La exjefa del CNI señaló al juez de Pegasus que el control de los móviles era de Bolaños

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban aseguró durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y tres ministros que la seguridad de las móviles de los miembros del Gobierno dependía del ahora ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el momento en que fueron infectados por el 'malware'. Esteban declaró el pasado viernes como testigo y, según apuntan fuentes jurídicas, señaló en su comparecencia que el control de los terminales correspondía a la Secretaría de Presidencia, entre cuyas funciones se incluye "la seguridad de las actividades del presidente del Gobierno y la asistencia en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones".

El magistrado abrió el pasado viernes la ronda de comparecencias con la declaración de la exjefa de la Inteligencia española. Las citaciones se han fijado para aclarar las circunstancias del agujero de seguridad que permitió que estos tres móviles del Gobierno fueran infectados entre los meses de mayo y junio de 2021. Las preguntas formuladas a la responsable de Inteligencia cesada se dirigieron a tratar de determinar qué pudo fallar para que se produjera la intromisión. Esteban señaló que la amenaza se había identificado meses antes y que se advirtió al Ejecutivo de que esta tecnología del grupo israelí NSO Group estaba siendo empleada para pinchar a políticos. El aviso se dirigió precisamente a la secretaría que ocupaba Bolaños, indicó.

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No pudo, sin embargo, concretar qué medidas de prevención se pusieron en marcha entonces, dado que no eran de su responsabilidad. El ministro tendrá que declarar el próximo 9 de julio y detallar los mecanismos de seguridad empleados en los teléfonos de los miembros del Gobierno. Se le preguntará si se realizan de forma habitual controles rutinarios y si se detectó en los meses del espionaje algún elemento que levantara sospechas. También qué archivos o mensajes contenían los teléfonos en ese momento y si el Ejecutivo baraja alguna tesis sobre los autores.

Esteban declaró unas semanas después de que Moncloa decidiera su cese con el argumento de que el fallo de seguridad fue responsabilidad del centro que dirigía. La destitución venía siendo reclamada de forma cada vez más insistente por ERC, clave en el bloque de investidura, por el uso de Pegasus para rastrear a más de 60 dirigentes independentistas. La exdirectora admitió pinchazos a 18 de ellos, incluyendo el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

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La causa que mantiene abierta el juez José Luis Calama se inició tras la denuncia cursada por el propio Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Se detectó con meses de retraso que el presidente y dos ministros habían sufrido intervenciones con el sistema de 'malware' espía. El Ejecutivo denunció los hechos ante la Audiencia Nacional y arrancaron las diligencias previas por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado trata de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que hubieran participado. Posteriormente, amplió el procedimiento tras detectarse que el móvil del ministro del Interior también fue 'hackeado'.

La denuncia del Gobierno se apoyaba en los informes del Centro Criptológico Nacional, que apuntan a que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno (…) fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)" y el de la ministra de Defensa "en junio de 2021". En ambos casos, "se produjo exfiltración de información", pero a día de hoy, los dispositivos ya no presentan "indicadores conocidos de infección". El teléfono de Grande-Marlaska fue espiado con Pegasus entre el 7 y el 26 de junio de 2021 y le extrajeron seis gigas del móvil. El país alauí ha sido desde el inicio uno de los principales sospechosos de la acción. Todos fueron atacados en fechas similares, entre mayo y junio del año pasado, en plena crisis con Marruecos, si bien no está acreditado el origen de las vigilancias.

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Además de las declaraciones de los testigos, el juez Calama, que trabaja junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se ha dirigido ya a Israel. Tras acordar levantar el secreto de las actuaciones, ha ampliado la comisión rogatoria cursada en inicio y ha solicitado que un equipo encabezado por él se desplace a este país y tome declaración como testigo al CEO de NSO Group, la empresa que comercializa el programa. De momento, no ha recibido respuesta.

Moncloa desmiente su responsabilidad

Fuentes de Moncloa desvinculan tajantemente la citación de Bolaños por el juez, en calidad de testigo, de sus supuestas responsabilidades en el control de las comunicaciones del Gobierno. Es más, estas mismas fuentes atribuyen a una versión interesada que el motivo de su citación tenga que ver con que la seguridad de las comunicaciones no dependiese del CNI, sino directamente del departamento de Bolaños. El ahora ministro dirigía el Departamento de Seguridad de Presidencia cuando fueron atacados los móviles de Pedro Sánchez y tres ministros.

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Desde el Gobierno, intentan minimizar cualquier responsabilidad del titular de Presidencia en el caso Pegasus y enmarcan su declaración ante el juez dentro de la normalidad. Una oportunidad, dicen, para intentar esclarecer unos hechos denunciados por el propio Ejecutivo. La voluntad de Bolaños, según ha expresado, es aportar toda la información en manos de Moncloa, complementando la ya aportada en los autos, para conocer a los autores del espionaje. En su entorno no aclaran si acudirá a declarar ante el juez o lo hará por escrito, algo que todavía no habría decidido, pero sí se insiste en que habrá máxima colaboración con la Justicia.

“Somos los primeros interesados en saber quién espió los móviles de los ministros”, aseguraba Bolaños en los pasillos del Senado tras conocerse la decisión del juez de llamarlo a declarar. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, remarcaba por su parte que el Gobierno habría actuado en este asunto con “absoluta transparencia” y que la disposición es colaborar con la Justicia “para acabar con este tipo de comportamientos”.