El espionaje marroquí en España: de Pegasus a inventar líos de faldas a Aznar

Los 'pinchazos' telefónicos padecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez son, por ahora, el último episodio de la larga historia del espionaje marroquí en España. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban dejó claro que el país vecino espiaba a España en su comparecencia del 5 de mayo en la comisión de gastos reservados del Congreso, cinco días antes de ser destituida. Esteban no acusó, sin embargo, directamente a Marruecos de haber contaminado con Pegasus los dispositivos gubernamentales, según fuentes asistentes a esa reunión a puerta cerrada.

El episodio más grotesco del espionaje o, mejor dicho, de la venganza marroquí fue el que padeció José María Aznar. El expresidente del Gobierno ordenó en 2002 el desalojo del pequeño contingente marroquí que se había instalado en el islote de Perejil y humilló así a Mohamed VI. En 2008, cuatro años después de que hubiese dejado el Ejecutivo, el semanario marroquí 'L’Observateur du Maroc' tituló en portada que el expresidente era el padre de la hija que esperaba Rachida Dati, entonces ministra de Justicia de Francia. Para dar credibilidad a este infundio, el semanario español 'Interviú' recibió varias fotos en las que se veía a Aznar y a Dati despidiéndose amistosamente en París en la puerta de un restaurante.

'L’Observateur du Maroc' es propiedad de Ahmed Charai, el relaciones públicas de la DGED, según varios documentos que salieron a la luz en 2014 a través de las redes sociales. Aznar le denunció y en 2011 la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a abonarle 90.000 euros por “daños morales”. Hoy en día, se sabe que el padre de la joven Zohra es el empresario francés Dominique Desseigne. En esos cables divulgados en 2014 aparecen también los nombres de un español con carné del PSOE y de una mujer marroquí casada con un embajador de España como asiduos colaboradores del servicio secreto que dirige Yasin Mansouri. Estas revelaciones no tuvieron consecuencias para ninguno de ellos.

Marruecos tiene experiencia en materia de vigilancia electrónica, que empezó a ejercer en 2011 sobre los cabecillas del movimiento 20 de Febrero (20-F), la versión local de la Primavera Árabe. Rabat adquiría entonces programas maliciosos a Hacking Team, una empresa italiana. Con ellos pirateó Mamfakinch, la página de referencia de los jóvenes del 20-F. El formulario de contacto de esa web contenía un 'malware' que, una vez descargado, robaba en el ordenador del usuario “todo lo que les interesaba”, explicó en una conferencia en 2013 David Barroso, experto en ciberseguridad y CEO de CounterCraft. Por aquellas fechas, la prensa francesa reveló que Rabat también había adquirido otros programas a las compañías francesas Amesys y Nexa Technologies. Hace un año, un juez instructor parisino imputó a cuatro ejecutivos de estas dos empresas por “complicidad en torturas” en Egipto y Libia.

Comparecencia de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no señalará a Marruecos en su comparecencia de hoy en el Congreso, dedicada al programa malicioso Pegasus introducido en su móvil a finales de mayo de 2021, en el cenit de la crisis hispano-marroquí. Tampoco sus ministros de Defensa o Interior, vigilados por el 'malware' fabricado por la empresa israelí NSO Group, han acusado a los servicios secretos marroquíes ni criticado a la compañía israelí por permitir un mal uso de su programa de vigilancia.

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La comparecencia de Sánchez no cierra el caso Pegasus en España. Hay decenas —quizá más de 100— de independentistas catalanes a la espera de que el laboratorio Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto, les comunique el resultado del análisis forense de sus móviles. Si el resultado arroja que estuvieron infectados, se sumarán probablemente a las querellas en curso y la bronca política se reactivará.

Más de 200 móviles españoles eran además, ya en 2019, objetivo de las agencias de Inteligencia de Marruecos, según reveló el 3 de mayo el diario británico 'The Guardian'. Forbiden Stories, la asociación de 17 medios de comunicación que, en julio de 2021, sacó a la luz una primera lista de 10.000 móviles contaminados con Pegasus por los servicios marroquíes, se dispone ahora, en colaboración con un diario madrileño, a divulgar los nombres de los titulares de esos dos centenares de teléfonos españoles. Entre ellos, ya se sabe que figuran el de Aminatou Haidar, activista saharaui; Ali Lmrabet, 'youtuber' marroquí afincado en Barcelona y crítico con el régimen de su país, y el de este periodista que escribe.

¿Cuáles son los objetivos del espionaje marroquí en España? La directora del CNI no lo explicó, pero son de sobra conocidos. Al margen de la actividad del Gobierno español relacionada con el Magreb, les interesa la detección de elementos radicales en la inmigración marroquí; el seguimiento de la actividad de la oposición islámica moderada a la monarquía alauí, empezando por el movimiento Justicia y Caridad; el exilio rifeño que llegó a España a partir de 2017; el Frente Polisario y el apoyo que recibe por parte de la sociedad civil, y los periodistas que cubren la actualidad marroquí.

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Los políticos socialistas y del Partido Popular emplean generalmente, cuando gobiernan y también cuando están en la oposición, un lenguaje melifluo cuando se refieren a la relación con Marruecos. Todos aquellos responsables no políticos relacionados con la seguridad de España, desde las agencias de Inteligencia a las Fuerzas Armadas, se expresan en unos términos muy diferentes. Describen largo y tendido el hostigamiento marroquí en el espacio aéreo del Sáhara o del sur de la Península, en las aguas de las islas Chafarinas, o la agresividad y el descaro de sus servicios secretos en territorio español.

Historia de los espionajes

La primera vez —después de la Transición democrática— que trascendió a la prensa una operación de espionaje marroquí en España fue en mayo de 1990. El general Emilio Alonso Manglano, director del Cesid —la agencia de Inteligencia precursora del CNI—, llamó al subsecretario de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, para informarle de que tenía la certeza de que un telegrama cifrado del ministerio estaba en poder de la embajada de Marruecos en Madrid.

El telegrama resumía la conversación mantenida el 16 de mayo de ese año por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, con Bachir Mustafa Sayed, número dos del Frente Polisario. Se abrió una investigación sobre quién fue el topo, en el entorno de Fernández Ordónez, que suministró el documento a los marroquíes, pero no dio resultado. Eran aún tiempos en que los ministros españoles recibían a los jefes de ese movimiento saharaui que lucha por la independencia de la antigua colonia española. Hoy en día, ya no les dan cita en el Gobierno ni en el PSOE, para no disgustar a las autoridades marroquíes.

El director del Cesid llamó al subsecretario de Exteriores en 1990 para informarle de que un telegrama cifrado estaba en poder de Rabat

Ese episodio de espionaje fue 'pecatta minuta' comparado con el que incitó al general Félix Sanz Roldán, director del CNI, a echar de España, en mayo de 2013, a Nureddine Ziani, el único espía marroquí cuya expulsión se ha hecho pública. Ziani rebasó todos los límites a ojos del CNI porque compaginó una labor tradicional de la Inteligencia marroquí —vigilar y controlar la inmigración musulmana en Cataluña— con medrar con los independentistas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Después de haber trabajado para el consulado de Marruecos en Barcelona, fundó la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña, cuya sede instaló en la fundación Nous Catalans, creada por CDC y que presidía Artur Mas. El país vecino, argumentó Sanz Roldán en su escrito solicitando a Interior la expulsión de Ziani, “ha diseñado [una estrategia] para disponer de una herramienta que le proporcione capacidad de influencia y de presión cuando lo estime conveniente sobre la Administración española perturbando la política exterior de España”.

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Ziani fue expulsado a través de la frontera terrestre de Melilla. Un coche oficial le recogió del lado marroquí y al poco tiempo se supo que ocupaba un cargo en el Ministerio de Asuntos Islámicos, que trabaja codo con codo con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), la Inteligencia exterior marroquí. Esta indica al ministerio a qué asociaciones islámicas en Europa debe conceder sus ayudas. El clero musulmán de Ceuta y Melilla figura entre sus prioridades.

No ha trascendido ninguna otra expulsión de España de agentes marroquíes ni de ningún diplomático que colaborara con la DGED, aunque muy probablemente sí se han producido, pero con mucha discreción. Tampoco se ha sentado en el banquillo ningún espía del país vecino. A diferencia de España, Alemania, los Países Bajos y Bélgica sí han dado a conocer expulsiones de agentes y diplomáticos —Bruselas se deshizo en 2018, por primera vez, de una mujer espía— y algunos han sido incluso juzgados y condenados. En los cinco años transcurridos entre 2008 y 2012, hubo 10 expulsiones o procesamientos de agentes marroquíes en la UE, una cifra solo superada entonces por Rusia.

Rabat también se ha deshecho con discreción de algunos agentes españoles. 2010 fue el año más fértil en expulsiones, que afectaron a dos militares, con estatus diplomático, adscritos al consulado de España en Tetuán, y a un tercero destinado en Nador. Este había estado dedicado a la lucha contra ETA en el País Vasco y sus superiores le mandaron después a un puesto tranquilo en el que duró poco.

El entramado de la red de espionaje de Marruecos en España queda puesto de manifiesto por las repetidas denegaciones de solicitudes de nacionalidad española por la Audiencia Nacional a instancias del CNI. Hasta hace nueve años, le bastaba al centro con indicar que el aspirante marroquí a ser español suponía un peligro para la seguridad nacional para que los jueces denegaran la petición. El Tribunal Supremo sentenció que era necesario que aportara más datos sobre la peligrosidad del candidato. Desde entonces, los informes remitidos por el CNI a la Audiencia señalan, a veces, que algunos solicitantes de la nacionalidad están “vinculados a las Inteligencia exterior” de Marruecos y por eso debe rechazarse su petición.

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Moulay Hicham, primo hermano del rey de Marruecos, apodado el 'príncipe rojo' por sus críticas a cómo Mohamed VI gobierna el país, también ha sido vigilado durante sus desplazamientos al extranjero para averiguar qué hacía, con quién se reunía. Viajó a Madrid a finales de enero de 2015 para presentar su libro ' Diario de un príncipe desterrado' (Editorial Península). La DGED estuvo aparentemente interesada en saber si vería a este periodista, pero no logró fotografiarlos juntos.

Debió de encargar esa tarea a un aprendiz de espía que se equivocó de fecha y tomó fotos de otra cena en un restaurante más modesto de los que suele frecuentar Moulay Hicham. Aun así, el servicio secreto marroquí consideró imprescindible demostrar que el 'principe rojo' y el periodista habían compartido mesa en Madrid. Recurrió a un fotomontaje publicado el 12 de febrero de 2015 en la portada del diario digital 'Le 360', el más afín al palacio real. En él se puede ver a Moulay Hicham en la cafetería del hotel Fouquet’s de París supuestamente sentado junto a este periodista. Para esta triquiñuela, echó mano de una instantánea del periodista tomada semanas antes en el Palais du Pharo de Marsella y publicada en el diario parisino 'Libération'.