El Parlamento Europeo podrá embargar el sueldo a Puigdemont si no paga por el 1-O

El Tribunal Supremo no es el Tribunal de Cuentas. Y la situación de Carles Puigdemont no es igual en uno que en otro. Como eurodiputado, el expresidente catalán goza de inmunidad ante la jurisdicción penal, pero no ante un órgano administrativo. En otras palabras: Puigdemont se libra por el momento de pisar la cárcel por el 'procés', pero no de que su sueldo y sus bienes sean embargados por el desvío de fondos que se produjo en el referéndum ilegal del 1-O. Ese es el principal frente que se le abre ahora, una batalla que tiene lugar en el Tribunal de Cuentas y pone su patrimonio en la diana.

Por el momento, el órgano fiscalizador acusa a 28 ex altos cargos catalanes de desviar 4,1 millones para el 1-O. En un plazo de 15 días, esa es la cifra que deberán abonar en forma de fianza conjunta y solidaria, pero al estar dividida en bloques, cada uno hace frente a una cantidad distinta: en el caso de Puigdemont, se le considera responsable de seis partidas que alcanzan los 2,1 millones de euros. El expresidente catalán tendrá que pagarlo junto al resto de acusados que presuntamente participaron en los mismos gastos que él, pero si alguno no lo hace por falta de solvencia, el resto tendrá que poner su parte.

Fuentes cercanas a Puigdemont apuntan, sin embargo, que no tiene intención de abonar la fianza: argumentan que sin una sentencia en la que se le condene por malversación, no se le puede atribuir ninguna responsabilidad contable. A la espera de que se estudien sus alegaciones, el plazo de 15 días para pagar sigue corriendo, por lo que en principio se abren dos posibilidades: que otros pongan el dinero en su lugar o que el Tribunal de Cuentas proceda a embargar tanto su sueldo de eurodiputado como sus bienes. Por el momento, el expresidente catalán parece decantarse por la primera opción: "El Tribunal de Cuentas nos pide una fianza de 4,1 millones de euros a los que hicimos posible el referéndum del 1 de octubre. Tenemos 15 días para evitar que nos embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos", escribió en Twitter tras conocerse la decisión.

Pero mientras Puigdemont pone en marcha una colecta, los abogados de otros acusados apuntan a una tercera posibilidad: trasladar al Tribunal de Cuentas la fianza de 5,8 millones de euros que los procesados por malversación depositaron en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde también se sigue una causa por el 1-O. El dinero en cuestión se completó en mayo de 2019, pago que fue posible gracias a la conocida como Caixa de Solidaritat, que se encarga de recoger donaciones del independentismo para abonar las fianzas de los encausados por el 'procés' o el 1-O. El propio Puigdemont hacía referencia a esta 'caixa' en el mensaje que publicó en Twitter.

En la vista celebrada este martes en el Tribunal de Cuentas, las defensas de Natalia Garriga, Aleix Villatoro y Francesc Sutrías i Grau, todos ellos procesados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por malversación, plantearon la posibilidad de recurrir a esos 5,8 millones de fianza. Por el momento, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas no ha rechazado la idea y asegura que "solicitará al mencionado juzgado copia de la pieza de responsabilidad civil tramitada a fin de evitar duplicidades". En el caso de que acepte recurrir a esos 5,8 millones, la clave estará entonces en los límites que fije: puede limitar el acceso a esa fianza a los tres acusados que lo han pedido, pero también cabe la posibilidad de que se lo permita a otros de los acusados.

Si la colecta no sale adelante y esta última posibilidad tampoco, Puigdemont tendrá entonces que abonar la fianza para evitar los embargos. Tras la consulta del 9-N, el Tribunal de Cuentas ya embargó una vivienda a Artur Mas para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros que le había impuesto en un primer momento, por lo que todo apunta a que con su sucesor se seguirá un proceso similar. En su caso, destaca ademá el salario de 6.824,25 euros mensuales de que goza como eurodiputado, una clase de ingresos en que el Tribunal de Cuentas también ha puesto el foco en procesos anteriores.