El CNI catalán creó un frente secreto de 'mossos', bomberos y guardas para "controlar el territorio"

El autodenominado CNI catalán montó una alianza secreta de 'mossos', bomberos y guardas forestales afines al independentismo para "controlar el territorio". Así lo recoge la Guardia Civil en nuevos informes confidenciales aportados a la Audiencia Nacional. Los investigadores profundizan en la estructura de ese grupo parapolicial, que se habría coordinado con empresarios y altos cargos de la Generalitat para tratar de reactivar el proceso secesionista tras el fracaso de 2017. El Instituto Armado destaca en sus pesquisas los contactos directos de estos individuos con dirigentes como los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra y los exconsejeros Jordi Puigneró y Elsa Artadi, entre otros.

La iniciativa partió del CNI catalán, un colectivo clandestino de secesionistas radicales encabezado por el empresario Miguel Montero de Quadras, experto en inteligencia artificial, que se movilizó en el periodo posterior al 1-O para tratar de crear un nuevo frente independentista que permitiera consolidar la llamada república catalana por la vía de los hechos. Según las diligencias, Montero de Quadras y otros especialistas en seguridad informática y Blockchain, como David Ollé y Roger Vilaseca, colaboraron con el Consell per la República para desarrollar una administración digital que fuera capaz de operar al margen del Estado.

Sin embargo, las pesquisas también les atribuyen la dirección operativa de los comités de defensa de la república (CDR) y la dinamización de otras acciones de desobediencia con el objetivo de provocar el colapso material del Estado. En ese sentido, una de sus mayores apuestas fue Escuts per la República (Escudos por la República), un colectivo secreto al que se unieron agentes de la autoridad pertenecientes a cuerpos y fuerzas de seguridad como 'mossos' y guardias urbanos, bomberos, guardas forestales, agentes vinculados a la protección civil y estibadores, así como individuos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), los CDR y otros grupos radicales como el juvenil La Forja.

A ese grupúsculo habría pertenecido, por ejemplo, el jefe del Área de Bomberos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, David Queralt. También otros agentes de la autoridad con un perfil más modesto, como los 'mossos' Ana María Zaragoza y Jordi Sort. Pero el cabecilla de esta fuerza parapolicial era presuntamente un cargo político. Se trata de Ramir de Porrata-Doria Yagüe, candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017 por JxCAT. La Guardia Civil le atribuye el liderazgo de esta fuerza de choque, “con la conformidad del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra Pla”.

Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, adelantados por 'Nius', describen este entramado como un círculo de “personas excepcionalmente cualificadas en materia de seguridad con estrechos vínculos entre las más altas instancias gubernamentales de la comunidad autónoma catalana”. Según la Guardia Civil, el CNI catalán habría conseguido crear “una organización clandestina de gran potencial, perfectamente estructurada y jerarquizada, cuyas ramificaciones abarcan actualmente el área de extensión territorial completa de la comunidad autónoma de Cataluña, con capacidad real de desplegarse con rapidez y eficacia ante cualquier eventual situación y ejecutar un efectivo control del territorio”.

Inicialmente, los 'escuts' debían actuar como un ejército de "interposición" para mitigar los conatos de violencia en movilizaciones y protestas, con el propósito de no menoscabar la pretendida imagen cívica del secesionismo. Pero, con el tiempo, esa estructura se convirtió en "un potente bloque de perturbadoras características insurgentes, cuyo despliegue territorial abarca la práctica totalidad de la geografía catalana".

La Guardia Civil realizó vigilancias y seguimientos a los investigados y tomó fotos de sus reuniones. El grupo habría pactado con Torra una nueva declaración unilateral de independencia solo un año después de la que siguió al 1-O en 2017. Asimismo, se produjo una reunión en la que la entonces consejera de Presidencia, Elsa Artadi, acudió en persona el 21 de marzo de 2019 al domicilio del cabecilla de Escuts per la República, en la calle Bilbao de Barcelona. "El investigado tiene previsto posteriormente reunirse con mandatarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para intentar cerrar el acuerdo", señalan los informes policiales.

Las diligencias documentan por primera vez con fechas y lugares los contactos entre el CNI catalán y el núcleo duro del independentismo unilateral que encarnan el expresidente huido Carles Puigdemont y sus más estrechos colaboradores en Bélgica. La Guardia Civil sostiene que "se ha acreditado fehacientemente su desplazamiento a Waterloo (Bélgica) para entrevistarse con los dirigentes independentistas en rebeldía procesal Carles Puigdemont y Antoni Comín".

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Un escalón por debajo de Ramir de Porrata-Doria Yagüe se situaba María Dolors Gonyalons, presunta coordinadora general de los 'escuts', y Lluís Escola Miquel, sargento de los Mossos, exescolta de Puigdemont. Escola ocupó posteriormente un cargo en la Generalitat en la Consejería de Interior que dirigió Miquel Buch. La Guardia Civil dibuja la estructura de este frente pseudomilitar como una pirámide en la que por debajo de estos nombres figuran “los referentes provinciales y/o comarcales”. En este escalón aparecen más 'mossos', como Francesc Claret y Albert Donaire. Los investigados presumían de tener controlado “todo el país” con esta distribución de personas infiltradas.

La Guardia Civil concluyó que alcanzaron "un alto nivel de conformación perfectamente organizada, articulándose por toda la geografía catalana y estructurándose piramidal y funcionalmente a través de distintos niveles, perfectamente delimitados y compartimentados, garantizando así la seguridad e interlocución de sus miembros mediante el uso de aplicaciones de mensajería cifradas, y especialmente el anonimato de sus órganos directivos superiores".

Uno de los últimos mensajes intercambiados por los investigados data del año 2019 y se produjo a través de la aplicación de mensajería Telegram. Se verifica una comunicación entre Ramir de Porrata y Miquel Montero de Quadras, “de la que se desprende que ambos se organizan para asistir a una reunión en el Palau de la Generalitat el día 31 de octubre de 2019, refiriéndose a que la finalidad de tal cita es altamente sensible, puesto que no comparten tal información con nadie de su entorno más próximo, incluyendo el familiar”. Montero de Quadras aparece en otras comunicaciones como el interlocutor de los CDR con el Gobierno de Torra e incluso con consejeros de Pere Aragonèes como Jordi Puigneró, cesado hace menos de un mes.

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Las pesquisas arrancaron en 2018 y, además de diseccionar el funcionamiento del CNI catalán, permitieron desactivar otra de sus mayores creaciones: una célula de CDR diseñada para cometer acciones terroristas. Los agentes descubrieron que un individuo llamado Jordi Ros estaba adquiriendo sustancias químicas que podían ser utilizadas para elaborar explosivos. El hallazgo provocó la apertura de una pieza separada que se convirtió en el origen de la llamada operación Judas, en la que están procesados una decena de radicales por planear ataques contra objetivos del Estado. El CNI catalán también les ordenó presuntamente la toma del Parlamento catalán.

El Confidencial ya desveló la participación de Miquel Montero de Quadras en las actividades de este CNI catalán en octubre de 2021. Se trata de un ingeniero de Barcelona de 46 años, procedente de una familia acomodada y bien relacionado con dirigentes de la órbita de Junts per Catalunya (JxCAT), que ha compaginado el liderazgo de esa plataforma, clave en la estrategia de agitación y propaganda del independentismo, con una faceta pública de supuesto emprendedor de éxito en el sector de las nuevas tecnologías.