La Fiscalía pide procesar a los CDR por terrorismo: "Querían atentar contra objetivos"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de presentar su escrito en la fase final de la instrucción sobre los radicales de los CDR detenidos en septiembre de 2019 y que presuntamente planeaban atentados, sabotajes y el asalto del Parlament como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1-O. El Ministerio Público reclama procesarlos a todos ellos por pertenencia a organización terrorista, delito al que suma el de tenencia y el de fabricación de explosivos para nueve de los acusados. Considera acreditado que pretendían atentar contra "objetivos previamente seleccionados", indica el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

En concreto, el Ministerio Público especifica: "Los investigados habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

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Añade que su meta final como organización "era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo relaciona a este núcleo extremista con la organización en su más amplia denominación, los propios comités de defensa de la república. Así, indica que el movimiento nacido de la defensa del referéndum del 1 de octubre de 2017 y evolucionado hacia iniciativas de apoyo a la independencia se desgajó en núcleos "compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada". El que conformaban los arrestados se radicalizó.

La intención general, explica, se manifiesta en los CDR a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de derecho para las reivindicaciones políticas y sociales, y la apelación directa a la desobediencia y a la ejecución de acciones de características habitualmente tumultuarias que pretenden imponer una realidad de hechos consumados mediante la toma de control del territorio y la afectación de sectores estratégicos económicos y de abastecimiento", continúa.

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Sin embargo, los acusados ante la Audiencia Nacional fueron más allá. Integraron una célula reducida que evidenció "una gran radicalidad". "La creación de esta célula viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a 'la causa', habiéndole sido encargada la realización de las acciones más sensibles", indica la Fiscalía. La acusación se ejerce contra Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Joaquín Delgado (a los que se atribuyen ambos delitos), y Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, acusados del vinculado con los explosivos.

Objetivos definidos

El fiscal se refiere a la planificación de ataques contra personas y contra infraestructuras básicas, y la elaboración para ejecutarlos de sustancias explosivas, destacando entre ellas la conocida como termita. Asegura que en el momento de su desarticulación, la organización había realizado informaciones precisas sobre sus posibles objetivos y había desarrollado actos preparatorios, "consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados".

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En las fotografías de los objetivos seleccionados, se recogen determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales. Entre los lugares elegidos para atentar, se encuentran la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno en Barcelona. También la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia. Otros objetivos eran miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión e instalaciones en autopistas y peajes. O la empresa Amazon.

"Han realizado diferentes búsquedas en internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra", destaca también en referencia a las búsquedas, entre otras, sobre el líder del PP, Pablo Casado.

"Los investigados habrían llevado a cabo todos los pasos necesarios para la elaboración y fabricación de sustancias incendiarias"

Los investigados, además de dedicarse a la producción de termita, "realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita" en laboratorios montados en domicilios. Adquirieron sustancias destinadas a la fabricación de las mismas. El escrito concreta que se encontró en los registros una granada de mortero Valero 50 mm "considerada munición de guerra". Entre las sustancias adquiridas, se encuentra el nitrato amónico, del que fue incautado más de un kilo, que es la sustancia base para explosivos del tipo ANFO, Amonal y Amosal.

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"Por tanto, los investigados habrían llevado a cabo todos los pasos necesarios para la elaboración y fabricación de sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas, de forma efectiva; para ello, habrían adquirido los conocimientos necesarios (incluso con el asesoramiento de expertos), habrían realizado la compra de las sustancias o elementos necesarios para su fabricación (haciendo uso en ocasiones de identidades falsas o por medio de terceras personas), contando al menos con dos laboratorios donde llevar a cabo esas actividades, ubicados en domicilios particulares", dice el escrito.

6.000 euros para ocupar el Parlament

El Ministerio Público detalla también otras acciones desarrolladas por los acusados. Explica que, como han ido acreditando los informes policiales, se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña y defenderlo posteriormente. Habían destinado un presupuesto de 6.000 euros para este fin dirigido al alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de “intendencia”, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando, además, antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones.

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Los planes se encontraban muy avanzados y las tareas estaban repartidas entre diferentes sectores del movimiento secesionista, "encargando por ejemplo a Bombers per la República el servicio de orden". En documentos incautados, se alude al Parlament como la "casa grande" y se habla de los diferentes accesos al lugar, como tres entradas al jardín, en clara referencia a los accesos al Parque de la Ciutadella, en cuyo interior se encuentra ubicado el Parlament, y una entrada animal, en referencia al acceso a través del zoo.

También desvela el escrito que el grupo planeaba otras ocupaciones. En los registros, se localizaron documentos en que se propone la ocupación de los denominados 'petit palaus' (ayuntamientos) y se hace un relato de las motivaciones que llevan a realizar esas acciones. "Se pormenoriza una planificación muy detallada de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la ocupación de esos consistorios", agrega el informe.