La Guardia Civil ubica a Soros tras una 'app' para blindar un nuevo referéndum en Cataluña

La Guardia Civil investigó en el marco de las actividades del autodenominado CNI catalán la elaboración de una aplicación informática llamada Vocdoni que ofrecía la posibilidad de organizar elecciones de forma segura. Los agentes del instituto armado hallaron en el teléfono de uno de los investigados un documento sobre esa plataforma promocionada por la Generalitat en el que aparecía un listado de “socios clave”. Uno de ellos era la Open Society Foundation, que lidera el magnate George Soros, sospechoso de financiar con su fortuna movimientos políticos en distintas partes del mundo. Los agentes alertan de que la finalidad era "desarrollar una tecnología que podría ser utilizada en la realización de un referéndum de autodeterminación ilegal".

“Del análisis del terminal de Jordi Baylina, también investigado en esta causa, destaca un archivo denominado 'Vocdoni - Deck 2020 definitivo', en el que se exponen 105 socios clave del proyecto Vocdoni, pudiendo identificar a los siguientes: IDEN3, Open Society Foundations, decidim, X.net, ANC, Òmnium Cultural y Aragon”, dice el documento al que ha tenido acceso El Confidencial. La Guardia Civil cree que alguno de estos socios se hizo cargo de las facturas emitidas por varias sociedades creadas en Estonia para financiar la aplicación.

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George Soros es una de las personas más ricas del planeta y sus actividades están en el punto de mira de movimientos nacionalistas europeos que le acusan de fomentar la globalización, la inmigración descontrolada y el multiculturalismo. Ciudadano estadounidense, pero nacido en Hungría, su ascendencia judía ha alimentado también discursos antisemitas en torno a su persona. La página web oficial de la fundación afirma que “trabaja para construir democracias vibrantes e inclusivas cuyos gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos”. George Soros es el fundador y presidente y ha donado más de 32.000 millones de dólares de su fortuna personal.

Sede en Barcelona

“Cada año, Open Society Foundations otorga miles de subvenciones a grupos e individuos que promueven nuestros valores, a través de una red única guiada por voces locales y experiencia global (...) Nuestras subvenciones, que van desde unos pocos miles hasta cientos de miles de dólares, se otorgan a organizaciones, académicos y activistas en más de 120 países”, añade el sitio oficial. Uno de los países en los que dicen prestar servicios es España y la sede está en Barcelona. Tienen una Oficina de Programas en la 'carrer' de Sant Eusebi de la Ciudad Condal. Este periódico se ha puesto en contacto con la fundación para tratar de confirmar o ampliar esta información, sin recibir respuesta.

Posteriormente a la publicación de esta información, la fundación se puso en contacto con este periódico para remitirse a un comunicado de 2017: "No hemos jugado ningún papel, financiero o de otro tipo, en el apoyo al movimiento independentista catalán o al referéndum. No tomamos posición sobre la independencia de Cataluña. Las Open Society Foundations trabajan para defender los derechos humanos, las libertades civiles y los principios democráticos en toda Europa y más allá".

Las bondades de la aplicación Vocdoni están publicadas desde julio de 2020 en la web de la Generalitat, que avala y publicita así este servicio. El Departamento de Políticas Digitales del Ejecutivo autonómico destaca que "la infraestructura permite que el sistema sea resistente a la censura y a los ataques, garantizando su privacidad". "Está creado para que sea escalable y fácil de utilizar desde dispositivos móviles y garantiza la privacidad de sus usuarios mediante la utilización de criptografía", añade. En el mismo apartado, es posible descargarse un informe más detallado de esta herramienta bajo el título "Modelo de gobernanza con votación digital descentralizada".

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Esta vinculación figura incluida en un informe elaborado en septiembre de 2020. Fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga a los CDR, Tsunami Democràtic y las actividades del autodenominado CNI catalán. Los investigados en torno a Vocdoni conforman un entramado secreto integrado por profesionales que buscaban desarrollar un concepto llamado república digital, según la Guardia Civil. Consistía en dotar al independentismo de estructuras paralelas al Estado. La alusión a la fundación de Soros está incluida en unas pesquisas relacionadas con cuentas y operaciones bancarias de los investigados en Estonia.

Tiene que ver con los movimientos que realizaron los investigados Pau Escrich y Joan Arus, a los que la Guardia Civil acusa de realizar "actividades informáticas en beneficio del desarrollo de la denominada república digital a través del denominado ‘proyecto Vocdoni", que significa votar en esperanto, el idioma universal con el que se trataron de unificar todas las lenguas en el siglo XIX.

Permite crear una moneda catalana

Vocdoni es el nombre con el que bautizaron una aplicación para 'smartphone' cuyo fin era realizar votaciones utilizando un sistema de identidades digitales. El plan era blindar las mismas y proteger el anonimato de los participantes. Las fuerzas de seguridad advierten de que esta herramienta podría ser articulada e impulsada para implementar comicios digitales de distinto tipo. Además, no solo ofrecería la posibilidad de ejecutar una votación masiva con las garantías formales de cualquier proceso plebiscitario, sino que también presenta otras funcionalidades intrínsecas, como es la creación de una moneda catalana.

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Había ocho personas que trabajaron a tiempo completo para desarrollar la herramienta, “apoyados por un número indeterminado de colaboradores externos”. Llegaron a probar versiones tanto para iPhone como para Apple, al menos hasta el verano de 2020. En su cuenta de Twitter, anuncian abiertamente sus reuniones de trabajo o celebran sus acuerdos comerciales. “Estamos encantados de haber ofrecido nuestra tecnología de votación anónima basada en Blockchain al Fútbol Club Barcelona para sus elecciones más recientes”, señalaron hace unos meses con motivo de las elecciones al Consejo Consultivo de las peñas del Barça.

La Guardia Civil destaca que se trata de un proceso de ingeniería de nivel que requiere una alta cualificación. “Al aplicarse la tecnología Blockchain, por la novedad y dificultad de la misma, los costes del producto pueden encarecerse considerablemente”, señala el informe policial. Los primeros pasos datan de 2018, cuando recibieron una primera donación para desarrollar la información.

160.000 euros de facturación

El vínculo con Estonia se debe a que el desarrollador de la aplicación se identifica como Dvote Labs y aparece vinculado a una dirección del país báltico, en la calle Sepapaja de Tallín, la capital. Sin embargo, los expertos del instituto armado creen que esto es una manera de evadir el control de las autoridades españolas. Las pesquisas sitúan al investigado Pau Escrich como el creador de Dvote Labs, que entre 2019 y 2020 emitió facturas por un importe total de 104.643,83 euros. “Esto no tendría ninguna explicación lógica ni sentido comercial alguno, debido a que se trata de una empresa emergente que no habría desarrollado todavía ningún otro producto, desconocida en el mercado y en fase de creación”, alerta la Guardia Civil.

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En la misma dirección de Tallín, domicilió su sede una segunda sociedad creada por otro de los investigados. En apenas unos meses, facturó 54.800 euros. A la hora de dar los datos para identificar a los responsables, facilitó el teléfono de una anciana de 88 años. Hubo una tercera sociedad que también emitió facturas por más de 8.000 euros. “AI objeto de comprender el origen de los fondos percibidos por las sociedades estonias creadoras de la aplicación Vocdoni, se ha observado la existencia de una serie de viajes realizados a Bruselas (Bélgica), lugar de residencia de Carles Puigdemont”, apunta la investigación.

Se detectó un viaje celebrado en abril de 2019 en el que estuvieron los investigados Escrich y Arus. La Guardia Civil sospecha que fueron para presentar el proyecto al líder independentista huido en Bélgica para contar con su visto bueno. En esa expedición estaba también Elías Campo, miembro de Citizen Lab, el 'think tank' que destapó el presunto espionaje a activistas y políticos catalanes con Pegasus. La Guardia Civil hizo esta exposición de los hechos para solicitar al juez que activase una comisión rogatoria internacional en busca de más información en colaboración con las autoridades oficiales de Estonia. Tanto la Fiscalía como el juez no consideraron oportuno solicitar esa ayuda internacional.