Puigdemont ocultó al Parlament sus vínculos con las asociaciones de Waterloo

Carles Puigdemont ocultó al Parlament sus vínculos con las asociaciones belgas que le dan cobertura legal, CATGlobal ASBL y CATCiP AISBL, con sede en su mansión de Waterloo. La omisión fue durante esta XII Legislatura, de la que fue diputado hasta el 7 de enero de 2020. En cambio sí que ha reconocido que mantiene esta relación ante el Parlamento Europeo, donde ya ejerce con plenos poderes, con la inmunidad correspondiente, desde el pasado 29 de diciembre. CATGlobal se creó en marzo de 2018 y ese año Puigdemont ya estuvo cobrando como diputado catalán pero ocultando esos otros beneficios y vínculos que mantenía con las entidades belgas. Al actuar así, incurrió en una ilegalidad, puesto que el reglamento del Parlament obliga a declarar este tipo de beneficios y lazos políticos.

En su declaración de intereses económicos remitida al Europarlamento, Puigdemont expone en el punto G como “apoyo económico, de personal o de material, recibido de terceros” el obtenido de las asociaciones belgas CAT Globlal ASBL y CATCiP AISBL. En concreto, que ha contado con apoyo de material y de personal de estas entidades, que a su vez lo han facilitado para lo que denomina la “Casa de la República”, la mansión de Waterloo, y para el Consell per la República, que preside el propio Puigdemont, si bien tal ente carece de personalidad jurídica. Es la primera vez que el expresidente catalán reconoce relación con estas dos asociaciones sin afán de lucro.

En cambio, en su declaración equivalente ante el Parlament, Puigdemont optó por dejar en blanco el apartado “Apoyo económico, personal o material prestado por terceros el diputado que complemente los medios facilitados por el Parlamento y por los grupos parlamentarios”. Un doble rasero que también aplicó al de “Pertenencia a consejos u órganos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y otros organismos con personalidad jurídica, o cualquier otra actividad extraparlamentaria directiva o gestora, remunerada o no, que el diputado ejerza”. No aparecen ni el Consell per la República, inexistente como ente legal, ni CATGlobal y CATCiP, que sí que cuentan con identidad jurídica. Puigdemont estaba obligado a declararlo todo por el reglamento del Parlament, el cual tiene rango de ley, pero optó por omitirlo. Por tanto, incurrió en una ilegalidad.

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Puigdemont podría alegar que cuando hizo la declaración no tenía esos vínculos, ya que formalmente fue diputado el 17 de enero de 2018, antes de que se crease CATGlobal. Pero también estaba obligado a informar de cambios en su situación. Y no lo hizo. Tampoco el Parlament le requirió para ello, pese a que hizo alarde público, con acto por videoconferencia en el Palau de la Generalitat incluido, de que presidía el Consell per la República, tal y como hizo en octubre de ese mismo año, cuando CATGlobal y CATCiP ya estaban plenamente operativas.

No es el único vacío. Carles Puigdemont reconoce ante el Parlamento Europeo que ha tenido ingresos por derechos de autor de más de 5.000 euros. Aunque no lo detalla, ha de ser por su libro 'Reunim-nos', que publicó ediciones La Campana en 2019 y que solo tenía 50 páginas; o por el adelanto de su versión de los hechos de octubre que le escribe el director de 'El Punt-Avui', Xavi Xirgu, cuyo lanzamiento está previsto para el Sant Jordi de este año. El Parlament también le requirió sobre ese aspecto en concreto, pero también lo dejó en blanco. De nuevo, dos varas de medir: diligencia en Bruselas, desidia deliberada en Barcelona.

Menosprecio al Parlament

La aplicación que ha mostrado Puigdemont ante el Parlamento Europeo —también reconoce el apoyo que recibe de la Generalitat a través de la oficina del 'expresident'— contrasta con su menosprecio al Parlament. En parte porque se sentía cubierto, ya que la Comisión del Estatut del Diputado del Parlament, que es la que tutela estas cuestiones, la preside JxCAT. Y más allá de la relevancia política, la situación no tendrá más trascendencia, puesto que todo esto se descubre cuando Puigdemont ha dejado de ser diputado y por lo tanto ya no puede ser apercibido por la Cámara catalana.

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Sin embargo, Puigdemont ha estado cobrando del Parlament. Solo en el último trimestre de 2019 percibió más de 25.000 euros. Ahora, Puigdemont ha de devolver esos y otros fondos percibidos porque son incompatibles con los atrasos que percibirá del Parlamento Europeo, que le reconoce su condición de miembro desde el 2 de julio de 2019. Le sale a cuenta. Del Europarlamento, cobrará solo de atrasos más de 70.000 euros.

Obligaciones

En la práctica, todo ello es paralelo a la degradación de las instituciones que siempre acaba provocando el independentismo. Puigdemont estuvo batallando con el juez Pablo Llarena por ocupar su escaño en la Cámara catalana. Pero al mismo tiempo estuvo impulsando desde el Consell per la República instituciones como la Asamblea de Cargos Electos, un Parlamento paralelo formado solo por políticos independentistas y que ha de ser el pilar del proceso constituyente que se quiere iniciar en Cataluña para romper con el resto de España.

Es evidente que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Pero la Comisión del Estatuto del Diputado nunca requirió a Puigdemont por sus pretensiones de presidente del Consell per la República. Todo en aras de la “excepcionalidad catalana”. Una 'excepcionalidad' que ya dura tres años. En defensa de Puigdemont, hay que reconocer que Quim Torra fue mucho más lejos. El pasado 4 de enero, se plantó ante el Parlament y desde su tribuna pidió que se convocara la Asamblea de Cargos Electos para defender Cataluña de la represión española. Y nadie se escandalizó. Ni la oposición. Ahora, en el Parlamento Europeo, Puigdemont va con mucho más cuidado. Para empezar, cumple la norma.