El frente judicial del independentismo contra Pegasus se enreda en los tribunales

Las querellas presentadas por ERC, la CUP, Omnium Cultural y otras personales vinculadas con el entorno independentista por el espionaje de Pegasus quedarán diseminadas por distintos Juzgados de Barcelona. La decisión del primero de los magistrados que instruyó sobre el espionaje, el titular del Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, de rechazar la acumulación de distintas denuncias por hechos relacionados, pero no similares, ha enredado la estrategia judicial del soberanismo, que ha visto cómo se aleja la posibilidad de una gran causa unificada sobre la infección de los móviles de una sesentena de cargos con el 'software' espía. De momento, la investigación se conduce en al menos cuatro juzgados y se rechaza considerar a la compañía israelí propietaria del sistema, NSO Group, como investigada.

El juez del 32, el primero en instruir sobre la cuestión a consecuencia del espionaje al expresidente del Parlament, Roger Torrent, y al exdiputado Ernest Maragall, no solo archivó hace unos días las diligencias, sino que ha rechazado acumular una querella presentada por la CUP. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, dice que "no puede atribuirse a la misma persona" el contagio con Pegasus que sufrieron miembros de ese partido. También asegura de forma rotunda que la compañía israelí no consta como investigada ni hay posibilidades de que lo vaya a estar en el futuro. "Hasta la fecha, no consta base fáctica o jurídica para su imputación", concluye José Antonio Cruz.

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Otros tres Juzgados han ido admitieron distintas denuncias. La de la CUP se encuentra en el 22 de Barcelona, mientras que la de Òmnium recayó en el 21. Las escuchas a los de ERC fueron asumidos por el 24. La Fiscalía de Delitos Informáticos, presente en todos estos casos, no ha visto tampoco, hasta el momento, motivo alguna para aunar diligencias. Duda de que tras el espionaje se encuentre "la misma persona o entidad" y también de que tras él estén agencias del Gobierno español en todos los casos. "No hay indicios sobre los autores ni sobre persona o entidad pública o privada alguna".

Contraste con la Audiencia Nacional

La reacción del independentismo es de frustración. Políticos y abogados se quejan del agravio comparativo de estas investigaciones con las que dirige en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama. Por parte de ERC, la eurodiputada Diana Riba habló esta semana de "discrimación de carácter político" y de "indefensión". ERC asegura que hay dos velocidades y, mientras en el tribunal especial de Madrid se actúa con agilidad, no sucede lo mismo en los de Barcelona.

Otro de los ejemplos son los argumentos del abogado de la CUP, Benet Salellas, que está reclamando de forma insistente a los distintos Juzgados que den impulso a los procedimientos. Una de las sugerencias es la de aprovechar la comisión rogatoria que ya ha cursado el juez de la Audiencia, José Luis Calama, para que se agreguen el resto de solicitudes de información de otros afectados.

"Hay una importante diferencia entre la tutela judicial que se está dando a las víctimas tuteladas por la Audiencia Nacional y las que han denunciado los hechos en los juzgados de Barcelona", indica en su escrito en el que también se queja de que, un mes y medio después de la presentación, en algunos casos no se tiene aún noticia ni siquiera de la admisión o inadmisión a trámite.