El Consell per la República no existe y sin embargo copa el debate de investidura catalán

Lo que no tiene NIF no existe. Y el Consell per la República no lo tiene, ergo no existe. Lo que sí existe son las asociaciones belgas que lo respaldan, CATGlobal ASBL y CATCiP ASISBL. Pero nadie se ha referido a ellas durante el debate de investidura de Pere Aragonès, en el que el candidato salió trasquilado y donde buena parte de las intervenciones fueron para discutir el rol de Carles Puigdemont y su “artefacto ficticio”, en palabras del líder de Cs, Carlos Carrizosa. La querencia por lo simbólico lastra la política catalana y este es un caso más, no exento de un toque excéntrico.

Acabado el debate, fuentes de ERC y JxCAT filtraban a los periodistas que ya se había abierto la puerta para superar este escollo y que ambas partes contemplaban la reforma del organismo. Cualquier reforma es igual. El Consell no existe, su financiación es opaca, sus cuentas no son públicas y el supuesto éxito de su gestión en la internacionalización es supuesto… y ha dependido de unas victorias judiciales que son eso, judiciales, pero no victorias políticas.

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Todo en el Consell es extraño. Para empezar, la presidencia de Carles Puigdemont, que se ha votado en una Asamblea de Cargos Electos en la que solo participaron dirigentes de JxCAT. Pero el problema no es, como señalaba el columnista del 'Ara' Ferran Sáez Maeztu, que “sea una organización privada que solo se representa a sí misma”. El Consell es una cáscara vacía porque las organizaciones privadas reales, CATGlobal y CATCiP, permanecen en la sombra. ¿Quién ha escogido presidenta de CATGlobal a Erika Casajoana, número cuatro de Puigdemont por las europeas? ¿Quién valida que el senador Josep Maria Matamala sea administrador de esta entidad?

Estas entidades controlan los presupuestos, CATGlobal aparece incluso como desarrollador de la 'app' móvil del Consell per la República. ¿Aspira ERC a entrar aquí? ¿O se conforma con el juego de espejos de ese Consell que no existe?

Como, además, estas entidades belgas son opacas —la asunción de responsabilidades, la información y el flujo de fondos, de los que tanto Puigdemont como Toni Comín reconocen beneficiarse—, resulta muy difícil saber dónde se está metiendo uno.

Transparencia en Waterloo

Todos los datos son confusos. Por ejemplo, que los 92.779 socios que dice tener sean pocos, como denuncia Clara Ponsatí. El problema es… ¿son reales? Parece curioso que nadie se haya dado de baja desde su creación. Hay fuentes del entorno de Waterloo que aseguran que el 30% de los que tenían que renovar la cuota de 10 euros al año no lo ha hecho, pero que se les sigue contando como miembros. Así, hay miembros de clase A y de clase B. Pero no se reconoce. También resulta muy extraño que solo 39.000 socios se hayan bajado la 'app' del Consell en un proyecto basado en la identidad digital. Tampoco explican que estos supuestos 92.000 socios carezcan de derecho a voto para los órganos de gobierno de CATGlobal y CATCiP, según los estatutos belgas de ambas entidades.

El pasado 18 de marzo, publicaron una nota llamada “Transparencia” para hablar de sus cuentas de 2020. No daban las cuentas. No explican cuánto ingresan ni cuánto ganan. Aseguran que “como hemos hecho cada año, siguiendo la normativa del Service Public Fédéral, el organismo regulador de las asociaciones sin ánimo de lucro de Bélgica, las cuentas anuales del Consejo se presentarán al Monitor Belga”. Pues bien, ni CATGlobal ni CATCiP han presentado ni las cuentas de 2018 ni las de 2019, como consta en el propio Monitor Belga. La transparencia, según Puigdemont.

Sí explican que el gasto más importante es personal, el 36%, seguido de un 28% donde engloban desde la concentración de Perpiñán hasta el fondo que se creó para ayudar contra el covid-19, y que no se detalla. “En el Consell per la República, obtenemos el 100% de los ingresos gracias a las aportaciones de las personas registradas en la institución y de donaciones de personas físicas. No recibimos subvenciones públicas, solo nos debemos a nuestra gente”, aseguran. Pues bien, las donaciones se hacen a entidades que tienen NIF: CATGlobal y CATCiP. El Consell no tiene NIF, no existe. No controla las donaciones. Estar en el Consell es como pertenecer a la Ínsula de Barataria.

El fondo del problema

El fondo del problema, además, es que el que tenía que ser representante de ERC en el Consell es un tránsfuga: Toni Comín. Al independentismo, como al resto de España, le encanta hacer burla con que Toni Cantó ha estado en cuatro partidos durante 14 años. Pero deberían recordar que Comín ha pertenecido a tres partidos en siete años —PSC, ERC y ahora JxCAT—. Toni Comín es el Toni Cantó de Cataluña, solo que a un ritmo mucho más acelerado. Sin Comín, ERC se quedó fuera de juego del invento, que no existe, no tiene NIF, y ahora cuesta mucho retomar posiciones. El 'exconseller' de Salut, por cierto, ejerce de vicepresidente del Consell, pero carece de cargos en las entidades donde sí se corta el bacalao.

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Por tanto, el independentismo puede refundar el Consell lo que quiera. Pero resulta muy difícil pensar que eso vaya a tener una incidencia real en la configuración de la nueva Generalitat. Otra cosa sería que CATGlobal o CATCiP aspirasen a firmar un convenio con el departamento de Exteriores de la Generalitat, que ahora JxCAT reclama para sí, y a través de ahí pretendiesen recibir fondos públicos por su activismo internacional a favor del independentismo. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que JxCAT no lo ha planteado en sus conversaciones con ERC. El Consell no podría hacerlo porque… repitan conmigo: el Consell per la República no tiene NIF.