Un empresario dirigía en secreto el 'CNI catalán' y ordenó a los CDR asaltar el Parlament

Un empresario ha estado dirigiendo en la sombra durante los últimos cuatro años el llamado 'CNI catalán', un grupúsculo independentista que opera en la clandestinidad y que, entre otras funciones, se encarga de elegir los objetivos que deben golpear los CDR para tratar de desgastar el Estado y de publicar todo tipo de contenido radical en las principales redes sociales para asegurar la movilización permanente de los partidarios del 'procés'.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes del propio mundo secesionista, la persona que se esconde tras el 'CNI catalán' es Miquel Montero de Quadras, un ingeniero de Barcelona de 45 años, procedente de una familia acomodada y bien relacionado con dirigentes de la órbita de Junts per Catalunya (JxCAT), que ha compaginado el liderazgo de esa plataforma, clave en la estrategia de agitación y propaganda del independentismo, con una faceta pública de supuesto emprendedor de éxito en el sector de las nuevas tecnologías.

Desde 2017, Montero ha aparecido en varios medios de comunicación hablando de la empresa que preside, Atomian Cognitive Architects SL, una mercantil de Sant Cugat del Vallès dedicada al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial que en 2019 controlaba activos por valor de 1,6 millones de euros y que aspiraba a facturar al año siguiente 3,5 millones. Pero en ninguna de sus apariciones en prensa —'La Vanguardia' lo entrevistó en su contraportada y 'El País' le dedicó un reportaje— ha dejado nunca pistas que permitan intuir su relación con el núcleo directivo del 'procés' y, menos aún, con el 'CNI catalán'. Montero ha conseguido llevar una doble vida sin despertar la más mínima sospecha.

Además de este empresario, otros inversores de su círculo de confianza y con intereses también en el sector tecnológico forman parte de este colectivo secreto, aunque desempeñando un rol secundario, precisan las mismas fuentes. El máximo accionista de Atomian gestiona desde el anonimato los perfiles del grupo en Twitter y Telegram (@CNICatalunya y /CNIcat, respectivamente), dos canales de comunicación en los que suma casi 150.000 seguidores y que utiliza para amplificar los discursos del secesionismo más ultra y hacer llamamientos de apoyo a las protestas de los CDR y otras entidades afines.

Pero no toda la actividad de esta célula es pública. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se refiere al 'CNI catalán' en su reciente auto de procesamiento de los 13 miembros de los CDR que están acusados de planear acciones de carácter terrorista. Las investigaciones de la Guardia Civil han revelado que estos individuos recibieron instrucciones del grupúsculo de Montero para crear la “infraestructura logística necesaria” para asaltar el Parlamento de Cataluña justo después de que se conociera la sentencia contra los responsables del 1-O.

Las diligencias de ese procedimiento sitúan el 'CNI catalán' en un plano jerárquico claramente superior al de los CDR. El plan de Montero era presuntamente aprovechar el dictamen del Tribunal Supremo y la ola de movilizaciones de Tsunami Democràtic para generar una situación de caos que desembocara en la proclamación definitiva de la independencia de Cataluña.

Pese a su papel decisivo en el funcionamiento de los CDR, el sumario de la Audiencia Nacional nunca llegó a revelar la identidad del autor de ese plan. Los investigados mantuvieron en secreto su nombre. Ese misterio provocó que se relacionara al 'CNI catalán' con el Cesicat, un órgano oficial de la Generalitat dedicado a asuntos de ciberseguridad que tuvo una participación destacada en el desarrollo de la estructura tecnológica del censo y la votación del referéndum y que empezó a cobrar protagonismo durante los gobiernos de Artur Mas.

Según las fuentes preguntadas por este diario, ni el presunto líder de este colectivo ni el resto de implicados trabajan para esa agencia de la Administración autonómica, aunque han mantenido intensas relaciones de carácter confidencial con los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra y mantienen hilo directo con actuales consejeros de JxCAT. De hecho, durante los últimos cuatro años, Montero se habría coordinado con los principales dirigentes políticos del secesionismo para tratar de conservar la unidad de acción en torno a las posiciones más extremas del 'procés'.

El cabecilla del grupo ha tomado todo tipo de precauciones para evitar que trascendiera su identidad. En noviembre de 2019, solo unas semanas después de la detención de los CDR, decidió desaparecer de las redes sociales después de que una candidata del partido Primaries Catalunya, Maria Vila, respondiera en Twitter a un ataque de @CNICatalunya desvelando que detrás de ese perfil se ocultaba una persona llamada “Miquel” a la que conocía personalmente. Vila se arrepintió de facilitar ese dato y borró rápidamente su tuit, pero el 'CNI catalán' explicó que la difusión de su nombre había puesto en riesgo su seguridad operativa y se veía obligado a dejar Twitter.

Días después, otra cuenta salió en defensa del 'CNI catalán' lamentando que las disputas que se estaban produciendo en el seno del independentismo hubieran puesto en peligro al gestor anónimo de ese perfil. “Quien estaba detrás de la cuenta CNICatalunya tiene una vida profesional muy entretenida en el sector privado en una empresa que no trabaja para ninguna Administración”, deslizó esa segunda cuenta, insistiendo en que se trataba de alguien que no militaba en ningún partido político y que habría ayudado desinteresadamente a cualquier independentista que hubiera solicitado su colaboración.

Después de meses de parón, el 'CNI catalán' acabó volviendo a las redes sociales. Lo hizo incorporando ya a su perfil el nombre de Miquel. Con todo, nunca había trascendido hasta ahora el nombre completo del presunto autor intelectual de las acciones de los CDR. En los últimos meses, los perfiles de este grupo en las redes sociales se han concentrado en atacar la mesa de diálogo apoyada por ERC; exigir el final del uso del castellano en los colegios, institutos y universidades catalanas; hacer de altavoz de la hoja de ruta de Puigdemont; reivindicar el valor histórico del 1-O, y exigir la aplicación efectiva de la DUI del 27 de octubre de 2017.