Torrent asegura que el ataque a su móvil prueba una causa contra el independentismo
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TRAS CONOCERSE LA INTERVENCIÓN DE SU TELÉFONO

Torrent asegura que el ataque a su móvil prueba una causa contra el independentismo

Según el presidente de la Cámara catalana, este caso demuestra que en el Estado español "se practica el espionaje contra los adversarios políticos". ERC pide explicaciones a Marlaska

placeholder Foto: El presidente del Parlament, Roger Torrent, el pasado febrero. (EFE)
El presidente del Parlament, Roger Torrent, el pasado febrero. (EFE)

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, denunció este martes públicamente una “causa general contra el independentismo” después de haberse sabido, según la información facilitada a 'El País' y a 'The Guardian' tras ser confirmada por WhatApp y Citizen Lab, que 1.400 móviles de todo el mundo habían sido espiados el año pasado por la compañía israelí NSO. Su móvil es uno de los que aparece en la lista. Según Torrent, junto a él también podrían haber sido espiados la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, actualmente fugada en Suiza, y el empresario vinculado a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Domingo. A última hora de la tarde, también trascendió el nombre del 'exconseller' de Exteriores de la Generalitat y actual líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, como uno de los afectados.

"El 'software' con el que nos han espiado solo puede ser adquirido por Gobiernos (…) y permite tener acceso a todo tipo de información, así como activar de manera remota el micrófono y la cámara del móvil. En la práctica, puede capturar cualquier imagen que hay en la pantalla, incluidos mensajes, y permite todas las conversaciones incluidas las presenciales", explicó Torrent.

Foto: El presidente del PDeCat, David Bonvehí en el consejo nacional del PDeCAT de diciembre de 2019. (EFE)

El presidente del Parlament afirmó que algunas organizaciones internacionales de derechos humanos (como Amnistía Internacional y el relator de la ONU sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Key) ya habían denunciado hace un tiempo la utilización del Pegasus de manera ilegal en Marruecos, México o Arabia Saudí “para perseguir la disidencia política". "Hoy sabemos que esta práctica también se ha producido en el Estado español. Es la primera vez que se acredita de forma concluyente lo que muchos ya sabíamos y veníamos denunciando: en el Estado español se practica el espionaje contra adversarios políticos", añadió

Según el dirigente republicano, este tipo de software se utiliza solamente en "investigaciones complejas y por delitos muy graves, como por ejemplo el terrorismo o el narcotráfico".

Guerra sucia contra el 'procés'

Torrent aprovechó la coyuntura para llevar el agua a su molino y vincular el supuesto espionaje con la guerra sucia contra el 'procés'. "Hoy disponemos de pruebas fehacientes del espionaje. Y el espionaje al que he estado sometido vulnera mis derechos a la libertad, al secreto de las comunicaciones y a desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas. Pero más allá del hecho concreto, estas prácticas evidencian la existencia de una causa general contra el independentismo, una causa general que degrada la democracia y que ha de preocupar enormemente a los demócratas. Esa causa se viene practicando desde hace años y ha hecho que mi antecesora en el cargo, Carme Forcadell, esté encarcelada y otros líderes políticos estén presos o en el exilio. Lo verdaderamente grave es que se hayan podido poner en riesgo derechos fundamentales de mucha gente".

Este 'software' solo puede ser adquirido por Gobiernos. Si el Estado tenía constancia de este espionaje, sería cómplice de un delito

El presidente de la Cámara legislativa no se privó de acusar directamente a España. "Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran".

También arremetió contra el Gobierno central. "Un Gobierno que se reivindica como el más progresista de la historia no debe dejar impunes estas prácticas. Nosotros, por nuestra parte, llevaremos a cabo todas las acciones políticas y legales para que esto no quede impune”. Y afirmó que "si el Estado tenía constancia de este espionaje, sería cómplice de un delito. Y si no la tenía, sería un síntoma muy grave de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales. Es preciso depurar los hechos y poner fin a la guerra sucia contra el independentismo. Iremos hasta el fin en este caso para que se esclarezca todo".

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