OCHO EMPRESARIOS ISRAELÍES

EEUU investiga a dos empresas por espionaje masivo de móviles como el de Torrent

Fuentes cercanas a Torrent reconocieron a El Confidencial que conocen que hay una investigación abierta en EEUU sobre la intervención de los 1.400 teléfonos infectados a través de Pegasus

Foto: El presidente del Parlament, Roger Torrent. (EFE)
El presidente del Parlament, Roger Torrent. (EFE)

La jueza norteamericana Jacqueline Scott Corley investiga a ocho empresarios israelíes como los supuestos autores del espionaje a 1.400 teléfonos de todo el mundo entre el 29 de abril y el 10 de mayo del año pasado. Los teléfonos fueron atacados gracias a un ‘agujero’ en WhatsApp y mediante el programa espía Pegasus. Entre ellos, se encontraba un grupo de WhatsApp catalán con el presidente del Parlament, Roger Torrent, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, el actual concejal de ERC Ernest Maragall, la exdiputada de la CUP fugada en Suiza Anna Gabriel o el empresario Jordi Domingo, vinculado a la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Fuentes del sector consideran que esa investigación aleja la participación de España en ese espionaje, algo que mantiene el independentismo catalán pero sin acudir, de momento, al juzgado a denunciar.

Los empresarios investigados por la Justicia de Estados Unidos son el CEO de la empresa NSO Group, Shalev Hulio, y su homólogo de la compañía Q Cyber, Nachum Falek. A este le pudieron entregar personalmente la citación en su domicilio de Israel. Otro de los investigados es Omri Lavie, también directivo de ONS, a quien no pudieron encontrar. Sin embargo, su citación fue entregada a su esposa, residente en el estado de New Jersey. En un escrito del abogado de WhatsApp, Joseph Mornin, se detalla también al resto de acusados: Mickael Betito, Stefan Kowski, Stephen Peel, Gunter Schmid y Gerhard Schmidt.

En un documento que obra en el sumario, al que ha tenido acceso El Confidencial, se señala que “entre abril y mayo de 2019, los demandados usaron servidores de WhatsApp ubicados en los Estados Unidos y en otros lugares para enviar su 'software' espía a aproximadamente 1.400 teléfonos móviles y dispositivos pertenecientes a abogados, periodistas, activistas de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y otros. Incapaces de romper totalmente el cifrado de WhatsApp, los demandados desarrollaron su ‘malware’ para acceder a mensajes y otras comunicaciones después de que fueran descifrados en un dispositivo”.

Señala este documento que “las acciones de los demandados no fueron autorizadas por los demandantes. En mayo de 2019, los demandantes detectaron y detuvieron el acceso no autorizado y el abuso de los demandados al servicio y las computadoras de WhatsApp”.

Una carta de Travis LeBlanc, abogado de Facebook, al CEO de NSO, Shalev Hulio, le advertía: "Usted tiene la obligación legal de conservar todos los documentos que puedan ser relevantes. El incumplimiento podría comportar graves consecuencias adversas. Es fundamental que tome las medidas necesarias para preservar todos los documentos potencialmente relevantes que están bajo su control, incluidos los documentos posteriores a la fecha de esta carta. Debe evitar cualquier eliminación o destrucción de los mismos, tanto en papel como electrónicos".

Las razones de ERC

Fuentes cercanas a Roger Torrent reconocieron a El Confidencial que conocen el hecho de que hay una investigación abierta en los Estados Unidos sobre la intervención de los 1.400 teléfonos infectados a través del programa Pegasus. “Pero nosotros partimos de la base de que este programa solo se vende a gobiernos o a órganos dependientes de un Gobierno. Y a nosotros todos los indicios nos llevan a pensar que el Estado español puede estar detrás”, subrayan las fuentes.

También aseguran que Citizen Lab, la plataforma internacional que ha investigado el tema, piensa lo mismo, aunque matizan: “Citizen Lab dice, obviamente, que no se puede demostrar quién hay detrás de este ataque, pero los indicios nos llevan a pensar en el Estado o en sus servicios de Inteligencia”.

EEUU investiga a dos empresas por espionaje masivo de móviles como el de Torrent

Ante el hecho de que España decida espiar a una diputada fugada que está en Suiza o a un miembro de la ANC de cuarta fila, pero no al ‘president’ Quim Torra o a Carles Puigdemont, las fuentes aseguran que “nadie dice que no hayan sido espiados también o que con ellos no se haya empleado otro sistema”. Desde el círculo más cercano a Torrent, se insiste en que “como Pegasus solo es vendido a gobiernos, es obvio que tiene que haber un Gobierno detrás de este espionaje. ¿Y qué otro Estado estaría interesado en líderes independentistas?”.

También justifican que no aparezca Carles Puigdemont porque “está residiendo en Bélgica. Y cuando un Gobierno compra Pegasus, ha de pagar una licencia si quiere utilizarlo en otros países”. Ante la evidencia de que lo que se interviene es un móvil y que Anna Gabriel, por ejemplo, reside en Suiza y, sin embargo, sí han accedido a su teléfono, desde el Parlament se alude a que “habría que ver si les interesaba más espiar a Gabriel por otros motivos. Pero quién sabe también si ha habido otras cosas”.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, no es partidario de presentar batalla judicial por el presunto espionaje de su móvil. Aunque ERC está empeñada en una batalla política para inculpar al Gobierno español en este asunto, las pruebas presentadas en Estados Unidos apuntan a una acción de dos empresas israelíes que aprovecharon un ‘agujero’ en WhatsApp para acceder ilegalmente a 1.400 teléfonos.

EEUU investiga a dos empresas por espionaje masivo de móviles como el de Torrent

El grupo parlamentario catalán de ERC mantuvo una reunión este miércoles, al término de la cual Torrent apostó por una “resolución democrática” del tema. “Más que nunca, hay que apostar por la democracia, los fundamentos y la radicalidad democrática. Ayudadnos a no parar, a exigir ir hasta el fondo, a investigar y depurar responsabilidades y que nos garanticen que nunca más habrá espionaje político”, subrayó. En declaraciones a la televisión pública, sin embargo, se mostró taxativo al pedir responsabilidades y afirmó que “tanto Citizen Lab como WhatsApp nos dicen que todas las informaciones apuntan a que detrás de este espionaje están los servicios de Inteligencia españoles”.

Sin embargo, en la querella que interpuso ante la jueza federal en California el 29 de octubre del año pasado, WhatsApp afirmaba que los responsables del espionaje son dos empresas israelíes, NSO Group Technologies Limited y Q Cyber Technologies Limited. Además, afirma que no fue un espionaje seleccionado, sino que aprovecharon un ‘agujero’ en la red social para infectar teléfonos. El ‘espionaje’ cesó cuando se aplicó un parche para tapar ese ‘agujero’, limitando el 'hackeo' a solo 1.400 teléfonos en todo el mundo. En lo que respecta a los políticos catalanes, lo que ocurrió fue que se intervino a través de ese método un chat en el que figuraban los políticos cuyos nombres han salido.

En opinión de un diputado de la oposición, “Torrent se ha marcado un Iglesias”, en alusión a las acusaciones del vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, que denunció que las cloacas del Estado habían robado la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham cuando esa acusación era falsa y por ello el juez le apartó de la investigación como víctima y sopesa investigarlo.

Comparación con el Watergate

En Cataluña, la situación monopoliza el debate político. El propio Ernest Maragall, hoy jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, comparó este caso con el Watergate norteamericano de los años setenta del pasado siglo. Maragall aseguró que ahora hay “indiscutibles e innegables evidencias” de que existe una actuación contra el independentismo. “Ahora lo que tenemos es la pieza que faltaba en el puzle. Estamos ante una vulneración de derechos flagrante y sistemática. Lo de menos es mi persona: no es contra Ernest Maragall, en todo caso es contra la figura del consejero de Exteriores del Govern de Cataluña en 2018”.

Lo que no tiene en cuenta Maragall es que el supuesto ‘espionaje’ no fue en 2018 sino en mayo de 2019. Y, además, en esa época, él ya no era consejero de Exteriores. En cambio, sí participaba en una conversación con Torrent, que fue a lo que tuvieron acceso los piratas que encontraron la vulneración de WhatsApp.

La oposición recriminó a Torrent el uso victimista que hace del 'hackeo' de su móvil y le pidió que en vez de hablar tanto “vaya al juzgado y presente una denuncia si tan claro lo tiene”. La portavoz de la ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, llegó a sugerir al presidente del Parlament que “en lugar de acusar directamente al Gobierno central, quizá deberían ver lo que pasa en su propio círculo, ya que las tensiones y las actuaciones no muy transparentes se están dando en el seno del Gobierno de la Generalitat y entre los propios partidos independentistas”.

Lorena Roldán, líder parlamentaria naranja, le recordó a Torrent que el Gobierno autonómico es el menos indicado para dar clases de transparencia y democracia, ya que en 2016 el Gobierno de Carles Puigdemont intentó comprar en Israel material de espionaje por 27 millones de euros, una información desvelada por El Confidencial. Además, le recordó también que el ex director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat Xavier Martorell reconoció en 2014 que espió a miembros de UDC a través de la agencia Método 3. Martorell dimitió después de que este diario destapase que, siendo alto cargo de la Generalitat, intentó montar el ‘CNI catalán’ y que viajaba en un coche matriculado a nombre de Método 3.

Eva Granados, portavoz del PSC, señaló que “es importante que el presidente del Parlament sea una víctima de espionaje y lo condenamos, pero lo que le pedimos es que no mezcle una cosa con otra y que no diga que hay una causa general contra el independentismo porque eso le resta credibilidad. Torrent debería dejar de abonar teorías conspiranoicas y ser más realista”.

Cataluña

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