sintetizan fuentes de la cúpula.

El PP ha activado el modo oposición ante la práctica certeza de que Alberto Núñez Feijóo no logrará ser investido presidente del Gobierno. Y la posible tramitación de una ley de amnistía centrará el discurso que Génova explotará contra el Gobierno en las próximas semanas, sin descartar el escenario de una repetición electoral. El objetivo es poner cuantos escollos sean posibles en el ámbito político, judicial e internacional para boicotear una norma que, a su juicio, no solo "rompería el Estado de derecho", sino que serviría en bandeja de plata los votos que Sánchez necesita para volver a la Moncloa.

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Los populares prevén un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Gobierno logre sacar adelante la normativa, que dan por hecho que el PSOE revestirá con "términos eufemísticos" para "intentar ocultar la realidad" de una norma que, si sigue los requisitos establecidos por el expresident en Bruselas, implicaría la "completa" despenalización del procés. Durante la apertura del año judicial, que tuvo lugar este jueves, el propio Feijóo deslizó la idea de acudir al TC si termina aprobándose la norma. "Estamos hablando de permitir que la ley impere en toda España salvo en Cataluña", añaden en Génova.

"En un sistema democrático, no cabe la amnistía", insisten fuentes de la dirección popular en el Congreso, que ven "muy complicado" que el Gobierno logre tener un texto aprobado antes del mes de noviembre. Con todo, y pese a estar dispuestos a apretar con la vía de inconstitucionalidad, en el PP recelan de la "imparcialidad" de un Tribunal Constitucional "en manos de Sánchez". Recuerdan en este punto que el órgano de garantías ha admitido recientemente a trámite el recurso de amparo electoral del PSOE contra la sentencia del Supremo que desestimó la revisión de los votos nulos en Madrid. Durante una entrevista en Espejo Público, Feijóo avisó a Cándido Conde-Pumpido que avalar la amnistía convertiría al tribunal en "sospechoso".

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Fuentes jurídicas advierten, además, de que la hipotética amnistía a Carles Puigdemont también podría llegar al Tribunal Constitucional de la mano del propio instructor del procés, Pablo Llarena. El expresidente catalán exige "el abandono completo y efectivo de la vía judicial" para apoyar la investidura de Sánchez, pero el magistrado del Supremo seguiría contando con esta vía para evitar que el procedimiento quede en papel mojado de manera inmediata. Llarena mantiene procesado a Puigdemont por desobediencia y malversación agravada, que contempla hasta 12 años de cárcel y entre 10 y 20 de inhabilitación.

El camino pasaría para ello por plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Según establece la normativa del Constitucional, esta "solo puede ser promovida, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales, y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución". La aplicación de la amnistía dependería entonces de que el Constitucional avalara la misma, una vía que no solo podría activar Llarena, sino también cualquier juez cuyo procedimiento se viera afectado por la nueva norma.

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Una segunda opción consistiría en que Llarena planteara una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ese caso, dejaría atrás la Constitución para contraponer la amnistía con el derecho de la Unión Europea: "No deben referirse a la interpretación del derecho nacional, ni a cuestiones de hecho planteadas en el procedimiento", advierte el TJUE. Este segundo escenario resulta menos probable, pero las mismas fuentes no lo descartan. El propio Llarena ya elevó una cuestión prejudicial al TJUE en marzo de 2021 para que aclarara el alcance de las euroórdenes y las razones por las que un país como Bélgica podía negarse a atenderlas con Puigdemont.

Más allá del ámbito judicial, el PP también pretende elevar la cuestión a nivel internacional para intentar torpedear la ley. El líder popular mantendrá este viernes un briefing privado en la sede de Génova con corresponsales de medios extranjeros, según confirman fuentes que estarán presentes en el encuentro. Este jueves, además, los populares aprovecharon la comparecencia de Yolanda Díaz en la Eurocámara para reprochar la visita a Carles Puigdemont y la negociación de unas cuestiones que "ponen en jaque nuestros valores europeos" y "atacan nuestra democracia", como denunció la eurodiputada del PP Rosa Estarás.

Fuentes populares subrayan que la Unión Europea, a través de la Comisión de Venecia, puede intervenir en la aprobación de una ley de amnistía que "ataca derechos fundamentales", aunque puntualizan que en este caso el aval del Tribunal Constitucional resultaría imprescindible. Los populares explotarán, además, el discurso de históricos socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra para "remover conciencias" dentro de las filas socialistas. Los dos exdirigentes ya se han mostrado contrarios a la amnistía, a la que se refieren como la "condena de la Transición española".

Guerra a las lenguas cooficiales en el Congreso

El PP explorará también el margen legal para intentar frenar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, que podría ponerse en marcha ya durante el pleno de investidura de Feijóo, que arrancará el próximo 26 de septiembre. El PSOE registró este miércoles en el Congreso junto a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG una reforma del reglamento de la Cámara para facilitar el uso de las lenguas cooficiales. JxCAT no figura entre los firmantes, pero avanza que apoyará el trámite.

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La iniciativa se calificará en la reunión de la Mesa del Congreso prevista para el próximo miércoles, una cita en la que los miembros del PP en el citado órgano esperan que Francina Armengol "cumpla con su palabra" y aporte el informe jurídico de los letrados de la Cámara que sostenga la nueva normativa, así como una "memoria" del modo en que los socialistas prevén implementar en la Cámara Baja el uso de idiomas distintos al castellano. Con toda esta información, fuentes parlamentarias aseguran que acudirían a los tribunales por "conculcar los derechos de los diputados", pero solo si termina aplicándose en la investidura de Feijóo. "Los recursos caben ante actuaciones. Si se lleva a término al orden del día del pleno, el grupo tendría capacidad para actuar", analizan.