Bolaños era el responsable de la seguridad de los móviles cuando se espió al Gobierno

El intento del Gobierno de desviar la atención del caso Pegasus con la filtración de que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido espiados se ha acabado convirtiendo en un bumerán que ha cuestionado la seguridad del Estado y una brecha en el secreto de las comunicaciones aún por explicar. Todas las miradas están ahora puestas en la directora del CNI, Paz Esteban, que comparecerá mañana en el Congreso en la comisión de secretos oficiales. La continuidad de la 'jefa' de los espías está en entredicho y podría ser la cabeza de turco que exigen los socios de gobierno. ¿Pero de quién depende realmente blindar las comunicaciones de los miembros del Gobierno? Atendiendo al organigrama del Ejecutivo, esta competencia pende de la Secretaría de Presidencia.

Entre las funciones que tiene el citado organismo estaría “la organización y la seguridad de las actividades del presidente del Gobierno, tanto en territorio nacional como en sus desplazamientos al exterior”, así como el apoyo y el asesoramiento técnico a los distintos órganos de la Presidencia del Gobierno. "La asistencia en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones". Es decir, que es este departamento el que debe velar por que los teléfonos de los miembros del Gobierno y algunos de sus altos cargos, los de departamentos más sensibles, no se contaminen con programas como Pegasus pidiendo revisiones periódicas. En la actualidad, el cargo de secretario general de Presidencia lo ostenta Francisco Martín Aguirre, pero en la etapa en la que se 'hackearon' las terminales de Sánchez y Robles, este puesto lo desempeñaba el actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

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Bolaños se ha puesto al frente de esta crisis, de la que él estaría en el origen. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la denuncia presentada por Moncloa, ha fechado el espionaje al móvil del presidente el 19 y el 31 de mayo de 2021. En el caso de la ministra de Defensa no se han especificado los días, pero se ha acotado que la 'infección' de su terminal se llevó a cabo en junio de ese mismo año. En esas fechas, Bolaños seguía como secretario general de Presidencia, ya que no ascendería a ministro hasta la remodelación que Sánchez hizo en julio de ese mismo año.

Desde el departamento de Bolaños aseguran que del servicio de telecomunicaciones de Presidencia del Gobierno depende la entrega de terminales, pero "obviamente no las medidas de ciberseguridad", y apuntan al Centro Criptológico Nacional como el órgano que establece las medidas necesarias en materia de seguridad y ciberseguridad de los móviles. Remiten al reglamento del CCN, que señala que entre su cometido está la "seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información que procesan, almacenan o transmiten información clasificada". Así, del secretario general de Presidencia solo dependería la entrega de los dispositivos, según este ministerio. Por el contrario, desde los servicios de Inteligencia aclaran que el CCN no opera en ningún caso sin que se le pida desde una institución política que actúe.

Cuando el presidente, los ministros y algunos altos cargos toman posesión se les entrega un móvil con programas antivirus instalados que deberían impedir ataques informáticos. Cuentan con una aplicación (Comsec) fabricada por Indra que encripta llamadas y mensajes. A partir de aquí, el control de las terminales pasa a la Secretaría General de Presidencia a través de una subdirección, según han confirmado fuentes de Moncloa a este medio, por lo que ni el CNI ni el Centro Criptológico Nacional tendrían responsabilidad sobre qué teléfonos hay que inspeccionar o con qué periodicidad para mantener el secreto de las conversaciones. Hasta hace algo más de un año, la aplicación estuvo dando fallos, según desveló ayer este diario. Como las llamadas se cortaban con frecuencia, miembros del Ejecutivo prescindieron de Comsec para sus comunicaciones.

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El ministro de Presidencia negó ayer que el Gobierno tuviese conocimiento de que el teléfono de la extitular de Exteriores Arancha González Laya fuese intervenido, como adelantó El Confidencial, la pasada primavera en pleno conflicto con Marruecos a consecuencia de la hospitalización en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Se da la circunstancia de que debería haber sido el departamento que él dirigía en esos momentos el que sufrió el fallo de seguridad que permitió el citado espionaje. Pese a que se detectó, hace un año, que al menos una ministra había sufrido un 'hackeo' de su terminal, no se ha sabido hasta el lunes que por aquellas fechas también se piratearon los móviles de Sánchez o Robles.

O bien el Gobierno no revisó las terminales del presidente y la ministra de Defensa o no detectó el programa malicioso. Llama la atención el hecho de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enseñó en julio de 2021 al Gobierno cómo detectar un espionaje por medio de Pegasus, como también adelantó ayer este diario. El Centro Criptológico Nacional elaboró un documento de apenas 15 folios con los pasos para comprobar si un móvil había sido infectado por esta herramienta. A la vista de los acontecimientos, Moncloa debió ignorar las recomendaciones para asegurar las comunicaciones oficiales. ¿Por qué no se conoció entonces el espionaje a Sánchez y Robles? ¿Por qué no se denunció el sufrido por la ministra de Exteriores? Muchas incógnitas que el ministro de Presidencia debe responder.