España rehúye protestar ante Israel por la venta del programa Pegasus a Marruecos

El Ministerio de Defensa de Israel debe autorizar cada exportación de NSO Group, la empresa que fabrica el programa de espionaje Pegasus del que fueron víctimas el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dos de sus ministros y quizás varios altos cargos más cuyos teléfonos están aún en revisión. Aun así, el Ejecutivo no ha protestado ante Israel, según señalaron el jueves fuentes de la secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa y de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno tampoco ha formulado queja alguna ante las autoridades de Marruecos por el espionaje, pese a que numerosos indicios apuntan a que fueron sus servicios secretos los que introdujeron un programa malicioso en al menos esos tres móviles y también en el de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya (enero 2020-julio 2021). El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, exculpó de nuevo al país vecino, el pasado día 10, durante su estancia en Marrakech.

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Marruecos es señalado como el principal responsable por las fechas en las que fue introducido Pegasus en esos móviles, en mayo y junio de 2021, que coinciden con el punto álgido de la crisis bilateral con España. La directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, dejó caer el 5 de mayo, en su comparecencia ante la comisión de fondos reservados del Congreso, que Marruecos espiaba a España, pero no le culpó abiertamente del ciberataque contra esos teléfonos, según asistentes a la reunión parlamentaria. Dos días antes, el diario 'The Guardian' reveló que “más de 200 números de móviles españoles” fueron en 2019 "objetivo del programa espía Pegasus" por parte, probablemente, de Marruecos. Rabat ha desmentido haber adquirido y utilizado ese "troyano" israelí.

Israel y Marruecos han mantenido siempre una estrecha colaboración discreta en el ámbito de la seguridad, pero esta se ha hecho parcialmente pública desde que, en diciembre de 2020, ambos países anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. El director de la agencia israelí de ciberseguridad, Yigal Unna, firmó, por ejemplo, un acuerdo en Rabat, el 15 de julio de 2021, con su homólogo marroquí, el general El Mostafa Rabi. Ambos países han participado además en ejercicios conjuntos, a los que se han sumado otras potencias, sobre protección ante ciberataques.

Cuatro meses después, en noviembre de 2021, Marruecos fue el primer país árabe —y por ahora el único— en firmar un acuerdo de cooperación militar con Israel con motivo de la visita a Rabat de Benny Gantz, el ministro israelí de Defensa. A juzgar por las informaciones de la prensa israelí, Rabat ya habría encargado misiles tierra-aire Barak-8 por importe de 537 millones de euros; drones Harop por 21,1 millones y estaría negociando la adquisición de misiles de crucero Delilah para sus cazas Northrop F-5.

El enfado de Macron

La actitud del Gobierno español en mayo, ante este reto de seguridad, contrasta con la del presidente Emmanuel Macron después de que, el 18 de julio de 2021, una investigación de Forbidden Stories, un consorcio de 17 grandes medios de comunicación, desvelase que él, su primer ministro y hasta 14 de sus ministros habían sido espiados. En total, unos mil móviles franceses estaban contaminados, pero Macron no acusó a Rabat. Altos funcionarios franceses, algunos relacionados con los servicios de inteligencia, sí reconocieron en conversaciones informales con periodistas que el atacante era Marruecos.

Macron sí formuló, en cambio, serios reproches a Israel, que en los meses posteriores le dio explicaciones y le ofreció un acuerdo. Llamó al primer ministro israelí, Naftali Bennett. Este escurrió el bulto afirmando que había heredado "el asunto NSO de su predecesor, Benjamin Natanyahu" y que lo estaba investigando, según publicó en octubre el periodista israelí Barak Ravid, experto en ciberseguridad, en el digital 'Axios'. París "suspendió parcialmente la cooperación diplomática, de seguridad y en materia de inteligencia" entre los dos países "así como las visitas de alto nivel", añadió. La radio pública francesa anunció además que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, canceló una visita a Israel.

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Aun así, el titular de Defensa israelí, Benny Gantz, logró viajar a París el 28 de julio de 2021 para informar a su homóloga francesa, Florence Parly, del "asunto de NSO", según un comunicado de su departamento. El Ministerio de Defensa, con sede en Tel Aviv, "autoriza las exportaciones de NSO", recuerda Barak Ravid a El Confidencial. A continuación, en octubre de 2021, el consejero de seguridad nacional israelí, Eyal Hulata, viajó a París en secreto para proponer a su homólogo francés, Emmanuel Bonne, un acuerdo y sellar la paz.

Móviles franceses excluidos del hackeo

Este consistía en el compromiso de Israel de "prohibir el hackeo de números de móviles franceses por parte de nuevos programas espías vendidos por empresas israelíes a terceros países". Con anterioridad, el Gobierno de Israel ya había excluido los móviles de EEUU y del Reino Unido de los ataques con ciberarmas fabricadas por NSO y otras empresas israelíes, según Barak Ravid.

La Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información, el equivalente francés del Centro Criptológico Nacional de España, revisó en el verano de 2021 numerosos móviles de ministros y altos cargos. Sus análisis forenses confirmaron, a grandes rasgos, las revelaciones de Forbidden Stories. El hallazgo de esta grieta de seguridad en las comunicaciones entre miembros del Gobierno francés no provocó ningún cese a diferencia de lo sucedido en España. El Consejo de Ministros destituyó el martes 10 a Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia. El presidente Sánchez achacó el día siguiente esa decisión a "un fallo claro de seguridad" en las comunicaciones del Gobierno.

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La reconciliación entre Francia e Israel quedó sellada a finales del mes de marzo, cuando el presidente israelí, Isaac Herzog, efectuó una visita oficial a ese país y viajó con Macron a Toulouse. Allí homenajearon juntos a las víctimas de un atentado yihadista —un profesor y tres alumnos— perpetrado en 2012 en una escuela judía.

El enfado de Macron es una minucia comparado con el de la Administración del presidente Joe Biden. Su Departamento de Comercio colocó en noviembre pasado a NSO y a Candiru -también israelí- en su lista negra de empresas que desarrollan una actividad cibernética maliciosa. No solo les reprocha poner en peligro la seguridad nacional, sino también permitir el espionaje de periodistas, activistas, empresarios, académicos y diplomáticos. La inclusión en esa lista significa que no pueden vender sus productos en EEUU ni hacer negocios con compañías estadounidenses.

El Gobierno español ha permanecido de brazos cruzados ante un ataque perpetrado por Marruecos con una ciberarma israelí. En la comunidad de inteligencia se explica ante todo este silencio porque, a diferencia de Francia, España sí compró Pegasus. El CNI adquirió este programa malicioso por importe de seis millones de euros, según reveló el diario 'El País' el 20 de abril.

Viaje de Albares cancelado

El único indicio del malestar español con Israel fue, quizás, la cancelación de la primera visita que Albares debía efectuar a Israel el 21 de abril. El desplazamiento había sido acordado a principios de ese mismo mes. El ministro no quiso viajar allí hasta que un comité penitenciario israelí concediese, a principios de febrero, la libertad provisional a la activista española propalestina Juana Ruiz Sánchez. La Oficina de Información Diplomática española niega que Albares proyectase tal viaje en primavera, pero fuentes diplomáticas israelíes lo confirman. Aseguran que se canceló unos días antes "solo por problemas de agenda".

La empresa NSO no respondió a las preguntas que le formuló El Confidencial el miércoles 11 de mayo sobre su responsabilidad en el mal uso, por parte de sus clientes, del programa Pegasus. Después de que el Gobierno español denunciase, el 2 de mayo, haber sufrido un ciberataque, NSO sí contestó, en cambio, al diario francés 'Le Monde'.

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"La posición de NSO sobre estas cuestiones es que el uso de herramientas cibernéticas para vigilar a disidentes, activistas o periodistas es un grave abuso de la tecnología y va en contra del uso previsto de estas herramientas", señaló un portavoz de la empresa. La compañía, añadió, "no puede saber quiénes son los objetivos de sus clientes" y está dispuesta a cooperar con la investigación iniciada por las autoridades españolas. Estas no han solicitado, por ahora, la colaboración de NSO para sus pesquisas, pero José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el hackeo, sí podría pedirla.

El Gobierno español podía además haber denunciado en la Audiencia Nacional no solo los ataques sufridos por sus móviles, sino directamente a NSO. Así lo hicieron, en julio de 2021, ante la fiscalía de París, un grupo de periodistas encabezados por la ONG Reporteros Sin Fronteras. En la denuncia formulada acusan a la empresa israelí de una presunta violación del secreto de la correspondencia, de recogida fraudulenta de datos personales, de introducción fraudulenta de datos, de extracción y acceso fraudulento a sistemas automatizados de datos, así como de obstaculizar la libertad de expresión y violar la confidencialidad de las fuentes.