El juez de Pegasus citará a la exdirectora del CNI por el espionaje a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación sobre el espionaje que habrían sufrido con Pegasus Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska citará en los próximos días a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban como testigo. Según informan fuentes del caso a El Confidencial, la comparecencia de la que fuera máxima responsable de los servicios de Inteligencia se dirigirá a tratar de aclarar las circunstancias en las que se produjo la infección de sus teléfonos móviles y conocer los controles habituales de seguridad implementados para evitar este tipo de ataques.

La decisión se ha adoptado una vez que el Gobierno ha autorizado la desclasificación de información del centro. Sin este formalismo previo, la citación no habría podido desarrollarse con normalidad, dado que cualquier dato de funcionamiento interno del CNI se considera secreto oficial. El juez tiene previsto también escuchar a los autores de los informes del Centro Criptológico Nacional que acreditaron tanto el espionaje a Sánchez como a los ministros. El Ejecutivo dio el visto bueno tras el Consejo de Ministros de este martes.

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La declaración tendrá así lugar solo unos días después de que Moncloa decidiera el cese de Esteban, precisamente con el argumento de este fallo de seguridad. La destitución venía siendo reclamada de forma cada vez más insistente por ERC, clave en el bloque de investidura, por el uso de Pegasus para rastrear a más de 60 dirigentes independentistas. La exdirectora admitió pinchazos a 18 de ellos, incluyendo el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Desde el inicio de la crisis por Pegasus, su salida inminente se convirtió en un secreto a voces. La confirmación del seguimiento con autorización judicial al líder de uno de los partidos del bloque de investidura durante 2019 fue la puntilla definitiva. Lejos de apaciguar los ánimos de ERC, las explicaciones de la ya exdirectora del CNI en la comisión de secretos del Congreso alteraron aún más al independentismo. Esteban entregó a los portavoces de los grupos documentación que acreditaba que el centro contó con el permiso judicial pertinente para intervenir los teléfonos de esas 18 personas, pero se desvinculó de la cuarentena restante.

En medio de ese tira y afloja, el Gobierno informó de que también el presidente y los dos ministros habían sufrido intervenciones con el sistema de 'malware' espía. Denunció los hechos ante la Audiencia Nacional y el procedimiento recayó en el juez José Luis Calama, que abrió diligencias previas por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado trata de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que hubieran participado. Posteriormente, amplió el procedimiento tras detectarse que el móvil del ministro del Interior también fue 'hackeado'.

La denuncia del Gobierno se apoyaba en los informes del Centro Criptológico Nacional, que apuntan a que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno (…) fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)" y el de la ministra de Defensa "en junio de 2021". En ambos casos, "se produjo exfiltración de información", pero a día de hoy, los dispositivos ya no presentan "indicadores conocidos de infección", decían los expertos a los que se citará.

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La investigación está plagada de dificultades y muy pocas opciones de averiguar quiénes fueron los autores a consecuencia de la opacidad del sistema de escucha y de la compañía propietaria, la israelí NSO Group. Es evidente a la vista del desarrollo de la única causa abierta hasta el momento sobre los espionajes: un juzgado de Barcelona investiga los primeros pinchazos conocidos con este sistema, el sufrido por el expresidente del Parlament Roger Torrent y el exdiputado Ernest Maragall, y lleva 18 meses esperando una respuesta de NSO Group.

La infección del teléfono móvil de Sánchez se produjo el 19 y el 31 de mayo de 2021. El espionaje arrancó así 24 horas después de que el presidente visitara Ceuta durante la mayor oleada migratoria provocada por Marruecos, cuando alrededor de 8.000 inmigrantes cruzaron la frontera de manera ilegal y España centraba sus esfuerzos en devolverlos al país vecino. El teléfono de Grande-Marlaska fue espiado con Pegasus entre el 7 y el 26 de junio de 2021 y le extrajeron seis gigas del móvil. El país alauí ha sido desde el inicio uno de los principales sospechosos de la acción. Todos fueron atacados en fechas similares, entre mayo y junio del año pasado, en plena crisis con Marruecos, si bien no está acreditado el origen de las vigilancias.