DNI virtual y fibra óptica propia. ¿Puede un decretazo cortar la república digital catalana?

"Hay situaciones que nos preocupan. En el ámbito digital ocurren cosas que son irreparables. Se trata de reaccionar de manera inteligente, rápida y proporcional". Con estas palabras describió ayer la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el 'decretazo' que viene. La letra pequeña se conocerá el próximo martes tras su publicación en el BOE, pero fuentes conocedoras del texto y la estrategia del Ejecutivo señalan que irá encaminado a un objetivo clave: evitar que la Generalitat desarrolle un sistema para realizar en el futuro un referéndum digital y cree funciones propias de un Estado, desde una Hacienda propia a una moneda digital pasando por herramientas alternativas de comunicación y organización, como la 'app' de Tsunami Democràtic que trae de cabeza a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre el papel tiene sentido, pero, ¿cuánto hay de propaganda electoral y cuánto de realidad? ¿Puede de verdad un decreto ley tumbar una hipotética 'república digital' catalana?

El Gobierno pretende asestar un golpe legal al proyecto de 'república digital' que lleva en desarrollo desde al menos los dos últimos años. Y prepara medidas en cuatro frentes: evitar la creación de un DNI catalán virtual, asegurarse que todos los servidores usados o relacionados con la Generalitat se ubican en Europa, investigar a los proveedores tecnológicos que trabajan a su servicio y frenar el avance de la red de fibra óptica propia del Govern, que ya cubre el 84% de la población y a la que acaba de destinar 16,5 millones de euros adicionales.

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De todos los frentes, el que más teme el Estado es el avance de la llamada identidad digital catalana, un proyecto anunciado en septiembre por Quim Torra con una dotación inicial de 700.000 euros en tres años. "Es lo más delicado de todo: el intento de crear identidades digitales vinculadas con las reales con el objetivo de participar en un referéndum online. Si en uno o dos años organizan algo así y no podemos frenar ni intervenir su infraestructura, es un problema. Si montas eso en el extranjero tienes más posibilidades de conseguirlo", explica a este diario un alto cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado involucrado en las investigaciones a la 'republica digital' catalana.

El Gobierno en funciones se dispone a desbaratar este plan con el real decreto ley del próximo martes otorgando al DNI nacional "caracter exclusivo y excluyente". Es decir, cualquier otra iniciativa de crear un censo catalán y una identidad digital al margen del Estado español sería directamente ilegal. Los defensores de DNI catalán virtual, sin embargo, aseguran que serían los propios ciudadanos, y no la Generalitat, quienes crearían esta identidad en la 'nube'.

"Imagina que mediante un sistema criptográfico tú mismo introduces tus datos, nombre, dirección, edad... Y luego le das permiso a organismos públicos de la Generalitat para que completen lo que saben de ti: años cotizados a la Seguridad Social, estudios cursados... La idea es que el ciudadano controle sus propios datos, que él mismo se cree esa identidad y que la ceda a quien quiera. Es algo que ya se ha ensayado en Estonia y reconoce el Tribunal de Justicia de la UE", explica a Teknautas Jordi Murgó, especialista en ciberseguridad, uno de los 'hackers' más veteranos en toda España (creador de Lleidanet y el IRC-Hispano) y defensor de la causa independentista.

Técnicamente puedes crear una identidad digital y decir que está soportada por blockchain, pero no vale de nada. Es algo destinado a fracasar

Otros expertos en ciberseguridad consultados tachan de 'propaganda tecnológica' la estrategia de la Generalitat y, en concreto, de Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y principal impulsor de la idea de república digital, quien calificó ayer el real decreto ley de "155 digital" y "golpe de Estado digital". "Es muy sencillo: el único organismo legalmente capacitado para emitir DNI es el Ministerio de Interior. Todo lo demás es ilegal. Técnicamente puedes crear una identidad digital y decir que está soportada por blockchain, pero no vale de nada. Son proyectos destinados a fracasar. El decreto ley es también propaganda del otro bando, pero va a conseguir el efecto que busca: disuadir a muchos proveedores tecnológicos de asociarse a la idea de república digital catalana", señala Román Ramírez, especialista en ciberseguridad.

Para conseguir este efecto, el Gobierno fundamentará la nueva normativa en la Ley de Seguridad Nacional, que contempla las ciberameanzas como uno de los riesgos clave para el Estado español. Además, recogerá la obligación de que todos los servidores que den servicio a las administraciones públicas estén localizados en la UE. La jugada, según juristas y expertos en ciberseguridad, pese a ser una maniobra electoral de libro a solo nueve días de los comicios, tiene todas las de ganar.

"A nivel técnico se pueden hacer muchas cosas, pero las líneas rojas las marca el Código Penal. Cuando tú vas a un país europeo o a una empresa de alojamiento con peticiones judiciales amparadas en presuntos delitos de terrorismo o de Seguridad Nacional, todo el mundo va a colaborar", señala Carlos Sánchez-Almeida, abogado especializado en tecnología. "Hay mil formas de tener servidores imposibles de localizar y cerrar, e incluso contratar proveedores europeos que luego usan servidores virtuales en otros países fuera de la UE. Pero, al final, quien tiene que acceder a esos servicios es el ciudadano de a pie. Si le obligas a usar VPN, navegadores como Tor, instalar 'software' etc, lo vas a perder. No sirve de nada. Puedes tener una infraestructura intumbable pero nadie, o casi nadie la va a usar", explica Ramírez.

La obligación de ubicar los servidores de la Generalitat en Europa supondrá, por un lado, un golpe técnico a webs clave como defensaexili.org, una fuente fundamental de financiación para el Consell per la República presidido por Carles Puigdemont. Esta página cuenta ahora mismo con servidores ubicados en Noruega, Islas Feroe y la India. Su dominio está registrado en el paraíso fiscal de las islas San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis) a través de la compañía 1337 Services LLC, propiedad de la firma Njalla, creada por el cofundador de The Pirate Bay, Peter Sundee, cuyos servicios ya se usaron durante el referéndum del 1-O para evitar ser intervenidos por la Guardia Civil.

Por otro lado, supondrá también un golpe legal: si el Gobierno no lograse cerrar por completo páginas como las de Tsunami Democràtic o defensaexili.org, por no poder identificar a sus creadores, sí podría intentar probar la existencia de una vinculación entre miembros del Govern y estos servicios. La posible amenaza a la Seguridad Nacional que habilitará el real decreto ley hará el resto: permitirá detenciones y requisado de material informático en cualquier país europeo con la ayuda de Europol.

La nueva ley del Gobierno en funciones está pensada también para dinamitar proyectos paralelos como el intento de crear un banco digital, "al estilo de N26", tal y como describió recientemente Joan Canadell, presidente de la cadena de gasolineras Petrolis Independents, y participante activo en actos de la ANC que buscan fomentar las inscripciones al Consell per la República. También obstaculizaría la idea de crear una criptomoneda propia ya que, amparados en la Ley de Seguridad Nacional, todos estos proyectos pueden ser considerados una ciberamenaza para el Estado.

De momento, la gran baza de la 'república digital' catalana y de ideas como la 'app' de Tsunami Democràtic es que sus impulsores técnicos han logrado cubrir su rastro digital y mantener el más absoluto anonimato. "El secretismo es tal que alguien que acabe de recibir un código QR para validarse en la 'app' de Tsunami no sabrá que su hermano o hermana es en realidad uno de los que la ha programado", señala Murgó. Consciente de lo imposible de descabezar el movimiento digital identificando a sus creadores, el Gobierno busca ahora conexiones con organismos de la Generalitat para ilegalizar por esta vía. El martes, cuanto entre en vigor el decreto ley, comenzará una nueva batalla técnica y legal. Otra más.