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Europa no da crédito al 'Catalangate': Bruselas no enviará ninguna comisión a España
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Comisión Pegasus

Europa no da crédito al 'Catalangate': Bruselas no enviará ninguna comisión a España

George Soros y organizaciones mexicanas: los amigos en la sombra de Citizen Lab, el laboratorio que fabricó el escándalo de espionaje al independentismo

Foto: Varios empleados del Parlamento Europeo apuntalan los últimos detalles del hemiciclo antes de una sesión plenaria. (EFE/Olivier Hoslet)
Varios empleados del Parlamento Europeo apuntalan los últimos detalles del hemiciclo antes de una sesión plenaria. (EFE/Olivier Hoslet)

El independentismo está que arde: la comisión Pegasus del Parlamento Europeo no investigará a España por espiar a líderes secesionistas. En realidad, es lógico, puesto que no hay pruebas de espionaje ilegal y el Gobierno español admitió que solo 18 activistas fueron sometidos a control. Los demás casos denunciados son muy sospechosos, tanto que incluso pueden haber sido falsificados, según señalan varios informes de expertos internacionales. El gran escándalo de espionaje se está convirtiendo a pasos agigantados en un gran bluf.

La comisión Pegasus, en cambio, sí investigará a otros países: envió este lunes una misión a Israel, donde está la sede de NSO Group, la empresa fabricante del programa espía Pegasus. Después, la delegación comunitaria visitará Hungría, Polonia y los Estados Unidos, donde hay un sumario abierto sobre el espionaje, que involucra a ocho altos directivos de NSO Group. Pero no habrá visita a España, como pretendían los independentistas para deteriorar la imagen del Estado ante la opinión pública internacional. En esa comisión, incluso había sopesado su presencia el fugado Carles Puigdemont, que presumía de que, como integrante de la misma, España no lo podría detener si pisaba suelo español. Con su visita, pretendía reírse del Estado español y dejarlo en ridículo ante el mundo.

Foto: Ilustración: Laura Martín.
El Gobierno autorizó el espionaje con Pegasus a 18 líderes de Tsunami Democràtic
José María Olmo Beatriz Parera Ilustración: Laura Martín

Los recelos de Europa quedaron patentes este lunes, cuando un portavoz de la Comisión Europea afirmó que el denominado ‘Catalangate’ es un asunto interno de España y que salvaguardar la seguridad nacional “sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro”. El portavoz señaló que cualquier intento de acceder ilegalmente a datos de ciudadanos, aunque sea por los servicios de seguridad nacional, es “inaceptable”, pero no se pronunció sobre España: en nuestro país, el Gobierno admitió que 18 líderes independentistas habían sido investigados por el CNI, pero siempre bajo estricta supervisión judicial.

Intereses espurios

En realidad, Europa recela de las investigaciones que dieron lugar al Catalangate, puesto que hay indicios que apuntan a intereses espurios en la investigación de la entidad canadiense Citizen Lab, un organismo adscrito a la Universidad de Toronto. A pesar de las afirmaciones del director de Citizen Lab, Ron Deibert, de que en la investigación participó solamente esta entidad, lo cierto es que en ese informe participaron también un puñado de organizaciones con sede en México, una de las zonas donde el independentismo catalán tiene más contactos. Tras esas entidades, aparentemente ‘luchadoras’ por los derechos humanos, se esconden intereses comerciales de sospechosa naturaleza. De hecho, todas ellas llevan investigando a la empresa israelí NSO Group desde hace al menos cuatro años.

Foto: Una estelada en una imagen de archivo. (Reuters/Perez)

En la investigación están implicadas la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Article 19, SocialTIC y Amnistía Internacional. Algunos de los informes de expertos que han aparecido en las últimas semanas y que echan por tierra la ‘investigación’ de Citizen Lab apuntan a una guerra comercial contra NSO Group detrás del Catalangate. Además, el CEO de NSO Group, Shalev Hulio, declaró en los Estados Unidos que Facebook quiso comprar el programa Pegasus para monitorizar a sus clientes con dispositivos Apple, pero la compañía no se lo vendió.

Por otro lado, algunos informes internacionales que diseccionan la investigación de Citizen Lab señalan que esta entidad y otra denominada Amnesty Tech fueron subvencionadas con 10 millones de dólares por Apple, lo que, lógicamente, levanta sospechas de parcialidad. El profesor de la UNED y de la London School of Economics and Political Science José Javier Olivas también relata en otro informe que la verificación de los datos de Citizen Lab fue realizada por Amnesty Tech, una entidad con la que trabaja en comandita. Su 'modus operandi' es verificarse mutuamente los informes que cada uno realiza por separado. “Se proporcionan mutuamente ‘validación externa”, dice el profesor.

Foto: Sesión de control del Senado con una pancarta referente al 'Catalangate'. (EFE/Zipi)

Olivas destaca que Deibert aseguró que nunca había recibido pagos o donaciones de Apple, WhatsApp o Facebook, pero un comunicado oficial de Apple lo desmiente: en una comunicación oficial, felicitó a “grupos como Citizen Lab y Amnesty Tech por su innovador trabajo para identificar abusos de vigilancia cibernética y ayudar a proteger a las víctimas. Para fortalecer aún más esfuerzos como estos, Apple contribuirá con 10 millones de dólares, así como los costes de la demanda, a organizaciones que persiguen la investigación y la defensa de la vigilancia cibernética”. También anunció su apoyo a los investigadores de Citizen Lab con bonos de asistencia técnica. Olivas desveló que el reparto de los 10 millones de dólares se hará próximamente por un comité de cinco personas, una de las cuales es Ron Deibert, director de Citizen Lab. Los otros cuatro son representantes de Amnesty Tech, Access Now, The Engine Room y Apple. Estos indicios de financiación millonaria ponen en la picota la imparcialidad de los informes canadienses.

El contacto mexicano

El informe elaborado el pasado mes de mayo (y luego ampliado el 7 de julio) por el profesor José Javier Olivas relata también que el 17 de julio de 2020, John Scott-Railton, el investigador principal del Catalangate, “puso en contacto al señor Joan Serra, secretario de prensa del señor Torrent, con el señor Luis Fernando García, abogado y director de R3D, la entidad que colabora con Citizen Lab en las investigaciones de Pegasus en México, para que brindaran asesoría en las acciones, detectar ataques y encontrar vías para denuncias judiciales y mediáticas”.

Foto: Las instalaciones de NSO en Sapir, Israel. (Getty/Amir Levy)

Este profesor rescató declaraciones de los investigadores clave del Catalangate que admitieron que lo que buscaban con la investigación eran pruebas “para alimentar en los tribunales casos contra NSO por WhatsApp, Apple y políticos independentistas catalanes”. El propio Roger Torrent, expresidente del Parlamento catalán, dejó una prueba en su libro ‘Pegasus. El Estado que nos espía’: reconoce que Scott-Railton trabajaba “en nombre de Apple, que también está muy interesada en aclarar quién está detrás de los ataques”. Y señala en otro pasaje: “Los de Citizen Lab estamos interesados en cerrar la carpeta para que podamos dar municiones a WhatsApp, Apple y a nosotros mismos para que tengamos material sólido para presentar en la corte”. De estas investigaciones se derivó una denuncia de Apple contra NSO Group interpuesta el 23 de noviembre de 2021. Scott-Railton lanzó por Twitter ese mismo día que la demanda se sustentaba en los hallazgos de Citizen Lab, Amnesty Tech, Access Now, RSF, EFF, R3D y Article 19”. En otras palabras, la investigación sobre el independentismo era una herramienta más para encontrar ‘munición’ contra NSO por parte de Apple y WhatsApp.

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) es una plataforma cuyo capital mayoritario (un 24,81%) está en manos de un misterioso accionista. Se sabe, no obstante, que el 21,38% lo detenta la Open Society Foundation, una red de fundaciones que controla el magnate George Soros, implicada en varias campañas de desestabilización mundial. Otro 16,23% de esta entidad está en manos de Privacy International, una ONG que asegura buscar que se garantice la privacidad y que lucha contra la invasión de la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones. Otro 14,91% está en manos de la Fundación Ford y un 13,18% lo tiene Internews, otra ONG que promueve el acceso a información confiable y de calidad. Por último, un 7,60% está oficialmente en manos de Google.

De nuevo Soros

Article 19, por su parte, es una plataforma financiada, entre otros, por la Open Society Institute, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional, el Swedish International Development Agenda y la embajada de Estados Unidos en México. La entidad tiene su sede en Londres, pero cuenta con una fuerte implantación en México, donde el independentismo goza de excelentes contactos.

Foto: Los abogados Andreu Van Den Eynde (i), y Benet Salellas (d). (EFE/Andreu Dalmau)

También SocialTIC intervino en la investigación. Es esta una plataforma creada en 2012 a partir de Reddes, una pequeña ONG dedicada a la promoción de tecnologías libres en la ciudad de Xalapa, en Veracruz (México). Esta plataforma presume de haber sido la organización “que ha realizado los primeros estudios latinoamericanos de infoactivismo, pasó como los primeros talleres de uso de tecnologías digitales para el cambio social en México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Venezuela”.

Un informe elaborado por el doctorando de la Northcentral University de los EEUU Jonathan Boyd Scott, ‘Uncovering the Citizen Lab. Disproving Catalangate’ (supervisado por el doctor Gregorio Martin), señala también que “el Catalangate es un giro de narrativas, falsos positivos, fabricaciones, colusión y ninguna de las investigaciones presentadas está respaldada por evidencia científica alguna”. Además, el académico estadounidense afirma que Citizen Lab adolece de “falta de integridad, honestidad y rigor académico”. También vincula el laboratorio canadiense con el independentismo desde el año 2017. Por otro lado, su informe deja la puerta abierta a una manipulación de los datos, ya que pudo haber omitido a propósito falsos positivos o incluso la posibilidad de que algunos positivos hayan sido creados artificialmente por los independentistas para justificar el escándalo.

El independentismo está que arde: la comisión Pegasus del Parlamento Europeo no investigará a España por espiar a líderes secesionistas. En realidad, es lógico, puesto que no hay pruebas de espionaje ilegal y el Gobierno español admitió que solo 18 activistas fueron sometidos a control. Los demás casos denunciados son muy sospechosos, tanto que incluso pueden haber sido falsificados, según señalan varios informes de expertos internacionales. El gran escándalo de espionaje se está convirtiendo a pasos agigantados en un gran bluf.

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