La última maniobra del secesionismo para desgastar al Gobierno: una comisión 'zombie'

Este miércoles se constituye formalmente la comisión de investigación Pegasus en el Parlamento catalán, una iniciativa soberanista para desgastar al Gobierno central. El órgano estará presidido por la diputada de ERC Meritxell Serret y se sustenta en el escándalo montado en torno al ‘Catalangate’, el polémico informe de la organización canadiense Citizen Lab que apuntaba al Estado como artífice del espionaje a varios líderes y activistas independentistas. El texto ha sido cuestionado por técnicos y expertos internacionales.

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Oficialmente, el objeto que persigue la comisión es, entre otros, “conocer los detalles de las intromisiones en los móviles de los representantes políticos y de la sociedad civil catalana con los programas espía Pegasus y Candiru llevada a cabo por el Reino de España, por medio del CNI o de otros organismos públicos”. Una premisa que no deja de ser falaz, puesto que está demostrado que algunas de las intromisiones, como la que afectó, entre otros, al presidente del Parlament, Roger Torrent, al 'exconseller`' y actual jefe de filas de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, y a la ‘cupera’ Anna Gabriel, fueron realizadas por ‘piratas’ ajenos a España, conforme figura en un sumario de los Estados Unidos.

La comisión también reclamará conocer quién ha comprado los programas espía y planteará “exigir responsabilidades políticas, penales o civiles”. Una de las líneas de acción es pedir la comparecencia de ministros, de altos cargos del CNI o de otras instituciones del Estado. El reglamento del Parlamento señala que en este tipo de comisiones es obligatoria la asistencia si el ciudadano es llamado a comparecer.

En las filas independentistas se es consciente de que el Tribunal Constitucional ya dictaminó que la cámara catalana no tiene competencias para citar a un ministro. De hecho, el Parlament no tiene autoridad para convocarlos, pero la incomparecencia de funcionarios o altos cargos de otra administración servirá de base para iniciar un proceso penal contra los que no hayan comparecido, al menos es lo que apuntan las fuentes consultadas.

Lo que persigue la petición es desgastar al oponente. El provecho para el soberanismo es que la apelación a la justicia caerá en el cesto de las lamentaciones y los agravios: será la excusa perfecta para lanzar la consigna de que los altos cargos del Gobierno u otros organismos del Estado no comparecen porque tienen miedo y porque menosprecian a Cataluña, un discurso en la línea del secesionismo más radical.

Lastrada por las deficiencias

La naturaleza de la comisión, no obstante, nace lastrada por las deficiencias que hay tanto en el informe del 'Catalangate’ como en su gestación y en los invisibles hilos que manejan a la organización canadiense que lo presentó públicamente, Citizen Lab. En este sentido, la comisión Pegasus es una comisión ‘zombi’, que mezcla casos muy diversos y que se basa en un informe donde priman los argumentos políticos y no los técnicos.

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Los casos de espionaje que han sido analizados no tienen un soporte científico que certifique su veracidad y, además, la organización que hizo el informe tiene un historial de fallos lo suficientemente importante como para poner sus conclusiones en cuarentena.

La polémica está en la mesa, especialmente después de que recientemente se descubriese que en una actuación similar en la India, Citizen Lab admitió como buenos 24 falsos positivos de un total de 29 aparatos examinados. En el país asiático, investigaba supuestos espionajes a periodistas, políticos y jueces de India y de Sri Lanka, según desveló el semanario ‘El Triangle’. También resultó falso un positivo que Citizen Lab había certificado a Carine Kanimba, hija del disidente ruandés Paul Rusesabagina, condenado a 25 años de cárcel. Allí, el laboratorio aseguró que Carine había sido espiada, pero Amnistía Internacional lo desmintió y calificó el incidente como un “falso positivo”. La entidad canadiense acabó reconociéndolo.

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¿Puede haber una guerra empresarial tras Citizen Lab? No es descartable: el laboratorio canadiense puso en el punto de mira a la compañía israelí NSO Group y hay declaraciones de sus responsables durante los últimos años que así lo certifican. En diciembre de 2020, la firma mexicana R3D denunció, tras una investigación de Citizen Lab, que la empresa Circles, filial de NSO en México, vendió software espía al menos a 10 corporaciones en el país norteamericano entre 2015 y 2020. Los dardos de Citizen Lab apuntaban al Gobierno mexicano, del que aseguró que algunas de sus agencias podían haber comprado “tecnologías de vigilancia” a Circles, que también vendería programas a otros 25 gobiernos en todo el mundo, entre otros a Chile, Australia, Dinamarca, Ecuador, Kenia, Perú y Emiratos Árabes Unidos. R3D es una de las empresas que trabajó en el informe del ‘Catalangate’, su segundo accionista es George Soros y es una de las firmas que utilizan los canadienses para levantar escándalos.

Otro de los aliados de Citizen Lab, la plataforma Social Tic, desvelaba en esas mismas fechas que el laboratorio habían detectado 1.091 pinchazos telefónicos en todo el mundo con Pegasus, el virus de NSO Group. De ellos, sólo 3 correspondían a México. Curiosamente, Citizen Lab sólo ha descubierto virus espía de NSO Group, pero no de otras compañías que utilizan métodos y programas similares. Y ambas empresas mexicanas intervinieron en la investigación y en la redacción del informe del ‘Catalangate’. Además, uno de los directivos de R3D ayudó al presidente del Parlament, Roger Torrent, a denunciar el caso como si detrás del mismo estuviese el Gobierno central, cuando en Estados Unidos había ya abierto un sumario en el que figuraban los 8 presuntos autores de ese espionaje, que se realizó gracias a un agujero en WhatsApp.

El director se pone de perfil

Ronald Deibert, director de Citizen Lab, declinó responder a las preguntas de El Confidencial argumentando que ya había contestado a todas las cuestiones que se le habían planteado. Afirmó, sin embargo, que le extrañaba que un medio recicle “informaciones que han sido desacreditadas”. Pero no precisó a qué se refería. Igualmente, no contestó a un cuestionario enviado por este periódico con preguntas muy concretas sobre la realización del informe, como la verificación de los dossieres que hace su laboratorio (sólo son examinados por la firma Amnesty Tech, mientras que los de esta sólo son revisados por Citizen Lab), lo que levanta fundadas sospechas de parcialidad y manipulación.

Tampoco quiso aclarar si Citizen Lab había trabajado para las organizaciones independentistas catalanas en septiembre de 2017 y las había ayudado a esconder las páginas web del referéndum que estaban prohibidas por el Tribunal Constitucional, lo cual hubiera supuesto otro golpe a la credibilidad del laboratorio, puesto que hubiese desvelado los vínculos del secesionismo con la entidad canadiense. Y, finalmente, tampoco quiso contestar a la relación del laboratorio con el activista Elíes Campo, que aún siendo uno de los presuntos espiados fue también uno de los firmantes del informe.

Campo, del que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, había dicho que fue el principal impulsor de la investigación y que sin él no se habría destapado el escándalo, está en el centro de otra polémica, porque en algunos de sus curriculums figura que fue alto cargo de Telegram entre 2015 y diciembre de 2021, cuando esta multinacional lo ha negado tajante y públicamente. También figura que comenzó a trabajar para Citizen Lab en enero de 2022, cuando algunos de los dirigentes presuntamente espiados admitieron que en 2020 y 2021 (cuando teóricamente era alto cargo de Telegram) les había contactado de parte del laboratorio para analizar sus móviles, por lo que su relación con los canadienses viene de muy atrás.

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El joven emprendedor Campo (no es ingeniero, como se ha publicado reiteradamente) se ha volcado este verano en diversos actos ligados al independentismo: participó en un foro de Òmnium Cultural celebrado en Suiza, pasó luego a ser el protagonista del anuncio en la nueva campaña de publicidad de la compañía Parlem, la marca que el secesionismo promueve para boicotear a las empresas de telecomunicaciones españolas. Y, por último, fue el pregonero de la fiesta mayor del distrito de Sants, en Barcelona (barrio del que procede), en la segunda quincena de agosto. Campo será una de las ‘estrellas’ de la comisión de investigación.